La Corte Constitucional rechazó la reforma para condonar los intereses que debe el Estado por su deuda con el IESS.
De los dos decretos ley que el Presidente Guillermo Lasso envió a la Corte Constitucional, una reforma obtuvo un dictamen negativo y otro un dictamen favorable parcial.
La Corte Constitucional rechazó, por ir en contra del artículo 142 de la Constitución, el decreto ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas, que buscaba reducir el gasto público, enviado por el Ejecutivo a la Corte Constitucional el 5 de agosto de 2023.
Ese decreto causó polémica porque el Gobierno planteó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) renuncie al reclamo de los intereses generados por la deuda del Estado por el 40% del aporte para el pago de las pensiones jubilares.
Lo anterior habría representado USD 1.000 millones, por lo que el IESS se pronunció en contra de la propuesta e informó que el decreto ley afectaba la sostenibilidad de sus finanzas.
El decreto ley también planteaba que el Estado aporte con el 33% para el para cubrir el pago de las enfermedades catastróficas en el IESS.
Por otro lado, el decreto ley planteaba calcular el incremento del gasto de salud y en educación que dispone la Constitución, con relación al gasto efectivamente realizado un año previo, lo que -según los maestros- abría la puerta para reducir el presupuesto para ambos sectores.
Sobre ese aspecto, la Corte dijo que el decreto ley entra en tensión con el principio de no regresión de derechos a la educación. Y argumentó que contraviene, de forma manifiesta, la protección del derecho a la salud y el principio de sostenibilidad de la seguridad social.
Fenómeno de El Niño
El decreto ley para enfrentar el Fenómeno del Niño establecía medidas para proteger a industrias como la camaronera.
El Banco Central del Ecuador (BCE) proyecta que esta actividad está entre las que tendrán un peor desempeño en 2024 debido a los efectos del Fenómeno del Niño.
Una de las acciones propuestas era entregar títulos de propiedad a las camaroneras que se encuentren en la zona baja de la playa y la bahía.
Actualmente, esas zonas están bajo la figura de concesión del Estado, que es el propietario de estas áreas.
Lo anterior generó el rechazo del sector de cangrejeros quienes manifestaron que el decreto ley pone en riesgo su economía, pues, al convertirse en propiedad privada, constituiría una barrera de ingreso a las zonas de los manglares donde desarrollan su actividad.
La Corte decidió aprobar parcialmente esta reforma al considerar que ciertas disposiciones del proyecto de Decreto Ley Orgánica son contrarias a la Constitución de la República.
De hecho, las disposiciones relacionada con esta propuesta no obtuvieron el aval de la Corte Constitucional.
Otros artículos que fueron rechazados por la Corte son:
- Artículo 11, cuarto inciso, numeral 6, literales a y b; además el numeral 7, literales a, b, c, d y e; y el numeral 8.
- Artículo 12.
- Artículo 13, numerales 7, 8 y 11.
- Artículo 14, numeral 1.
- Las disposiciones reformatorias.
- Las disposiciones generales.
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