Jubilados y maestros rechazan decreto ley que busca bajar gasto público recortando el pago de intereses al IESS y ajustando el gasto en educación.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) puso reparos al decreto ley del presidente Guillermo Lasso que incluye una disposición para eliminar el pago de intereses de la deuda del Estado con la seguridad social.
La propuesta es parte del decreto ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas, enviado por el Ejecutivo a la Corte Constitucional el 5 de agosto de 2023.
La norma plantea una serie de medidas para bajar el gasto del Estado, entre ellas, la condonación de los intereses acumulados por el no pago del aporte del Estado para pensiones de jubilación del IESS.
Para el IESS implicaría perder el derecho de cobro de USD 1.042 millones en intereses por la deuda que mantiene el Estado por el 40% para el pago de pensiones de los jubilados a partir de enero de 2012.
Aporte del Estado para enfermedades catastróficas
El decreto ley plantea, además, que el Estado aporte con 33% del gasto para la atención de enfermedades catastróficas de afiliados y jubilados del IESS.
El resto del gasto que implica las enfermedades catastróficas en el IESS tendría que ser financiado por afiliados y empleadores.
Solo en 2023 el IESS presupuestó USD 454 millones para estas atenciones.
En total, la Corte Constitucional recibió 13 oficios con observaciones y opiniones sobre el decreto ley de distintos sectores; entre ellos, jubilados y maestros.
El organismo escuchará a estos gremios y a representantes del Gobierno en una audiencia pública que se realizará el 26 de septiembre de 2023.
IESS: Decisión no es técnica
Pero el IESS dice que estas propuestas no cuentan con estudios actuariales, como dispuso la misma Corte Constitucional, mediante sentencia No. 83-16-IN y que ordenó:
“Una reforma sobre los mecanismos de financiamiento de las prestaciones del sistema de seguridad social es un aspecto que necesariamente debe estar basado en datos técnicos
amparados en estudios actuariales, específicos, rigurosos y actualizados”.
La observación consta en un oficio remitido por el director del IESS, Diego Salgado, a la Corte Constitucional, organismo que debe dar su aval al decreto ley.
Además, Salgado advierte que las disposiciones sobre el IESS contienen una afectación al principio de sostenibilidad, pues esos rubros que se recaudan sirven para el financiamiento de los diferentes seguros especializados, como:
- Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte.
- Riesgos del Trabajo.
- Salud.
- Seguro Campesino.
Y añadió que la propuesta se contrapone con la autonomía de la que goza el IESS otorgada por la Constitución de la República.
Jubilados se oponen
El oficio del IESS no es el único que recibió la Corte Constitucional en contra del decreto ley.
Para el Frente Único Nacional de Defensa del Seguro Social, las propuestas de reforma al instituto vulneran los derechos de afiliados, jubilados y de quienes sufren de enfermedades catastróficas.
Un cuestionamiento de este gremio es que el Decreto Ley no justifica la denominación de económico urgente.
Además, argumenta que la Constitución de la República manda, en su artículo 372, que los fondos del IESS son distintos al del Estado y que ninguna institución pública podrá intervenir o disponer de sus recursos y reservas ni menoscabar su patrimonio.
Otra crítica es que el decreto ley contradice el artículo 100 de la Ley de Seguridad Social que prohíbe la exoneración de intereses y multas.
Y concluyen que la condonación de intereses que se vería obligado a hacer el IESS a favor del Gobierno Central "supone una grave vulneración a los recursos financieros de la entidad".
Las asociaciones de Jubilados de la Empresa de Agua Potable; de Jubilados del Distrito Metropolitano y sus Empresas; de Jubilados de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo también presentaron observaciones contra el decreto ley a la Corte.
Para los jubilados, la propuesta de que el Estado contribuya solo con una parte de los recursos para financiar las enfermedades catastróficas está en contra del artículo 50 de la Constitución.
Esa norma ordena al Estado cubrir con el gasto de estas atenciones.
¿Qué dice Finanzas?
El Ministerio de Finanzas defendió días atrás el decreto ley.
El viceministro de Finanzas, Daniel Lemus, dijo que el valor por intereses de la deuda con el IESS por pensiones no está establecido en el Presupuesto General del Estado ni en ninguna parte.
“No es que estamos diciendo que se borre ese valor, pues ese valor no está establecido en ninguna parte ni ha sido reconocido por el Estado”, dijo Lemus.
Y añadió que el aporte estatal para el IESS es una contribución, por lo que no debería generar intereses.
“Hay que entender que el Estado hace la contribución al IESS a partir de los impuestos que cobra a sus ciudadanos. Por eso, la propuesta es cerrar el problema del pago de capital de la deuda”, explicó Lemus.
Sobre el aporte para enfermedades catastróficas, Lemus dijo que la propuesta incluida en el decreto es una salida legal para empezar a pagar. “Es el único camino que ahora tenemos”, dijo Lemus.
Además, Lemus defiende que el porcentaje de aporte del 33% para cubrir las enfermedades catastróficas es una solución “salomónica”.
“No es que el Estado va a pagar solo el 33%. Ahora no se paga nada; es decir, de 0% ahora estoy pasando a 33%”.
Preocupa gasto en salud y educación
Otras disposiciones del decreto ley preocupan a maestros.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) cree que la propuesta de decreto ley implicará una disminución en el cálculo incremental anual de las asignaciones presupuestarias en educación y salud.
El decreto ley es regresivo porque disminuye los recursos que el Estado asignará a los sectores de salud y educación.
Así, la UNE simuló los incrementos al gasto en salud y en educación en 2023 conforme a las reglas actuales y los comparó con lo propuesto por el decreto ley.
Con las reglas actuales, la asignación de educación fue de USD 4.008 millones, pero si el decreto ley hubiera estado en vigencia habría recibido menos, es decir, USD 3.005 millones. Es decir, habría un perjuicio en un año de 1.003 millones.
De igual modo, para el caso de salud, el Estado asignó para el año 2023 USD 3.639 millones; sin embargo, aplicando la norma sugerida por Lasso, este sector hubiera recibido USD 2.873 millones. Es decir, percibiría USD 766 millones menos.
Por eso, pidió la inconstitucionalidad del artículo 4 del decreto ley.
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