Jueves, 28 de marzo de 2024

"Delegar o asociarse con empresas privadas no es privatizar", dice el Gobierno

Autor:

Mónica Orozco

Actualizada:

2 Mar 2022 - 19:52

Roberto Salas, secretario de Alianzas Público Privadas, explicó el alcance de esta figura planteada en el proyecto de Ley de Atracción de Inversiones.

El ministro de Finanzas, Simón Cueva, durante una sesión en la Comisión de Desarrollo Económico, para el tratamiento del proyecto de Ley de Inversiones, el 2 de marzo de 2022.

Autor: Mónica Orozco

Actualizada:

2 Mar 2022 - 19:52

El ministro de Finanzas, Simón Cueva, durante una sesión en la Comisión de Desarrollo Económico, para el tratamiento del proyecto de Ley de Inversiones, el 2 de marzo de 2022. - Foto: Asamblea.

Roberto Salas, secretario de Alianzas Público Privadas, explicó el alcance de esta figura planteada en el proyecto de Ley de Atracción de Inversiones.

"Hablar de delegaciones de proyectos públicos al sector privado o de asociaciones público privadas no es privatización".

Así defendió este 2 de marzo de 2022 el proyecto de Ley de Atracción de Inversiones, Roberto Salas, secretario técnico de Alianzas Público Privadas del Gobierno.

El funcionario compareció a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, que inició el tratamiento del proyecto de Ley económico urgente.

Durante la sesión, el asambleísta John Vinueza, del movimiento Unión Ecuatoriana, criticó la propuesta de ley, pues dijo que "en la práctica privatiza todo", incluso infraestructura educativa.

Frente a esas críticas, Salas explicó que los contratos de Alianzas Público Privadas que permiten la participación de la empresa privada en proyectos del sector público ya existen en la normativa actual e incluso se mejoraron mediante una reforma legal de 2015.

Pese a ello, el funcionario dijo que solo cinco contratos de Alianza Público Privadas se han firmado hasta ahora y son:

  • La concesión de la terminal portuaria de Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro, a la empresa turca Yilport, por un monto de USD 750 millones, en mayo de 2016.
  • El contrato de concesión del Puerto de Aguas Profundas de Posorja a la empresa DP World, en junio de 2016.
  • Un acuerdo de concesión de la carretera Huaquillas-Río 7 (El Oro) a la constructora Consur R7H, en julio de 2016.
  • Concesión del Puerto de Manta (Manabí) a la cuestionada empresa chilena Agunsa, en diciembre de 2016.
  • El dragado de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil (Guayas) al Consorcio Canal de Guayaquil, filial de la firma belga Jan De Nul, en diciembre de 2018.

Salas argumentó que el Estado no perderá la capacidad de actuación y control en la prestación de los servicios públicos.

Reducir la tramitología

Para Salas, uno de los factores que explica los escasos resultados de las Alianzas Público Privadas en el país es una tramitología compleja, que incluye 20 pasos.

Además, según la Secretaría Técnica de Alianzas Público Privadas, la normativa actual no establece un organismo para la aprobación de los contratos bajo esta figura y tampoco hay procesos de seguimiento y evaluación de los proyectos delegados a privados.

Salas explicó que el proyecto de Ley de Atracción de Inversiones corrige estos vacíos y acorta a 14 pasos la firma de contratos de Alianzas Público Privadas.

El funcionario dijo que el proyecto de Ley enfatiza en principios como la transparencia, la rendición de cuentas, la calidad en la construcción de los proyectos y la competencia.

Según Salas, otro elemento importante es que con este modelo el Estado puede transferir los riesgos al sector privado.

Aumentar inversiones

Julio José Prado, ministro de la Producción, también compareció a la Comisión de Desarrollo Económico.

El funcionario dijo que otra estrategia del proyecto de Ley para captar inversiones privadas es la creación de zonas francas.

La figura de zonas francas estuvo vigente hasta 2010 y luego fueron reemplazadas por las Zonas Especiales de Desarrollo (Zedes), que solo pueden ser creadas por el Estado.

El proyecto de Ley plantea renovar esta figura para que no sea solo el Estado quien promueva su creación, sino la empresa privada.

Con estos mecanismos, Prado cree que Ecuador podría triplicar la actual inversión extranjera directa que recibe.

En 2020, el país captó USD 1.152 millones en inversión extranjera directa, que lo ubica solo por encima de países como Bolivia, Uruguay o Paraguay, dijo Prado.