Estas son las 10 propuestas de la Ley de Atracción de Inversiones

Las zonas francas son áreas geográficas que ofrecen beneficios tributarios al inversionista.

Ahora, el Estado crea las zonas francas y define las actividades económicas susceptibles a sus beneficios.

La reforma plantea que esas zonas surjan también por iniciativa privada y que el inversionista elija la actividad económica donde quiere invertir.

Las zonas francas tendrán cuatro beneficios tributarios:

• Exoneración del Impuesto a la Renta por diez años y, luego de ese período, una reducción de 10 puntos porcentuales en el pago de este tributo.
• La exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).
• Tarifa cero de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
• Reducción de tributos al comercio exterior, como aranceles.  

La delegación de proyectos de inversión del Gobierno Central bajo el mecanismo de Alianzas Público Privadas sería obligatoria para obras en cinco áreas:

• Transporte, vialidad puertos y aeropuertos
• Infraestructura hospitalaria
• Vivienda
• Deportes y Cultura
• Infraestructura educativa

En el caso de los gobiernos seccionales, la delegación de proyectos públicos de inversión al sector privado mediante Alianzas Público Privadas será opcional.

La iniciativa legal plantea que la delegación de proyectos de los sectores estratégicos del Estado a la empresa privada sea excepcional.

Para ello, se realizarán concursos públicos, de acuerdo con las leyes específicas que regulan las actividades estratégicas de hidrocarburos, de minería, de telecomunicaciones y de energía.

La iniciativa legal propone los siguientes mecanismos escalonados de resolución de disputas para los inversionistas:

• Negociación directa entre las partes
• Mediación ante un centro de mediación registrado
• Arbitraje

Para contratos que superen los USD 15 millones en inversiones, el Estado pactará arbitraje internacional.

Si la inversión es menor a ese monto de recursos, el arbitraje será local.

La propuesta del Gobierno es trasladar la competencia del control del mercado de seguros de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros hacia la Superintendencia de Bancos.

Según el Gobierno, el objetivo es que la Superintendencia de Compañías pueda ejercer un mejor control en el sector de valores.

El proyecto de Ley plantea que ningún accionista de una bolsa de valores podrá tener más del 8% del total de participación accionarial.

Ahora, los accionistas pueden tener hasta el 30% acciones en las bolsas de valores.

El proyecto de Ley establece que la emisión, la inversión y la desinversión de títulos, como bonos, que realicen las empresas y organismos del sector público deberán realizarse mediante subasta pública.

Esas operaciones se efectuarán a través de las bolsas de valores o de cualquier plataforma transaccional autorizada por la Junta de Política y Regulación Financiera.

Si se aprueba la reforma, las calificadoras de riesgo no podrán dar su opinión sobre riesgos específicos de las administradoras de fondos, de las casas de valores y de las bolsas.

También el proyecto de Ley plantea la creación de alianzas público-privadas entre el Banco Central y actores privados para desarrollar un sistema para la compensación, liquidación y custodia de los títulos del mercado de valores que cumpla prácticas internacionales.

Ahora, estas funciones son competencia del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) y del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central (DCV).

El proyecto de Ley dispone la digitalización de los servicios públicos registrales, es decir, registros de la propiedad, registros mercantiles y notarias.

“Las personas podrán hacer escrituras y transacciones comerciales de forma digital“, afirmó la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino.