En entrevista con PRIMICIAS el viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, anuncia la creación de una franja especial de control de 193 hectáreas, que bordeará la zona de exclusión de Zaruma.
Nada ha frenado la minería ilegal que amenaza con destruir a Zaruma, patrimonio histórico de Ecuador, ni la zona de exclusión minera de 70,5 hectáreas que se creó en 1993.
Tampoco la nueva zona de exclusión de 105 hectáreas que, en 2017, se amplió y, actualmente, cubre 177 hectáreas.
El viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, admite que las medidas tomadas hasta ahora han sido puntuales, aunque no integrales.
Xavier Vera Grunauer, viceministro de Minas. Foto: Ministerio de Energía
¿Qué resultados dejan las inspecciones realizadas por su viceministerio a la zona de Zaruma?
El socavón registrado en diciembre de 2021 no es aislado, sino que está relacionado con varios hundimientos en la calle Gonzalo Pizarro ocurridos en junio de 2021 y en la Unidad Educativa la Inmaculada, en diciembre de 2016 y en enero de 2017.
En el subsuelo de Zaruma hay presencia importante de galerías y de cavernas en la zona entre la calle Pizarro y el Coliseo, que van paralelas con las vetas de oro llamadas Tres Reyes.
Esa información se levantó con equipos topográficos y escáneres en 2019 y hoy estamos actualizando esa data.
El problema principal en este momento es que desde el borde de las viviendas y hasta los 80 metros de profundidad no tenemos información, hay que levantarla.
La extracción ilícita de minerales la hacen personas denominadas ‘sableros’, que están bajo el paraguas de un grupo delincuencial bien organizado.
También estamos investigando que, por las bocaminas, posiblemente hay ingreso de personas desde concesiones mineras cercanas al perímetro de exclusión de Zaruma.
Además, en allanamientos a siete viviendas se hallaron bocaminas cerca del socavón de la calle Colón. Entonces, estamos hablando de un problema complejo.
¿Por qué no se ha podido obtener información a 80 metros de profundidad?
Ha sido difícil por la calidad de la roca, que está muy alterada; y, además, cuando se hicieron las investigaciones en 2019 los técnicos tuvieron que salir de la zona porque los ‘sableros’ hicieron estallar tacos de dinamita.
Ahora estamos realizando la actualización de la información y trabajando en varias aristas frente al problema.
¿Cuáles?
Vamos a colocar un tapón de hormigón para contener el material que ya colapsó, para dar estabilidad al suelo y que no se generen nuevos socavones. Estos trabajos tardarán unos 60 días.
En el hueco, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército colocará una estructura, con vigas formadas con tubos de acero donados por Petroecuador. La estructura está en construcción y tardará un par de meses en estar lista.
Pero todo el trabajo completo desde la calle Gonzalo Pizarro hasta el Coliseo tomará, al menos, un año.
En el caso de la Merced de Buenos Aires había mafias colombianas y de El Oro atrás del negocio ilegal, ¿es posible hablar de un traslado de esos grupos al sur del país?
Ciertamente, hay gente que está siendo explotada para que entre a las minas por parte de grupos con mucho dinero y altamente armados, que están financiando la operación.
Hemos detectado qué grupos delincuenciales son, pero estamos en proceso de investigación y la información es confidencial todavía.
La forma de operación de estos grupos incluye toda una estructura: desde la explotación de personas, la seguridad armada, la comida hasta comercialización y la distribución de material minero.
¿Dónde se procesa ese material ilegal?
Hay plantas de beneficio en la provincia de El Oro, que procesan ese material. Algunas tienen licencia y documentos al día, pero hacen tratamiento de materiales de procedencia irregular.
¿Cuánto mueve el mercado de la minería ilegal?
Hay un mercado negro, paralelo que al año representa entre USD 800 millones y USD 1.000 millones y que se va por las fronteras de Perú y Colombia.
La minería ilegal representa al año unos USD 800 millones a USD 1.000 millones.
Recordemos que en 2014 se exportaron USD 1.000 millones de barras doré de oro, aunque aún no arrancaban los proyectos de gran minería.
Tras una investigación, se detectó que esas barras eran de procedencia ilícita y, al siguiente año, las exportaciones bajaron a USD 200 millones.
Pero no es que se dejó de explotar de forma ilegal, sino que ahora el material se saca por las fronteras terrestres.
¿De qué ha servido la zona de exclusión minera en Zaruma?
Es un problema profundo y la solución no pasa por agrandar la zona de exclusión porque igual entrarían los ‘sableros’.
De lo que se trata es de tener un control más exhaustivo. De hecho, el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, emitió el Acuerdo 006 el 9 de enero de 2022 para crear una zona de control especial en Zaruma.
Esa zona tiene una extensión de 193 hectáreas. Esto nace de un estudio del Instituto de Investigaciones Geológicas y Energéticas que definió parámetros técnicos para ver qué tipo de minería se puede hacer.
La Agencia de Regulación y Control de la Energía (ARC) tiene una semana para aplicar el reglamento.
¿En dónde se localiza esa zona especial de control?
Es una especie de zona de amortiguamiento, un perímetro que va bordeando la zona de exclusión actual, que es de 177 hectáreas.
¿Qué les hace pensar que el control será efectivo, considerando que la zona de exclusión no ha funcionado?
El Ministerio de Trabajo autorizó a la ARC a incorporar a unas 90 personas y eso va a fortalecer la estructura de control minero.
La ARC sí ha realizado controles, pero no es solo un trabajo de esa agencia, sino de la Fiscalía. Ahora estamos tratando de articular mejor las tareas entre todas las entidades.
¿Hay salida para el problema de Zaruma?
El meollo es que se han dado soluciones aisladas. Ahora estamos dando una solución integral. Pero el problema requiere de que todos hagan su parte: desde el gobierno, los gobiernos locales, las entidades de control, la justicia y la misma ciudadanía.
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