Los atrasos en los pagos del Gobierno podrían subir hasta USD 2.500 millones en 2020, en caso de que no se concreten las operaciones financiera y comercial con China.
Es poco probable que las negociaciones para acceder a dos créditos con la banca estatal de China por un total de USD 2.400 millones se concreten en este año, como inicialmente lo planeaba el Gobierno.
Se termina el tiempo, pero las dos operaciones con China, una financiera y la otra comercial, podrían concretarse en 2021.
Se trata de dos líneas de crédito vinculadas a la venta por parte de Ecuador de unos 154 millones de barriles de petróleo crudo a empresas de China, en contratos de largo plazo.
El problema es que si las negociaciones se enredan ahora, los atrasos en las cuentas por pagar del Gobierno podrían subir a USD 2.500 millones al final del año por la falta de dinero.
Desde mayo, el Ministerio de Finanzas negocia la venta de los 154 millones de barriles de petróleo a China, en una operación paralela para conseguir dos líneas de financiamiento:
- Una con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por USD 1.400 millones, a cambio de la venta, por parte de la petrolera estatal Petroecuador, de 70 millones de barriles de petróleo, con entregas programadas hasta 2025.
- La segunda línea de crédito con el Banco de Desarrollo de China (CDB), por USD 1.000 millones, vinculada la una venta de 84 millones de barriles de petróleo, con entregas previstas hasta 2028.
Todo se reduce a que Ecuador no puede garantizar que dispone del petróleo suficiente para cubrir las nuevas operaciones con China.
El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, informó días atrás que Ecuador buscará, en una suerte de plan B, otras alternativas de financiamiento para reemplazar los USD 2.400 millones de China.
China produce resistencia
El secretario Ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, asegura que no era necesario ni conveniente tomar el dinero chino.
“Eran préstamos caros que sometían al país a la colonización de China. Además, no eran convenientes porque Ecuador no tiene suficiente petróleo para comprometerlo” en esas operaciones, dice Carrera.
El exministro de Finanzas y ex asesor económico del Gobierno, Fausto Ortiz, coincide con Carrera al señalar que los préstamos con China son perjudiciales para los intereses del país.
“De no concretarse las operaciones crediticias estaríamos, poco a poco, dejando de depender económicamente de China“, agrega Ortiz.
La deuda bilateral con China a octubre de 2020 ascendía a USD 5.287 millones o el 12,48% de la deuda externa ecuatoriana, según el último Boletín de Deuda del Ministerio de Finanzas.
El dinero de los dos bancos chinos era parte de un paquete de recursos de USD 5.757 millones que Ecuador tenía previsto que ingresaran al país entre octubre y diciembre de 2020.
Dinero necesario para cerrar el año sin mayores atrasos en el pago a los proveedores del Estado y otras obligaciones del sector público.
Sin el dinero de China, el ingreso de recursos desde el exterior hasta el cierre del año se reduciría a menos de la mitad: USD 2.664 millones, así:
- USD 2.000 millones, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsaría en diciembre, condicionados al trámite en la Asamblea de la Ley Anticorrupción.
- USD 514,1 millones del Banco Mundial, un crédito ya aprobado y que está por llegar.
- USD 150 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Lo que cuenta es el FMI
Augusto de la Torre, exdirector para América Latina del Banco Mundial y miembro del Consejo Asesor Económico del Gobierno, dice que lo más importante en realidad es que el FMI desembolse los USD 2.000 millones en diciembre.
Este dinero es parte de un programa de crédito por USD 6.500 millones aprobado por el FMI para Ecuador, de los cuales ya fueron desembolsados USD 2.000 millones.
“En caso de que no llegue el desembolso del FMI la situación económica se complicaría enormemente y ocasionaría que los atrasos se incrementen. Por eso es clave que la Asamblea apruebe la Ley Anticorrupción”, explica De la Torre.
Carrera dijo que es casi seguro que los recursos del FMI lleguen porque “el organismo multilateral ha sido muy flexible con el país por la magnitud de la crisis y porque la Asamblea ya se comprometió a aprobar la Ley Anticorrupción”.
Carrera advirtió, sin embargo, que los atrasos del Gobierno con los acreedores ascenderían a USD 2.500 millones hasta finales de año.
Sobre todo en lo que respecta a los pagos pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con los gobiernos seccionales, con los proveedores del Estado y por concepto de obras públicas.
Según el Ministerio de Finanzas, entre enero y el 25 de noviembre, los atrasos ascendían a USD 1.481 millones. De ese total, el 34,6% o unos USD 513 millones son atrasos en financiamiento de obra pública y gasto de inversión.
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