El objetivo de Finanzas: bajar el déficit y reducir costo de deuda pública

La programación presupuestaria cuatrianual 2021-2025 contempla un cronograma para reducir, de manera paulatina, la deuda pública. Hasta junio de 2021, la deuda pública alcanzaba los USD 62.859 millones, o el equivalente al 61% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para evitar que siga creciendo, Ecuador adoptó una serie de reformas para reducirla de manera paulatina hasta que llegue al equivalente del 40% del Producto Interno Bruto (PIB).

La Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas establece un cronograma para reducir la deuda hasta 2032, cuando debe representar no más del 40% del PIB.

En la programación cuatrianual, el Ministerio de Finanzas plantea tres escenarios respecto a la evolución de la deuda hasta 2025:

Escenario programado: La deuda pública como porcentaje del PIB pasaría del 63,93% al 55,11% entre 2020 y 2025, es decir, una disminución de 8,82 puntos porcentuales en el mediano plazo.

Finanzas considera que la reducción de la deuda obedecería a un crecimiento económico promedio anual entre 2021 a 2025, que sería de 2,66% del PIB y a los resultados primarios tendientes a un superávit fiscal.

Escenario de estrés: En caso de que el país tenga un menor crecimiento, una baja inflación y una presión al alza de las tasas de interés, la deuda pública representaría cerca del 61,78% del PIB para 2025.

Escenario optimista: La deuda pública podría caer hasta llegar a 48,29% del PIB en 2025. Eso significaría 15,64 puntos porcentuales menos entre 2020 y 2025.

Para el manejo de la deuda, el Ministerio de Finanzas busca cumplir con el escenario programado y recomienda tres acciones:

• Controlar el gasto público.
• Mejorar los ingresos del Estado.
• Reformar los procesos presupuestarios.

La reducción del pago de la deuda contempla el pago de amortizaciones por USD 24.041 millones entre 2021 y 2025.

De ese total, USD 11.219 millones son para la deuda interna y USD 11.574 millones para las amortizaciones de la deuda externa, además de USD 1.247 millones para el rubro denominado "otra deuda".

Recaudación por ISD

Por ahora, la programación presupuestaria para el periodo 2021-2025 no contempla, entre otras cosas, la reducción paulatina del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

El Presidente Guillermo Lasso prometió que el Gobierno eliminará gradualmente el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y lo hará por sectores.

De acuerdo con estadísticas oficiales, en 2021 el Estado recaudaría USD 895 millones por ISD, un 10,02% más que lo registrado el año anterior.

Pero el Gobierno lo considera un impuesto que impide la aspiración de Ecuador de atraer inversión extranjera para dinamizar sectores como el petrolero, el minero y la construcción de nueva infraestructura.

Según el director de Estudios Económicos y Estadísticos de la firma Inteligencia Empresarial, Freddy García, "el incremento (en las proyecciones, ndr) de la recaudación de este tributo puede ser por el crecimiento económico".

Petróleo a la vista

La meta del Presidente Lasso de duplicar la producción petrolera de los actuales de 491.000 barriles por día a cerca de un millón de barriles diarios sería alcanzada en cinco años, y para cumplirla hay que abrir camino a la inversión privada.

Según el Gobierno, se requiere una inversión de USD 16.000 millones, es decir, tendrá que haber capitales nacionales y extranjeros involucrados en el esfuerzo.

Pero, en el documento de la programación presupuestaria cuatrianual, la proyección de la producción fiscalizada solo sube 9,25%, al pasar de 486.000 barriles a 531.000 barriles diarios entre 2021 y 2025, empujada por una "mayor producción del Bloque 43-ITT".

Incluso, la meta que propuso el Gobierno de aumentar en un 8% la producción de crudo entre agosto y diciembre de 2021 tampoco fue considerada en la programación cuatrianual.

El documento dice que, por medio del Decreto Ejecutivo 95, con el que se disponen varias acciones para ordenar el sector petrolero, se puede aumentar la producción de crudo a través de la firma de contratos de participación.

En este sentido se estima la implementación de estos contratos a partir de 2022, "con el propósito de incrementar la producción petrolera en el largo plazo", según el documento del Ministerio de Finanzas.

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