Bruno Leone: “el país no necesita un Gobierno como el que tuvimos”

El presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, Bruno Leone, habló con PRIMICIAS sobre la situación del sector pesquero y los retos que enfrentarán este año.

Bruno Leone cuestiona la propuesta de organizaciones como el Movimiento Animalista Nacional o Pacific Whale Foundation de aumentar la zona protegida de Galápagos de 40 a 80 millas, para salvaguardar la biodiversidad marina.

El presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, cargo que asumió en 2015, sostiene que expandir la reserva marina significaría perder entre 25 y 30% de las capturas de los barcos ecuatorianos.

En una entrevista con PRIMICIAS, Leone insiste en la necesidad de potenciar la industria a través de certificaciones internacionales, que permitirán a las empresas ecuatorianas expandirse en el mercado mundial.

¿Qué espera el sector pesquero del nuevo Gobierno?

Para poder trabajar en el sector pesquero se necesitan inversiones muy fuertes. Ecuador tiene una flota de 115 barcos atuneros, lo que le da su calidad de potencia pesquera.

Pero son barcos que tienen más de 40 años de existencia y necesitamos renovar la flota. Un barco, que podría reemplazar a dos pequeños, cuesta 30 millones de euros.

Entonces necesitamos un horizonte de largo plazo, no podemos trabajar en un ambiente donde se cambian las reglas del juego todo el tiempo.

Donde hay una hostilidad hacia la inversión, donde el hecho de tener una moneda dura exige cumplir estándares internacionales para poder competir.

Todas esas cosas, con un Gobierno como el que tuvimos (Socialismo del Siglo XXI), no van en la línea de lo que el país necesita.

Ecuador y Costa Rica acaban de firmar un memorando de entendimiento sobre cooperación pesquera y acuícola para garantizar la conservación sostenible de recursos pesqueros. ¿Cómo avanza el país en este tema?

Ecuador es un pequeño gran país pesquero. Estamos entre los 25 países pesqueros más potentes del mundo, de acuerdo a la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Eso nos obliga a adoptar una posición de liderazgo. Tenemos dos grandes pesquerías: la oceánica o del atún y la pequeña o de pelágicos pequeños.

El atún es el pez sin patria, es decir, que no es endémico de ningún país, sino que migra alrededor del mundo asociado a las temperaturas y a las corrientes marinas.

En la Comisión Interamericana del Atún, donde hay 26 países miembros, se sientan a discutir, en función de la evidencia científica, qué medidas hay que tomar para que el stock de peces siempre esté saludable y sea sostenible.

Somos parte de esta comisión desde hace 40 años. Ahora hemos dado un paso adelante en el sentido de que no solamente cumplimos con las normativas de la comisión, sino que hemos buscado una certificación internacional.

¿Se refiere a la Marine Stewardship Council (MSC) en conservación de atún a través de un proyecto de mejoramiento pesquero?

Correcto. El consumo y la demanda crecen, según la FAO, a un ritmo de 3,1% por año, cuando la población solo crece un 1,6% anual, lo que quiere decir que la gente está comiendo ahora el doble del volumen de productos del mar.

El mercado nos dice ‘yo le compro’, pero el producto tiene que venir de una fuente sostenible y estar certificado por una ONG debidamente acreditada. En el atún, estamos trabajando hace más de tres años para obtener la MSC.

¿Son cinco empresas ecuatorianas -Nirsa Real, Eurofish, Trimarine, Pesquera Yadran y Servigroup- las que buscan esa certificación?

Sí, entre esas está la nuestra, que agrupa a 43 embarcaciones, pero deseamos que una vez que alcancemos la certificación, abramos la posibilidad para que todas las flotas de Ecuador lo puedan hacer.

En la pesquería de pelágico pequeño también iniciamos un proceso de mejoramiento pesquero, tenemos dos años trabajando entre todas las empresas que hacen pesquería pequeña y las fábricas de alimentos balanceados.

Vamos muy bien, a pesar de que es un proceso muy complejo porque Ecuador, por su posición geográfica, es un país biodiverso, entonces hay que certificar varias especies.

Las exigencias de sostenibilidad se desprenden de la declaración Brundtland, en Noruega.

La declaración Brundtland define lo que es sostenible, entonces, a raíz de eso, el mundo viene trabajando en la reglamentación y legislación para que los mercados tomen como fuerza de ley las diferentes normativas internacionales.

Debería ser suficiente que la certificación de un país que abandera sus barcos sirva para que los mercados digan que ese pescado es sostenible.

Pero aparte del Gobierno, los mercados quieren una certificación privada que garantice que, efectivamente, ese producto viene de una fuente sostenible.

¿Cuáles son los pasos para esa certificación?

Hay tres principios: la gobernanza regional, en este caso, qué tipo de normativas regionales hay para ordenar la pesca, el crecimiento de la flota, la vedas, los observadores, revisión de trasbordo en alta mar, revisión de descarte, etcétera.

El segundo se refiere a las buenas prácticas pesqueras, el código de conducta responsable, los tratados biodegradables y la interacción del hombre con el mar.

Y el tercer principio es la gobernanza interna de cada país. Ecuador debe tomar medidas robustas que garanticen el cumplimiento de lo que el mundo demanda.

¿Ecuador cumple con esos tres principios?

En el caso del atún, en el principio uno vamos bien, salvo por un informe de la Comisión del Atún sobre la situación de una especie sostenible. Estamos por ponernos en verde en eso.

En los principios dos y tres, en verde. Por eso decimos que estamos a punto de obtener la certificación, lo que sería un hito importante para el país.

¿La presencia de los barcos chinos pescando en el límite de la zona protegida de Galápagos complica el panorama regulatorio?

Cuando la ONU lanza esta gran ley de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), se crea el concepto de los Organismos Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP).

Cualquier país del mundo que quiera faenar en el mar con sus embarcaciones tiene que pertenecer a uno de ellos. En el caso de los barcos chinos, estos están enlistados en el OROP del Pacífico Sur.

Hace dos semanas terminó la reunión del OROP, en la que Ecuador planteó sus preocupaciones en relación con las regulaciones que deben de tener estos barcos.

Los barcos chinos no han cometido ninguna ilegalidad, porque están en aguas internacionales. Estuvieron cerquita de la zona económica exclusiva, pero no ingresaron nunca, porque la Marina de Ecuador estuvo presente.

Ellos vienen por el calamar gigante y esa especie no se pesca con red de arrastre, sino con un anzuelo de profundidad. Pero no nos parece bien que esa cantidad de 300 o 400 barcos pesquen al mismo tiempo en un área pequeña.

Ahí sí va a tener un impacto en el ecosistema. Entonces dijimos que debe haber medidas de ordenamiento y propusimos que les prohíban el trasbordo en altamar y que se les ponga observadores a bordo, pero eso no fue aprobado.

En 2019, Europa le sacó tarjeta amarilla a Ecuador y le solicitó intensificar su lucha contra la pesca ilegal o prohibiría las importaciones de productos pesqueros ecuatorianos. ¿Qué se hizo al respecto?

Nos citaron 26 puntos, pero el más importante era reformar la Ley de Pesca, que databa de 1974, donde el proceso sancionatorio se dé según la demanda mundial.

Las multas previstas por la ley de 1974 eran en sucres, entonces no provocaban ningún efecto disuasivo y la gente no acataba las normas.

Trabajamos en una nueva ley que tiene un proceso sancionatorio muy severo, con sanciones tipificadas entre leves, graves y muy graves.

Una multa por una sanción muy grave, como salir a pescar sin permiso, puede ir desde los 1.500 salarios básicos (USD 600.000) y la reincidencia puede acarrear una multa de hasta USD 3 millones.

“Meterse a pescar a la reserva de Galápagos es muy grave. Nosotros estamos en la flota del sur y hemos sacado permiso para pescar en las aguas de Perú”.

Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquería.

La segunda preocupación de Europa es que, como Ecuador es un gran país productor y su flota se provee de más o menos la mitad de la pesca que necesita, tenemos que importar la otra mitad para atender la demanda.

Europa dice que esa otra mitad tiene que ser pesca legal. Ahí se crea la ley de que la pesca importada tiene que cumplir las mismas exigencias que el armador ecuatoriano.

¿Se trata de 250.000 toneladas las que importa Ecuador?

Más o menos está en ese orden. La otra cosa que manda la ley es que los controles de trazabilidad de los productos que van a venir al país y que se van a procesar, para luego ser exportados, tienen que ser controlados con la mejor tecnología disponible.

Entonces estamos introduciendo el concepto de la plataforma de blockchain, para subir allí los procesos y que queden encriptados en tiempo real.

Y esta plataforma la va a administrar el Gobierno ecuatoriano.

A raíz de la reacción europea se creó un comité de crisis gubernamental para vigilar estos procesos. ¿Cuáles son los resultados?

La forma de enfrentar esta acción de Europa fue organizarnos en un comité de crisis, donde, tanto el sector público como el privado, tuvieron la oportunidad de discutir los temas.

Llevamos 18 reuniones y hemos avanzado. Inclusive hubo que ponerse muy duros con el Ministerio de Finanzas, que no quería asignar recursos, pero hemos hecho un gran trabajo.

Un tema pendiente es el pedido de Galápagos de aumentar la zona protegida en 435.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es su postura?

Cuando vinieron los barcos chinos, a alguien se le ocurrió que la mejor manera de defenderse era aumentando la reserva de 40 millas a 80.

Eso no resuelve nada, porque esas 80 millas van a quedar dentro de las 200 de zona económica exclusiva y los chinos están afuera.

“Luego de varias reuniones, ellos se lanzaron a hacer una propuesta donde pretenden, y no lo vamos a aceptar, llegar a un área de 435 mil kilómetros cuadrados”.

Bruno Leone, presidente de Cámara de Pesquería.

Con esto, en esa área de pesca, que es exclusiva de los barcos ecuatorianos, se perdería entre el 25 y 30% de las capturas de Ecuador. Ese daño económico no se lo puede aceptar, porque el país necesita exportar.

Además, la pesquería oceánica, que es la que actúa en esa zona, es sumamente controlada por la Comisión Interamericana del Atún. Seguimos en estas discusiones, pero no vamos a ceder en esta posición.

¿Cómo controlar la pesca ilegal, que significa un negocio irregular de USD 25.000 millones anuales?

La pesca ilegal es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, después del tráfico de drogas y de armas. La FAO lo cuantifica en USD 25.000 millones por año. Por eso tenemos una nueva Ley de Pesca con sanciones muy estrictas.

Estamos levantando todos los procesos que se van a subir al sistema blockchain, donde cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, puede ingresar con su clave para ver cómo se están haciendo las cosas.

Pero también es necesario fortalecer la infraestructura de la autoridad pesquera. Tenemos proyectos como el de la bitácora electrónica, hay mucho trabajo por hacer, pero son tiempos difíciles y a veces no hay recursos.

¿Cómo ha afectado a la industria pesquera el aumento del precio del diésel?

Nos ha subido el precio del diésel cerca de un 50%, pero desde mayo de 2020, cuando salió el decreto que crea las bandas de precios que varían 5% por mes, ya se ha incrementado en un 41% el costo del combustible.

No podemos trasladarle a nadie ese costo, dentro de un Ecuador que se ha vuelto caro para operar por la cantidad de regulaciones, el apoyo que recibíamos por parte del Estado lo hemos perdido.

Hemos enviado una carta a los ministros de Producción, Iván Ontaneda; de Finanzas, Mauricio Pozo; y de Energía, René Ortiz, para que presten atención a esto, porque nos van a causar un daño terrible.

“El consumo de la flota pesquera está por los 40 millones de galones al año. En este momento, el subsidio es de apenas USD 0,35, es decir USD 14 millones, para apoyar a una industria que exporta USD 1.640 millones”.

Esta es una industria que le da trabajo a 200 mil personas, que paga impuestos y que contribuye con USD 36 millones a la Seguridad Social.