Una de las empresas que debía cerrar es Tame, pero tiene un patrimonio negativo de USD 398 millones, según la Coordinadora de Empresas Públicas.
Seis de las ocho empresas públicas del Ejecutivo, que tenían que liquidarse hasta octubre de 2022, todavía no lo han hecho. Lo confirma en entrevista con PRIMICIAS el presidente del directorio de la Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Joaquín Ponce.
Ponce dice que las empresas en liquidación Correos de Ecuador, Ferrocarriles, Medios Públicos, la fábrica de uniformes Fabrec, la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) y la aerolínea Tame han tenido problemas con la venta de activos, lo que ha impedido su cierre concluya en la fecha prevista.
De ahí que el 13 de junio de 2023, el Gobierno extendió dos años más el plazo para que, finalmente, se cierren estas seis empresas, que entraron en liquidación en mayo de 2020.
Ponce explica que se trata de un plazo "genérico", pues la meta es que los liquidadores culminen los procesos entre julio de 2023 y diciembre de 2024.
Un caso excepcional es la aerolínea Tame, cuya liquidación tomará más tiempo. Este es "un asunto de largo plazo, porque tiene pasivos enormes".
Joaquín Ponce, presidente del directorio de la Coordinadora de Empresas Públicas. Twitter EMCO.
¿Por qué extienden el plazo para liquidar estas empresas que tenían que cerrar en octubre de 2022?
Cuando comencé mi administración, en diciembre de 2022, había solo dos empresas cuyos trámites para el cierre eran más sencillos. Y logramos que se liquiden: Ecuador Estratégico y los Centros de Alto Rendimiento (Cear).
Luego comenzó un análisis profundo para ver el estado de las otras seis empresas. Y vimos que las reglas para las liquidaciones, que se establecieron en mayo de 2020, tenían falencias estructurales.
Las reglas para las liquidaciones, que se establecieron en mayo de 2020, tenían falencias estructurales.
Cuando se decretó por primera vez la liquidación en 2020, se les puso un plazo de 60 o 90 días, pero no era tan sencillo: Los procesos son muy complejos y en cada caso había problemas particulares.
Por eso era necesario expedir un decreto para destrabar las liquidaciones.
En el decreto 778, del 13 de junio de 2023, no solo ampliamos plazos, también mejoramos los procedimientos para que la liquidación se concrete.
Pero han pasado tres años. ¿Qué problemas trababan las liquidaciones?
Uno de los problemas era que en la norma anterior se establecía que el Ministerio, que se haría cargo de los bienes de la empresa en liquidación, tenía que continuar tratando de vender esos activos y no podía usarlos.
Por ejemplo, el Ministerio de Transporte recibía un tractor de Ecuador Estratégico y no podía usarlo, porque estaba marcado para ir a remate.
Eso se cambió y ya no es obligatorio que el Ministerio venda los bienes, sino que puede usarlos o disponer su traspaso a otra entidad que pueda gestionarlo.
Ya no es obligatorio que el Ministerio venda los bienes, puede usarlos o disponer su traspaso.
Otro problema es que había una duda jurídica. No estaba claro cuándo se terminaba efectivamente el proceso de liquidación.
Cuando llegamos nos topamos con empresas que eran fáciles de cerrar, pero eso no se concretaba. El problema era que, aunque se había firmado el traspaso de activos y pasivos, el liquidador no cerraba la empresa porque faltaba trámites como cerrar el RUC.
Esperando eso pasaban meses. ¿Sabe cuál es el sueldo de un liquidador? USD 3.800 al mes. Era una gran irresponsabilidad.
El nuevo decreto deja claro que el proceso de liquidación se acaba con el traspaso de activos y pasivos. Con eso se desvincula al liquidador.
¿Cuáles son las empresas que podrían cerrar más rápido y cuáles tienen más dificultades?
Ya tenemos un cronograma para ir cerrando las empresas que tienen menos asuntos pendientes, durante lo que le queda de gestión a este Gobierno.
Primero cerraría Correos del Ecuador, hasta julio; luego Ferrocarriles del Ecuador, hasta agosto, y Medios Públicos, en septiembre u octubre.
Luego esperamos que cierre Fabrec, esto tomaría entre seis y ocho meses. La UNA cerraría hasta 2024.
Solo con Tame no me atrevo a dar una fecha. Es un asunto a largo plazo, porque los pasivos son enormes y los activos son de difícil uso y son ilíquidos.
Tame es un asunto a largo plazo, porque los pasivos son enormes y los activos son de difícil uso y son ilíquidos.
¿Cuáles son los principales problemas con Tame?
Con Tame uno de los grandes desafíos es la deuda de casi USD 200 millones por combustibles con Petroecuador y los activos especializados que, con el paso del tiempo, se van haciendo más difíciles de vender.
Además, hay una coactiva de la Dirección de Aviación Civil que surgió durante la liquidación.
En total, Tame tiene un patrimonio negativo de USD 393 millones. Eso significa que al Estado le va a acostar casi USD 400 millones cerrar Tame.
Al Estado le va a acostar casi USD 400 millones cerrar Tame.
¿La desaparición de los 55.000 quintales de arroz frena la liquidación de UNA?
Se necesita que el liquidador haga la constatación de que no existen ese volumen de arroz, debe poner eso en el informe final que presente al Directorio de la UNA antes de firmar el traspaso de activos y pasivos.
El nuevo decreto aclara que se puede suscribir una escritura donde conste que el Ministerio de Agricultura recibirá un informe de bienes con un faltante (de arroz, ndr), porque hay un faltante, esa es la verdad, no hay esos activos.
Ese es un problema común en los procesos de liquidación, la constatación de bienes no responde a lo que dice la contabilidad. Los liquidadores tienen activos asentados en libros, pero en la vida real es chatarra o no existe el bien.
Los liquidadores tienen activos asentados en libros, pero en la vida real es chatarra o no existe el bien.
¿Qué pasará con ese arroz que se ha perdido?
El liquidador por ahora tiene que responder sobre los bienes a su cargo. Y, cuando se transfieran los bienes, el responsable será el Ministerio de Agricultura, pero al día de hoy el custodio es el liquidador.
El liquidador puede poner en su informe que hizo todas las gestiones (para recuperar el arroz, ndr). Luego el Ministerio puede seguir haciendo las gestiones necesarias para que aparezca el producto.
¿Se les siguió pagando sueldos a los liquidadores aunque no cumplieron los plazos previstos?
Aunque los plazos vencieron entre julio y octubre, la anterior administración les pagó hasta diciembre de 2022.
Pero cuando llegó mi equipo, luego de diciembre de 2022 se paró el pago a los liquidadores.
Primero, porque ya no nos otorgaban presupuesto, porque ya estaba vencido el plazo; y, segundo, los mismos liquidadores sabían que habían incumplido el plazo.
Por eso, en el nuevo decreto establecimos que los liquidadores tienen que acabar el proceso de liquidación, y al certificar que el proceso ha terminado, se puede pagar las remuneraciones del tiempo que no se les ha pagado.
Los liquidadores tienen que acabar el proceso de liquidación para que se les paguen las remuneraciones del tiempo que no se les ha pagado.
¿Pero al darles dos años más de plazo no se arriesgan a que los liquidadores sigan extendiendo los procesos?
La misión clara que tenemos como ente responsable es que esto vaya dando victorias rápidas en las entidades en las que sea posible, para enfocar el resto de tiempo en los procesos más complejos.
El decreto pone un tope genérico de 24 meses, pero no significa que todos los liquidadores se tomarán todo ese tiempo. Es el plazo prudencial, tomando en cuenta los recursos presupuestarios con los que se cuenta.
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