Siete presidentes han pasado desde que la crisis financiera del país provocó la quiebra de 28 entidades financieras. El caso Filanbanco se desempolva tras la demanda de los hermanos Isaías.
La demanda de los hermanos William y Roberto Isaías Dassum contra el Estado reaviva dolorosos recuerdos para tres generaciones que vivieron la crisis financiera en Ecuador, que arrasó con Filanbanco y otras 27 entidades bancarias a finales de los años 90.
PRIMICIAS hace un recuento de cuándo y cómo comenzó la crisis, las pugnas entre sus protagonistas y el escenario actual.
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Filanbanco y La Previsora se fusionan
Los hermanos Roberto y William Isaías (de Izq. a Der), expropietarios de Filanbanco, en una foto de archivo. Cortesía portal Isaías Dassum
El caso Filanbanco data de 1998, cuando los hermanos Isaías, sus entonces propietarios, cedieron la administración del banco al Estado ecuatoriano, que fusionó a la institución financiera con el extinto banco La Previsora.
Los hermanos Isaías adujeron problemas de liquidez, aunque dos años después, un informe de la Intendencia de Bancos del Litoral concluyó que el problema fue de solvencia.
El Banco Central del Ecuador (BCE) hizo dos préstamos a Filanbanco por USD 424 millones, en septiembre de 1998.
El cierre definitivo de las operaciones de Filanbanco se confirmó el 18 de julio de 2001, durante el gobierno de Gustavo Noboa.
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La batalla jurídica
Jamil Mahuad durante el encuentro ‘Perspectivas y visiones de América Latina’, el 20 de junio de 2019. Flickr / Casa de América
Desde ese entonces, los hermanos Isaías Dassum han liderado una batalla jurídica contra el Estado y sus distintos actores. Siete presidentes de la República han pasado por Carondelet.
La primera batalla fue con la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), creada en noviembre de 1998 para reestructurar e inyectar capital a las entidades financieras en crisis. También debía manejar un fondo de garantía de depósitos.
James McPherson Febres-Cordero fue designado como su primer gerente general.
Dos semanas después, Filanbanco pasó a manos de la AGD con un plan de reestructuración que redujo su patrimonio a USD 140 millones. Además, exigió a los accionistas entregar sus bienes para tener una garantía de USD 65 millones.
Todas estas decisiones se tomaron durante el régimen de Jamil Mahuad, en el cual se decretó un ‘feriado bancario’ y se ordenó el congelamiento de las cuentas de los depositantes.
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Los protagonistas del caso Filanbanco
Fachada de la estación de televisión TC.
Un informe de Deloitte & Touche, de 2001, aprobado por la Junta Bancaria, fijó en USD 661,5 millones las pérdidas de Filanbanco.
El Estado asumió el pago por más de USD 1.000 millones a los perjudicados.
La incautación de los bienes de los hermanos Isaías se decidió en el gobierno de Rafael Correa, cuando Fausto Ortiz era su ministro de Finanzas (2007-2008).
Ortiz renunció al cargo porque, según él, el proceso tenía algunas inconsistencias que él no aceptaba. Lo reemplazó en el Ministerio de Finanzas Wilma Salgado, quien había sido gerente de la AGD en 2003.
En su gestión en la AGD, Salgado ordenó el embargo de bienes a los deudores de los bancos quebrados durante la crisis.
El 8 de julio de 2008, Carlos Bravo, gerente general de la AGD, ordenó la incautación de 195 empresas de los hermanos Isaías, entre ellas medios de comunicación como TC Televisión, Gamavisión y radioemisoras, así como empresas de telecomunicaciones.
Un día después, la Asamblea Constituyente de Montecristi, presidida por Alberto Acosta, avaló esta disposición, con el Mandato 13.
Además de respaldar la incautación, la Constituyente determinó que esta acción no es susceptible de amparo constitucional u otra de carácter especial.
También advertía que los jueces que admitieran una acción a favor de los hermanos Isaías serían destituidos.
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La demanda en Miami
La Senain funcionó en un búnker que fue incautado por el Gobierno de Correa a William Isaías. Flickr / Sio El Ciudadano
La AGD demandó a los exdueños de Filanbanco en una corte de Miami-Dade, en abril de 2009, que buscaba “perseguir bienes de los hermanos Isaías en el Estado de Florida” como acción paralela a la incautación.
Hasta ese entonces, 17 gerentes ya habían pasado por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
En 2012, Pedro Delgado, primo del expresidente Correa, asume la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad (Ugedep), creada en reemplazo de la AGD.
La entidad calculó que el perjuicio para el Estado ascendía a USD 1.088 millones.
La Ugedep estableció que los bienes incautados a los Isaías sumaban USD 1.548 millones y que negoció USD 299,1 millones, incluidos el ingenio azucarero EQ2 y la empresa de televisión pagada TV Cable.
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La sentencia y el perdón
Fachada de la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito. PRIMICIAS
La batalla por recuperar recursos y tratar de devolverlos a los perjudicados por la quiebra de bancos como Filanbanco se libraba paralelamente a las demandas y los procesos penales.
En abril de 2012, la Justicia ecuatoriana sentenció a William y Roberto Isaías, y a seis personas más a ocho años de prisión por peculado.
Nueve años después, en mayo de 2021, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) los declaró inocentes.
El fallo continúa cerrando la puerta para que recuperen sus bienes, porque “fueron producto del cumplimiento de obligaciones de carácter civil y administrativo, independientes de la responsabilidad penal en este proceso”.
Casi un año después de su declaratoria de inocencia, los hermanos reaparecen para reclamar al Estado que les devuelva USD 2.000 millones. Su argumento es que las incautaciones llevadas a cabo por la AGD fueron “ilegales”.
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Los Isaías contra el Estado
Ricardo Noboa Bejarano, abogado de los hermanos Isaías, dijo que sus clientes están abiertos a una mediación.
La participación de Noboa en este caso fue criticada por los sectores políticos de oposición al gobierno de Guillermo Lasso.
Esto porque Lasso nominó a Noboa en agosto de 2021 como árbitro de Ecuador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
Pero el 25 de marzo de 2022, Noboa renunció a esa nominación.
La Procuraduría General del Estado coordina la estrategia de defensa del Estado ante la demanda de los Isaías.
Las entidades demandadas son: Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos y Seguros y Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.
El Estado tiene hasta el 13 de mayo de 2022 para contestar la demanda.
#Importante| Caso #Isaías: La Procuraduría defenderá los intereses del Estado ecuatoriano en coordinación con las entidades demandadas.
— Procuraduría Ecuador (@PGEcuador) March 22, 2022
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