Caso Filanbanco: dos décadas de pugnas entre los Isaías y el Estado

El caso Filanbanco data de 1998, cuando los hermanos Isaías, sus entonces propietarios, cedieron la administración del banco al Estado ecuatoriano, que fusionó a la institución financiera con el extinto banco La Previsora. Los hermanos Isaías adujeron problemas de liquidez, aunque dos años después, un informe de la Intendencia de Bancos del Litoral concluyó que el problema fue de solvencia. El Banco Central del Ecuador (BCE) hizo dos préstamos a Filanbanco por USD 424 millones, en septiembre de 1998. El cierre definitivo de las operaciones de Filanbanco se confirmó el 18 de julio de 2001, durante el gobierno de Gustavo Noboa.

Desde ese entonces, los hermanos Isaías Dassum han liderado una batalla jurídica contra el Estado y sus distintos actores. Siete presidentes de la República han pasado por Carondelet.

Un informe de Deloitte & Touche, de 2001, aprobado por la Junta Bancaria, fijó en USD 661,5 millones las pérdidas de Filanbanco. El Estado asumió el pago por más de USD 1.000 millones a los perjudicados. La incautación de los bienes de los hermanos Isaías se decidió en el gobierno de Rafael Correa, cuando Fausto Ortiz era su ministro de Finanzas (2007-2008). Ortiz renunció al cargo porque, según él, el proceso tenía algunas inconsistencias que él no aceptaba. Lo reemplazó en el Ministerio de Finanzas Wilma Salgado, quien había sido gerente de la AGD en 2003. En su gestión en la AGD, Salgado ordenó el embargo de bienes a los deudores de los bancos quebrados durante la crisis. El 8 de julio de 2008, Carlos Bravo, gerente general de la AGD, ordenó la incautación de 195 empresas de los hermanos Isaías, entre ellas medios de comunicación como TC Televisión, Gamavisión y radioemisoras, así como empresas de telecomunicaciones. Un día después, la Asamblea Constituyente de Montecristi, presidida por Alberto Acosta, avaló esta disposición, con el Mandato 13. Además de respaldar la incautación, la Constituyente determinó que esta acción no es susceptible de amparo constitucional u otra de carácter especial. También advertía que los jueces que admitieran una acción a favor de los hermanos Isaías serían destituidos.

La AGD demandó a los exdueños de Filanbanco en una corte de Miami-Dade, en abril de 2009, que buscaba "perseguir bienes de los hermanos Isaías en el Estado de Florida" como acción paralela a la incautación. Hasta ese entonces, 17 gerentes ya habían pasado por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). En 2012, Pedro Delgado, primo del expresidente Correa, asume la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad (Ugedep), creada en reemplazo de la AGD. La entidad calculó que el perjuicio para el Estado ascendía a USD 1.088 millones. La Ugedep estableció que los bienes incautados a los Isaías sumaban USD 1.548 millones y que negoció USD 299,1 millones, incluidos el ingenio azucarero EQ2 y la empresa de televisión pagada TV Cable.

La batalla por recuperar recursos y tratar de devolverlos a los perjudicados por la quiebra de bancos como Filanbanco se libraba paralelamente a las demandas y los procesos penales. En abril de 2012, la Justicia ecuatoriana sentenció a William y Roberto Isaías, y a seis personas más a ocho años de prisión por peculado. Nueve años después, en mayo de 2021, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) los declaró inocentes. El fallo continúa cerrando la puerta para que recuperen sus bienes, porque “fueron producto del cumplimiento de obligaciones de carácter civil y administrativo, independientes de la responsabilidad penal en este proceso”. Casi un año después de su declaratoria de inocencia, los hermanos reaparecen para reclamar al Estado que les devuelva USD 2.000 millones. Su argumento es que las incautaciones llevadas a cabo por la AGD fueron “ilegales”.

Ricardo Noboa Bejarano, abogado de los hermanos Isaías, dijo que sus clientes están abiertos a una mediación. La participación de Noboa en este caso fue criticada por los sectores políticos de oposición al gobierno de Guillermo Lasso. Esto porque Lasso nominó a Noboa en agosto de 2021 como árbitro de Ecuador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Pero el 25 de marzo de 2022, Noboa renunció a esa nominación. La Procuraduría General del Estado coordina la estrategia de defensa del Estado ante la demanda de los Isaías. Las entidades demandadas son: Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos y Seguros y Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. El Estado tiene hasta el 13 de mayo de 2022 para contestar la demanda.