El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) pidió al Ministerio de Finanzas que pague USD 470 millones en 2022 de la deuda por salud que tiene el Estado, que alcanza los USD 4.486 millones.
El fondo de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), una especie de colchón de ahorros que tiene la entidad, se quedó sin dinero a finales de 2021 y eso complica la atención médica para los afiliados y los jubilados en 2022.
Según un informe del IESS, los gastos en atenciones médicas se proyectan en USD 2.143 millones en 2021.
Pero sus ingresos durante este año solo se calculan en USD 1.666 millones, que provienen principalmente de los aportes de los afiliados.
Para cubrir parte del hueco financiero, el IESS tuvo que echar mano de sus ahorros y le pidió al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que desinvierta USD 435 millones en 2021.
Lo que deja a esta cuenta con un saldo de apenas USD 140 millones, recursos que por ley no se pueden usar debido a ser reservas técnicas; por tanto, ya no quedan ahorros.
Eso es un problema para 2022 porque el IESS tendrá ese año gastos para salud por USD 1.900 millones, pero solo contará con USD 1.400 millones en ingresos, proyecta el delegado de los empleadores, César Rodríguez.
Entre los gastos de salud que debe atender este instituto están compra de medicinas, atenciones médicas, pago de salarios a personal de salud y pagos a prestadores externos.
Planes del IESS en 2022
Frente a tal situación crítica, Rodríguez dice que es indispensable que el Gobierno pague la contribución que debe hacer por Ley para salud y que suma USD 470 millones en 2022.
El Estado está obligado a cubrir el costo de las atenciones médicas a jubilados y personas con enfermedades catastróficas, pero no ha hecho el aporte desde 2002.
Rodríguez dijo que el Seguro Social tiene un plan para cobrar el monto que adeuda el Estado por salud en 2022.
El primer paso será incluir en el presupuesto del IESS de 2022, que debe aprobarse la próxima semana, el monto de USD 470 millones por concepto de la deuda del Estado al fondo de salud.
Los recursos podrían ser desembolsados, según Rodríguez, de un rubro de USD 1.000 millones que el Gobierno incluyó en el Presupuesto General del Estado de 2022 para el pago de atrasos al IESS.
Para asignar los USD 470 millones, el Ministerio de Finanzas exigirá auditorías, que el IESS espera contratar hasta marzo de 2022 a un costo de USD 18 millones.
Situación crítica
Por ahora, Rodríguez dice que “el fondo de salud del IESS está en una situación crítica, que se puede solventar si hay apoyo del Gobierno, cuyos pagos podrían concretarse en el segundo semestre del año”.
Ante la crisis, el Biess también solicitó a la Superintendencia de Bancos que permita el uso de los USD 140 millones que aún quedan como reservas técnicas del Fondo de Pensiones.
Si el plan de cobro al Ministerio de Finanzas se retrasa, según Rodríguez, el IESS no podrá pagar a tiempo a los prestadores externos de la salud en los primeros seis meses de 2022.
Pero esa falta de pago con los prestadores externos se solventaría en el segundo semestre de 2022 si el Ministerio de Finanzas honra su contribución.
Además, el presidente del Directorio del IESS, Francisco Cepeda, anunció días atrás en la Asamblea, que reducirá las derivaciones médicas en 2022 para bajar los gastos en salud.
En el peor escenario, es decir, si no se concreta el plan de pagos del Gobierno, Rodríguez cree que “en algunos casos habría dificultades para atender algunas patologías (o enfermedades)”.
Incluso habría problemas para la adquisición de medicamentos y el pago de salarios, dice Rodríguez.
Deuda millonaria
El Estado arrastra con el fondo de salud del IESS una millonaria deuda, por aportes no pagados por atenciones médicas a jubilados y a afiliados con enfermedades catastróficas desde el 2002.
Desde ese año hasta el 31 de diciembre de 2021, la deuda del Estado alcanzará los USD 4.486 millones, equivalente al 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB).
La falta de pago ocurre pese a las disposiciones de la Contraloría, tras un examen especial en junio de 2017.
En ese informe, la Contraloría recomendó la conformación de una comisión integrada por autoridades del Ministerio de Finanzas y del IESS para que establezcan los valores adeudados y que se proceda con el pago, pero hasta ahora no se ha concretado.
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