El Gobierno prevé bajar el gasto salarial del 9,1% del PIB al 8,2% del PIB entre 2022 y 2025, ofreciendo menores sueldos en nuevas contrataciones y reemplazando parcialmente a quienes se jubilen.
El Gobierno ecuatoriano se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a alcanzar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.
No es una promesa nueva ni de este gobierno, pero esta vez implica una reducción del gasto público equivalente a 4,2 puntos porcentuales del PIB, o unos USD 4.300 millones entre 2022 y 2025.
Tras la renegociación del último programa de crédito por USD 6.500 millones con el FMI, Ecuador dijo que hará un esfuerzo para reducir los gastos del Estado. Esfuerzo que empezará con la ‘reversión del gasto único en 2021’.
Según el FMI, la reversión del gasto único se refiere a los USD 1.020 millones que Ecuador desembolsó para aumentar el gasto social, para financiar el proceso de vacunación, para la reducción de la nómina del Estado.
Así como para la remodelación de escuelas y para el pago de atrasos con los Gobiernos Seccionales:
Los recursos destinados al gasto único deberían ser recuperados por el Ministerio de Finanzas de manera paulatina entre 2022 y 2025, según el acuerdo.
Salarios menores
Ecuador también se comprometió con el Fondo a reducir el gasto salarial de 9,1% del PIB a 8,2% del PIB entre 2022 y 2025.
Este camino podría lograrse, según el FMI, permitiendo que los salarios varíen de acuerdo con la inflación y que el Gobierno ofrezca "salarios más bajos" en las nuevas contrataciones de personal.
Otras medidas para reducir el gasto salarial son:
- No reemplazar a una porción de los trabajadores que se jubilan.
- No renovar parte de los contratos a término fijo.
Además, el Gobierno apunta a establecer una estrategia más eficiente para los procesos de compras públicas, una pieza clave para reducir el gasto.
Para lograrlo, el Gobierno ecuatoriano reformaría al sistema de compras públicas, lo que le permitirá al Estado ahorrar USD 1.500 millones entre 2022 y 2025, o el equivalente al 1,5% del PIB.
Una de las estrategias es crear desde finales de octubre de 2021 el Subsistema de Control Nacional (SNC) para combatir la corrupción en las adquisiciones de bienes y servicios para el Estado.
De acuerdo con el FMI, Ecuador implementará procesos de simplificación para la pre calificación de proveedores, construirá catálogos de compras y se apoyará en subastas competitivas para mejorar sus procesos de compra, con lo que podría ahorrar 1,5% del PIB.
El SNC incluirá al Ministerio de Finanzas, al Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), al Servicio de Rentas Internas, a la Contraloría General del Estado y a los entes reguladores financieros.
Estas entidades deben coordinar entre ellas sus bases de datos y atacar las irregularidades en los procesos de contratación.
Para dar más transparencia a las compras públicas, el FMI recomienda que el Gobierno impulse las compras por catálogo y mejore los procesos para las compras a granel.
Otro ahorro vendría por la reducción de los gastos de capital, es decir, en las inversiones públicas. La idea es que los gastos sean más eficientes y transparentes.
Subsidio a los combustibles
Los ahorros des Estado también provendrán de los esfuerzos para reducir y eliminar los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís y al diésel, a través de una banda de precios que está en operación desde julio de 2020.
En 2022 está previsto que el ahorro alcance 0,9 puntos porcentuales del PIB.
El FMI espera que en 2022 los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel se igualen con los precios internacionales, con lo que se eliminaría el subsidio.
Por ahora, los precios de estos combustibles siguen aumentando, mientras el Gobierno continúa explorando opciones para focalizar los subsidios para el transporte público.
Según el acuerdo con el FMI, los subsidios a las gasolinas de bajo octanaje y al diésel han beneficiado más a "quienes no necesitan ese apoyo y también son un terreno para la corrupción y el contrabando".
Precisamente, el Gobierno se comprometió con el FMI a combatir el contrabando de combustibles.
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