El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, reconoce que la crisis política en Ecuador ha inquietado a la banca internacional, aunque confía en que los esfuerzos económicos del régimen sostengan las inversiones en 2023.
El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, asegura que la preocupación de los bancos de inversión provocada por la inestabilidad política se sustenta en el temor de que Ecuador no cumpla con sus compromisos económicos.
Por ello, el sector empresarial intenta evitar que la crisis afecte sus proyecciones para 2023.
Y una de las primeras medidas, explica González, fue promover reuniones con líderes mundiales para explicarles cómo se ha manejado la macroeconomía en el país.
González agrega que los vaivenes políticos estancan las inversiones nacionales y extranjeras, lo que perjudica a la economía nacional.
La crisis política en Ecuador ha inquietado a bancos de inversión, como JP Morgan y Morgan Stanley, que temen por la estabilidad del Gobierno. ¿Cómo afecta esto al comercio nacional?
Cuando hablamos de riesgo país se toman en cuenta varios elementos, no solo el factor económico, sino el político.
Estuve con una delegación del sector productivo en Washington (Estados Unidos), para mostrarle a importantes actores del mundo de la inversión cómo vemos al país y de alguna manera también contarles algunas cosas positivas que se están haciendo.
Hablamos con gente del Senado norteamericano, con algunos fondos de inversión, con departamentos de comercio en Estados Unidos, think tanks y con la Organización de Estados Americanos (OEA).
Lo que ellos nos decían es que efectivamente desde el punto de vista macroeconómico, fiscal y financiero, las decisiones que se están tomando son correctas. Por eso el Fondo Monetario Internacional nos presta dinero, pero les preocupa el tema político.
Porque la incertidumbre y la inestabilidad política son las peores enemigas de la prosperidad económica.
Cuando hay vaivenes políticos, los inversionistas se frenan un poco y suelen esperar, más aún cuando hay antecedentes de no pagar la deuda.
Y si hay riesgo de que la tendencia política que no pagó la deuda vuelva al poder, pues su percepción es que se pueda caer en mora o default. Eso no le gusta a ningún inversionista.
Cuando hay vaivenes políticos, los inversionistas se frenan un poco.
El año pasado se percibía la llegada de inversión extranjera privada, pero el incremento del riesgo país tras las elecciones los ahuyentó.
Es porque se empieza a ver un poco más de inestabilidad política, cuando tenemos gente amenazando con paralizar la economía, otros hablando de que el Gobierno se tiene que ir y eso, obviamente, genera inestabilidad.
Es cierto que, a pesar de los problemas que haya en una economía, igual habrá empresas, marcas y multinacionales que ponen plata en el país.
Todas las naciones atraen algo de inversión extranjera porque igual la economía se moverá pase lo que pase.
No se puede parar, porque hay que pagar sueldos. A veces hay temor por la incertidumbre política, pero nos toca seguir invirtiendo lo mínimo necesario para seguir creciendo.
¿Cuál es la evaluación que han hecho los empresarios para reducir los riesgos?
La economía va en un proceso de crecimiento. En algunos indicadores hemos crecido, en otros todavía no regresamos a los niveles pre pandemia.
Por eso, si tomamos el indicador de ventas que tiene el Gobierno, es cierto que se ha crecido significativamente y que hemos superado los niveles pre pandemia más o menos en un 15%.
Es verdad que dentro de ese incremento hay un factor de precios.
Si vemos el PIB, aún no estamos en los niveles pre pandemia, pero está creciendo, al igual que el empleo adecuado.
Hay un avance orgánico que ha sido permitido por ciertas decisiones del Gobierno y no avanzamos tan rápido porque hay otras decisiones que se deben tomar por parte de la clase política.
A esto se suma el tema impositivo tras la Reforma Tributaria. ¿Se sintieron traicionados por esta decisión del Gobierno?
Cuando se quiso implementar la Reforma Tributaria les dijimos de muchas maneras que esa no era la vía, independientemente de si se la ofreció en campaña.
La gente ofrece cualquier cosa por ganar las elecciones, pero lo que hemos dicho es que en una sociedad como la nuestra, subdesarrollada, que necesita más actividad productiva, menos impuestos ayudarán a que la economía crezca.
Aquí queremos inversión y empleo, pero contratar a una persona cuesta dinero. ¿Cuánta inversión requeriría el país si quisiéramos acabar con el desempleo y subempleo?
Suponiendo que a los seis millones de subempleados y desempleados les queremos dar un trabajo con salario básico, que más o menos, al año y con todos los beneficios, son USD 6.000.
Si se multiplica por seis millones de personas, estamos hablando de USD 36.000 millones que se requerirían de inversión en un año solo en empleo.
El año pasado ingresaron a Ecuador USD 700 millones en inversiones. Ahí vemos la brecha y la necesidad de inversión para poder darle a la gente un empleo adecuado.
¿Cuáles son las perspectivas de inversión para este año?
Veamos cómo se desarrolla el tema político. Igual llegará inversión, ya que el Gobierno ha firmado algunos acuerdos que no se efectivizarán inmediatamente, pero no es suficiente.
Al menos tomando en cuenta que algunos acuerdos comerciales, como México y la Alianza del Pacífico, se han caído.
Nosotros estamos ayudando, creamos el llamado cuarto adjunto que lo lidera el Comité Empresarial Ecuatoriano, que lo lidera la Cámara de Comercio de Guayaquil, para que los acuerdos se concreten en los mejores términos para Ecuador.
Ya se cerró la negociación con China, se está trabajando con Corea, con Canadá y Costa Rica está por cerrarse y con la Alianza de Pacífico, que era la primera opción, se avanzó con Colombia, Perú y Chile, pero con México se estancó.
El sector privado privado participó en la última etapa para poder salvarlo, pero está en modo de espera, más por voluntad de los mexicanos, que por la de los ecuatorianos. Se puede reactivar.
Con China se ha llegado a una negociación equilibrada, reconocida por los sectores sensibles y eso es positivo. Igual no se ha concretado porque falta la aprobación de la Asamblea (de Ecuador), sé que en China ya fue aprobado, pero aquí no hay fecha para tratarlo.
El acuerdo con China no se ha concretado porque falta la aprobación de la Asamblea.
¿Cómo asume la Cámara de Comercio el fin de la hegemonía socialcristiana en Guayaquil y el resurgimiento del correísmo?
Lo tomamos como cualquier actor de la sociedad civil. Cuando la ciudadanía se pronuncia en una elección, nos toca a todos acogerla, porque esa es la voluntad popular.
Como Cámara de Comercio pensamos en lo que le conviene a la ciudad y al país. Desde ese punto de vista nos toca confiar y apoyar a la autoridad de turno. Ese es nuestro deber.
Vamos a tener acercamientos con el nuevo alcalde (Aquiles Álvarez) y con la prefecta (Marcela Aguiñaga). La Cámara de Comercio tiene que trabajar en conjunto con las autoridades. Tenemos que ser apolíticos en ese sentido.
Pero levantaremos la voz si es que alguna autoridad, sea del partido que sea, hace algo que va en contra de la ciudad y del comercio.
Otro factor que golpea al gremio es la delincuencia. Muchos empresarios optaron por usar avionetas para ir a sus fábricas y así evitar asaltos o secuestros. ¿Qué plantea la Cámara para mejorar la seguridad?
Se han escuchado esos casos, no es la mayoría, pero sí en el sector camaronero. Son sectores que han invertido muchos millones de dólares en seguridad para protegerse de la delincuencia y del narcotráfico, que contamina los contenedores que van al exterior.
Es una situación complicada que estamos viendo cómo lo resolvemos.
La inseguridad nos preocupa a todos y hemos tratado el tema de diferentes maneras. Fuimos a la Alcaldía (de Guayaquil), a la Gobernación (de Guayas) y nos hemos reunido con la Policía para recoger ideas.
Además nos reunimos con el sector empresarial de Colombia y México para que compartan sus experiencias. Al crimen organizado no se lo combate desorganizadamente y eso implica que la sociedad civil y las autoridades actúen juntos.
Para que esto suceda tiene que haber un plan, uno que no conocemos, hecho por expertos y liderado por las autoridades, en el cual cada sector sepa cuál es su rol.
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