Los activos tienen un valor asegurable de USD 5.954 millones y estarán cubiertos por Hispana por los próximos dos años, contados a partir del 7 de diciembre de 2020.
Petroecuador adjudicó a la empresa Hispana de Seguros el contrato para que se encargue de la póliza de seguros de riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y no marítima de sus bienes e instalaciones, este 12 de noviembre.
La adjudicación rompe con 17 procesos de licitación fallidos, que obligó a Petroecuador a extender, desde 2010, la póliza con Seguros Sucre, empresa que enfrenta cuestionamientos por supuestamente monopolizar los seguros del Estado.
La empresa Hispana de Seguros se adjudicó el contrato por USD 54,8 millones. El plazo estimado para la ejecución del contrato es de dos años, contados a partir del 7 de diciembre de 2020.
Los activos tienen un valor asegurable de USD 5.954 millones. Entre los bienes se encuentran tres refinerías, el oleoducto SOTE, 12 poliductos y toda la infraestructura de refinación, transporte y exportación de crudo y combustibles.
En el proceso de licitación se registró tres propuestas económicas. Hispana de Seguros ofertó su servicio por USD 54,8 millones (más el Impuesto al Valor Agregado).
También presentaron sus propuestas Seguros Sucre y Latina de Seguros, que ofrecieron sus servicios por USD 61,7 millones y USD 59,6 millones, respectivamente.
Petroecuador se declinó por la oferta más económica.
Pero, el proceso de licitación no estuvo exento de polémicas. El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) hizo observaciones sobre el hallazgo de errores en el proceso de licitación por parte de Petroecuador.
Sin embargo, por un fallo judicial el 4 de noviembre, el Servicio Nacional fue impedido de controlar el concurso y Petroecuador prosiguió el concurso pese a las observaciones del Sercop.
Pero, el 9 de noviembre, el Sercop interpuso la revocatoria de la decisión judicial.
Latina de Seguros y Seguros Sucre también acudieron a la justicia para interponer acciones extraordinarias de protección debido a una supuesta vulneración de derechos durante el proceso precontractual.
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