El intendente de Seguros, Jorge Lince, explica que la intendencia había puesto en marcha una auditoría financiera de Seguros Sucre antes de la pandemia. La trama de corrupción que salpica a la empresa estatal, dice, tiene que ver con problemas judiciales de sus exdirectivos.
Allanamientos, un caso judicial abierto en Estados Unidos por lavado de activos, la aseguradora estatal Seguros Sucre está en medio de un escándalo de corrupción internacional.
Además de las indagaciones en Ecuador y Estados Unidos por lavado de activos y sobornos contra algunos de sus exgerentes, la empresa tiene otros dos procesos judiciales pendientes.
Uno de ellos es una deuda con la petrolera estatal Petroecuador de USD 32 millones, luego de la fusión entre Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte en 2017.
La segunda causa se debe a una pérdida registrada de USD 6,7 millones tras una inversión de bonos del Estado en un fondo que se declaró en quiebra.
En entrevista con PRIMICIAS, el intendente nacional de Seguros, Jorge Lince, dice que los casos de sobornos son “un tema irregular entre dos exfuncionarios”.
¿Cómo es la situación financiera de Seguros Sucre?
Estamos realizando una auditoría que abarca la parte financiera, administrativa y de control de contratos de reaseguros. Este proceso comenzó poco antes de la pandemia, pero se detuvo por esta causa y ahora lo retomaremos. Esperamos que la próxima semana (junio) podamos tener los primeros resultados.
Creemos pertinente realizar estos dos controles a una compañía grande como ésta y más aún con todos los problemas que han salido a la luz pública.
¿Cómo afectan las investigaciones penales de los exgerentes de Seguros Sucre a la institución?
Un tema es la salud financiera de la empresa, nosotros como Intendencia controlamos la solvencia, pero otro muy distinto son los delitos de sobornos que investiga la Fiscalía.
Esos sobornos habrían sido pagados por un broker que utilizaba a un exdirectivo de la aseguradora (Juan Ribas Domenech) para conseguir contratos, pero esto no significa que Seguros Sucre pagó dinero de su patrimonio.
¿Detectó la Intendencia movimientos extraños del exgerente Ribas Domenech entre 2014 y 2016?
Habría sido muy difícil detectarlos, porque los sobornos se hicieron para colocar un reaseguro. Y estos contratos se realizan de dos maneras: la primera es a través de una empresa y la segunda con un broker.
En este caso, el broker pagó una comisión al exdirectivo (11 transferencias entre 2014 y 2016) para conseguir el contrato. Pero nuevamente, esto fue un negocio entre ellos y en el que la Superintendencia no tenía poder para saberlo.
¿La empresa JTL, ligada al broker que habría pagado los sobornos, sigue registrada en Ecuador?
Todos los contratos de reaseguros de la empresa estatal, incluso los de 2012 a 2014, fueron hechos con compañías establecidas legalmente y autorizadas para operar en Ecuador. La compañía JTL de Colombia Corredores Colombianos de Reaseguros S.A., que es una de las más grandes del mundo, también está autorizada y entiendo que aún debe tener contratos de reaseguros en el país.
Hay que tener cuidado con lo que decimos sobre la empresa, porque este fue un tema irregular entre dos funcionarios.
¿Por qué se permitió la fusión de Seguros Sucre con Seguros Rocafuerte pese a que esta última tenía una deuda pendiente?
Entiendo que en ese entonces Seguros Rocafuerte no tenía registrada aquella obligación de USD 32 millones con Petroecuador en sus balances. La deuda forma parte de un siniestro muy antiguo y al momento hay negociaciones para poder pagarla, pero todo está en manos de la Justicia.
Seguros Sucre asumió una pérdida en 2018 por bonos del Estado colocados en una empresa que quebró ¿Qué ocurrió con esto?
Como Superintendencia dimos la orden para que Seguros Sucre provisione esta pérdida (USD 6,3 millones) en sus estados financieros de 2018.
El problema es porque los bonos del Estado no se han pagado, pero la empresa los asumió hasta que se recupere el dinero. Este es un tema que también fue sometido a la justicia ordinaria.
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