El Gobierno creará un fideicomiso para garantizar el pago de las empresas privadas de generación de electricidad. Hay oposición de municipios.
Para concretar USD 1.263 millones de inversiones privadas, el Gobierno creará un fideicomiso para garantizar el pago a las empresas privadas de generación de electricidad. Pero hay oposición de dos municipios y un sindicato.
Ese fideicomiso es un fondo que administrará, de forma independiente, los recursos que recauden las empresas públicas de distribución de sus clientes por pago de las planillas luz.
Eso supone que las distribuidoras estatales ya no administrarán esos recursos, como lo hacen ahora. El dinero del fideicomiso se distribuirá de acuerdo a una prelación de pagos.
En el primer lugar de la prelación de pagos están las generadoras de electricidad privadas.
Luego se cubrirán, en ese orden, los costos de las distribuidoras de electricidad, de la importación, de la transmisión estatal, de la generación estatal, de expansión de la distribución y otros gastos.
Lo anterior preocupa a municipios, que temen que las distribuidoras, donde ahora son accionistas, no tengan dinero suficiente y a tiempo para invertir y garantizar la distribución de la electricidad a los ciudadanos.
En el país, hay 20 distribuidoras estatales de electricidad; entre ellas, están la Empresa Eléctrica Quito (que cubre Pichincha y parte de Napo e Imbabura) y la Centro Sur (que atiende a gran parte de Cañar, Azuay y Morona Santiago).
Lo que está en juego
Según el ministro de Energía, Fernando Santos, el Estado no cuenta este momento con dinero para construir las centrales de generación que requiere el país y, así, atender el incremento de la demanda de electricidad.
Y, por eso, dice que es necesario que el sector privado construya plantas de generación de electricidad, pero las empresas exigen garantías de que recibirán el pago por sus inversiones.
Aunque ahora, por normativa, las distribuidoras estatales están obligadas a pagar, en primer lugar, a las generadoras privadas, eso no es suficiente garantía, dice el consultor energético y gerente de la empresa Gasedu, Gabriel Secaira.
Y añade que, en un contexto de denuncias de corrupción de las empresas públicas y de alto riesgo país, los inversionistas exigen este tipo de fideicomisos para garantizar que hay el dinero para pagarles.
Si la empresa privada no invierte, "el país se verá frente a la disyuntiva de no poder suministrar a sus habitantes un servicio vital como es el de la energía eléctrica", ha dicho el ministro de Energía.
Hay inversiones millonarias que dependen del nuevo modelo de administración del dinero que se cobra por la luz eléctrica, según el Gobierno.
Está en agenda la adjudicación y la construcción de, al menos, 824 megavatios de energía renovable. Eso incrementaría en un 15% la oferta de energía renovable, que ahora es de 5.309 megavatios.
Entre los contratos recién firmados están la construcción del proyecto fotovoltaico El Aromo, en los terrenos del exproyecto de Refinería del Pacífico, en Manabí; y el proyecto eólico Villonaco III, en Loja.
Y, están por firmarse, además, contratos para la construcción de 500 megavatios de potencia a través de llamado Bloque de Energías No Convencionales y el proyecto fotovoltaico Conolophus de 14 megavatios.
Para concretar los proyectos, se tienen que firmar contratos de concesión, pero también contratos de fideicomiso con todas las empresas distribuidoras y el contrato de compra-venta de energía.
Preocupación en municipios
Pero no a todos convence el modelo propuesto por el Gobierno. Los municipios de Cuenca y Quito han manifestado su preocupación de que el nuevo modelo deje sin ingresos suficientes a las distribuidoras para mejorar el servicio de entrega de electricidad.
Incluso, atendiendo a un pedido del sindicato de trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó el 22 de agosto de 2023 una resolución para rechazar la constitución del fideicomiso y que se abstenga de concretar este mecanismo.
El Municipio de Quito es dueño del 17.6% de las acciones de la Empresa Eléctrica Quito, precisó el alcalde Pabel Muñoz.
Una preocupación similar ha sido dada a conocer por el Municipio de Cuenca. Ambos gobiernos locales temen que no puedan acceder a tiempo a las tasas de recolección de basura y de los bomberos que también se recaudan a través de las planillas de luz.
Pero el Gobierno ha aclarado que esos recursos no entran al fideicomiso y más bien serán transferidos directamente de las distribuidoras a los municipios. Esto último consta, además, en la resolución 033 del 14 de diciembre de 2021 de la Agencia de Regulación del Control de la Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr).
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