Varios analistas consultados por PRIMICIAS son optimistas con relación al desenlace del proceso de renegociación de la deuda externa ecuatoriana.
En una corte de Nueva York se decide el futuro de Ecuador. Dos fondos de inversión han interpuesto una demanda colectiva para detener el proceso de renegociación de USD 17.400 millones de la deuda externa del país expresada en bonos Global.
Si los fondos tienen éxito y la juez Valerie E. Caproni, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, les concede medidas cautelares para frenar la renegociación, los daños para Ecuador podrían serían enormes.
Pero, durante la audiencia de ayer, 30 de julio, la jueza envió señales de que al menos dos de los principales argumentos del alegato de los fondos de inversión Contrarian Capital Management y GMO no la convencen.
Los fondos alegan que la oferta de renegociación presentada por Ecuador a los tenedores de los bonos es "coercitiva", es decir, que trata de obligarlos a aceptar y que Ecuador actuó para engañar a los bonistas.
"Explíqueme cómo están forzando el consentimiento" de los inversionistas, le preguntó la juez a los abogados de Contrarian Capital Management y de GMO, para luego comentar que Ecuador, más bien, parecía estar "incentivando un consenso".
Según el Gobierno ecuatoriano estos dos fondos no poseen más de 4% de los bonos Global de Ecuador.
Pero que sean minoritarios "no importa porque se trata de una demanda colectiva que aplica para todos” los bonistas, explica Ramiro Crespo, presidente de la firma Analytica Securities.
Extienden plazo para votar
Los tenedores de bonos tenían hasta las 11:00 del 31 de julio para votar, en secreto, para aceptar o rechazar la propuesta de renegociación que Ecuador les presentó el 20 de julio.
Pero, a pedido de la Corte, Ecuador aceptó extender 24 horas hábiles la votación y ahora esta se cerrará el lunes 3 de agosto, de acuerdo con el Ministerio de Finanzas.
El Ministerio de Finanzas piensa que hay una "probabilidad alta de alcanzar el consentimiento necesario, según reportes preliminares".
Para el ex ministro de Finanzas y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas (UDLA), Fidel Jaramillo, “la demanda de los dos fondos de inversión no tiene fundamento jurídico".
Jaramillo dice que no ve un escenario en el que los jueces fallen a favor de estos fondos, pero admite que esta controversia "sí entorpece todo porque podría suspender el proceso de renegociación hasta que se pronuncie el juez, lo que puede tomar hasta 10 días”.
Luego de que corrieron las noticias de la demanda, el riesgo país de Ecuador subió ligeramente el 30 de julio. Entre más alto es este indicador significa que más posibilidades tiene una nación de dejar de pagar su deuda externa.
Lo bueno y lo malo
“Un punto a favor de Ecuador es que existe una mayoría de acreedores que ha aceptado la oferta del Gobierno y que el país tiene el apoyo de organismos internacionales”, sostiene Ulises Alvear, presidente de la casa de valores Metrovalores.
El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y hasta Naciones Unidas han expresado su respaldo al país.
También lo hizo la Cámara de Industrias y Producción, que declaró que el "proceso de reestructuración es vital para afrontar las consecuencias catastróficas causadas por el Covid-19 y los bajos precios del petróleo".
Crespo afirma que “todos quieren alcanzar un acuerdo, porque los inversionistas prefieren llegar a términos medios con un equipo económico que actúa de buena fe”, ahora que Ecuador se encamina a las elecciones presidenciales de 2021 y no hay certeza de quién ganará.
Aunque ni Alvear ni Crespo descartan la posibilidad de que Ecuador pueda caer de manera involuntaria en un default, o cesación del pagos de la deuda, lo que sería desastroso.
Ecuador ya ha declarado default sobre su deuda externa 11 veces y es, precisamente, ese mal pasado lo que juega en su contra.
El último default parcial de la deuda fue en el gobierno de Rafael Correa y destruyó lo poco que quedaba de la reputación del país.
Fondos agresivos
Los demandantes ahora “están poniendo en duda la posibilidad de cooperar con un país que en el pasado ya hizo operaciones cuestionables”, dice Alvear.
Operaciones cuestionables como cuando en 2008 el entonces presidente Correa declaró al país en default parcial de los bonos Global 2012 y 2030.
La declaración hizo bajar el precio de esos bonos, coyuntura que el país aprovechó para recomprarlos, demostrando que sí tenía dinero.
Contrarian y GMO son fondos agresivos. Compran deuda de economías en problemas, cercanas a la quiebra, para posteriormente presionar y cobrar la totalidad del valor de la deuda y sus intereses.
“Son profesionales en el tema. Son expertos en este tipo de negociaciones, por eso saben esperar y tienen estudios jurídicos preparados para dar la pelea”, explica Alvear.
Por su parte, Ramiro Crespo, presidente de la firma Analytica Securities, dice que GMO nunca se ha conocido como un fondo buitre.
“Pero hace unos cuatro años este fondo inició una acción legal contra Ecuador porque el país no pagó los bonos 2012 y 2030”, recuerda Crespo.
Un default es una desgracia
Un fracaso de la renegociación de la deuda en bonos Global traería serias consecuencias sociales, económicas y políticas para un país que ya enfrenta problemas fiscales y una pandemia de Covid-19.
Este es el argumento de la defensa de Ecuador, encabezada por Hogan Lovells para convencer a la jueza de que detener la negociación causaría un daño mayor y podría condenar a Ecuador a un default.
Un escenario que haría imposible “la apertura de cuentas en Estados Unidos porque se pueden incautar los fondos, hacer negocios con ciertos mercados por los mismos motivos. Además, ya no se podrán hacer operaciones con el banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs”, afirma Alvear.
En un escenario de default “se complican el acuerdo que Ecuador está buscando con el Fondo Monetario Internacional y los préstamos con organismos internacionales, por lo que habría menos ingresos para pagar la deuda”, agrega Crespo.
Para el sector privado también habría consecuencias negativas. “La banca dejaría de recibir líneas privadas de crédito y se daña la reputación del país como un destino para la inversión”, explica Crespo.
“Esperemos lograr un acuerdo que, quizás no sea el deseado por todos, pero permitiría dar tranquilidad a este Gobierno y al siguiente", dijo el ex ministro de Finanzas y miembro del Comité asesor del Gobierno, Fausto Ortiz.
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