Inmigrantes ilegales de otros países fueron traídos para trabajar en las minas de oro de La Merced de Buenos Aires, la mano de obra era captada por agentes de los grupos armados que operan en las minas.
Cerca de un 80% de las 10.000 personas que se asentaron, desde finales de 2017, en la parroquia de La Merced de Buenos Aires y sus zonas aledañas son extranjeros.
Solo un 20% son habitantes de la misma parroquia y de otras regiones del país, como Zaruma y Portovelo (provincia de El Oro), en donde las minas artesanales e ilegales fueron clausuradas, lo que los llevó a desplazarse a Imbabura, donde se encuentra La Merced de Buenos Aires.
A inicios de 2018, la relación era de un 80% de ecuatorianos y 20% de extranjeros, dice a PRIMICIAS el directivo de una cooperativa legal que realizó un censo en el sitio y que pide la reserva de su nombre.
A inicios de 2018, la relación era de 80% ecuatorianos y 20% extranjeros en Buenos Aires.
El 24 de febrero de 2018, irrumpió en La Merced de Buenos Aires un grupo de 70 personas que llegó en motos y camionetas portando granadas, fusiles, pistolas y otro tipo de armas.
Al inicio, muchos se alegraron porque el ingreso de este grupo armado provocó la huida de otro grupo de delincuentes que se dedicaba al robo de material aurífero y la extorsión.
Pero los recién llegados no eran policías ni militares sino malhechores que empezaron, secuestrar, extorsionar y torturar a quienes oponían resistencia.
La avidez por la extracción del oro dio lugar al surgimiento de decenas de compañías ilegales y también de cooperativas de mineros legalmente constituidas.
De la noche a la mañana brotaron las mafias y en consecuencia la lucha por el control de las vetas de oro.
“Antes nos robaban, pero no había asesinatos”, relata un minero colombiano que bajó de la mina con un grupo de evacuados durante uno de los operativos realizados entre la Policía y el Ejército.
Grupos armados fueron contratados como agentes de seguridad
Al comienzo los grupos armados eran contratados como seguridad de las empresas, pero las cosas se salieron de control y luego las mafias establecieron su “ley”.
En medio de esto se produjo la oleada migratoria hacia La Merced de Buenos Aires, compuesta por ciudadanos venezolanos y colombianos que se asentaron en las laderas de la montaña donde se encuentra la mina.
Así nacieron localidades como la llamada “Ciudad de Plástico”, La Visera y la Feria.
Las cosas se salieron de control y entró a regir la “Ley de la Mafia”.
En el puesto de control de San Jerónimo, a donde llegan los mineros desalojados en buses que se dirigen a Ibarra, capital de Imbabura, una veintena de venezolanos dijo a PRIMICIAS que fueron traídos desde la frontera norte.
En pleno Puente de Rumichaca los contactaron agentes que les hablaron de la Merced de Buenos Aires y su gran riqueza.
Estos hombres, de entre 20 y 40 años, ganaban USD 40 por cada bulto cargado desde la bocamina hasta las volquetas que salían con el material en dirección a Zaruma y Portovelo (provincia de El Oro).
Las volquetas y camiones recorrían más de 600 kilómetros para llegar a Zaruma y Portovelo, en donde existen plantas procesadoras que separan el material pétreo del oro.
Pero las constantes incautaciones de estos vehículos hicieron que los mineros instalaran pequeñas plantas beneficiadoras o “chanchas” en plena montaña.
Las “chanchas” sirven para procesar el oro allí mismo, usando químicos altamente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, como mercurio y cianuro.
Zona de la provincia de Imbabura donde el Ejército y la Policía ejecutan operativos en el marco del estado de excepción. Primicias
Por la remoción de un poco de tierra en busca de acceso a la mina, un minero paga USD 5.000 a las mafias además del 10% de la producción; USD 500 por cada bulto de material extraído y otro pago por el uso de las poleas, según el dirigente de una cooperativa.
Los enfrentamientos por las mejores vetas se han saldado con muertos. “Muchos son enterrados ahí mismo”, dice un minero llegado desde República Dominicana.
Hasta la medianoche del miércoles 3 de julio de 2019, el saldo de los operativos combinados entre el Ejército y los cuerpos de élite de la Policía fue de 2.443 personas desalojadas (884 ecuatorianos, 1.559 extranjeros) y 14 detenidos, de los cuales 7 son extranjeros.
Mineros evacuados de la zona dijeron a PRIMICIAS que apenas ha salido una pequeña parte de las personas que están explotando oro ilegalmente en la parroquia o haciendo negocios alrededor de esa acitividad.
La mayoría permanece en tres lugares de la zona minera: “La Vieja”, “La Nueva” y “Los Olivos”.
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