Las medidas económicas se anunciaron sin saber cómo se aplicarán

Algunas requieren reformas legales y otras de acuerdos previos, por ejemplo, con los trabajadores del sector público. El Ejecutivo tampoco ha detallado cuáles serán las instituciones públicas que se eliminarán.

La parte 'fácil' fue la cadena nacional. El presidente Lenín Moreno anunció un paquete de cinco medidas con las que espera un impacto positivo de USD 2.252 millones en la economía nacional.

Lo difícil será poner en marcha algunas de esas medidas, sobre todo las que pasan por una negociación directa con la Asamblea Nacional -en dónde el oficialismo no tiene mayoría y los legisladores no apoyan la creación de nuevos impuestos- así como con los trabajadores del sector público.

Los trabajadores

La negociación es de alto nivel: al menos tres ministros de Estado se reunieron ayer con los delegados de los trabajadores del sector público. Aunque la noche del 10 de marzo circuló una tabla de posibles aportes, todavía no se ha definido el mecanismo ni la forma cómo se hará esa contribución voluntaria.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que el tema debería ser anunciado hoy. Ella y su colega de Finanzas hablaron de un "compromiso" y un "esfuerzo" que deben hacer los servidores públicos.

Y Romo recordó que este será el tercer aporte que hagan, al menos, los funcionarios del nivel jerárquico superior. Desde 2017, dijo, hubo dos reducciones del 10%, cada una en el salario mensual.

Miguel García, representante de los empleados burócratas, en declaraciones recogidas por Diario El Comercio, aseguró que no hay nada definido y que los diálogos están recién empezando.

En lo único que coinciden es que, este aporte, permitirá evitar los despidos masivos en el sector público.

Las leyes

¿Qué leyes y cuántas se enviarán a la Asamblea Nacional? Hasta la tarde de ayer, Finanzas no tenía esa respuesta. En la cadena nacional, el Presidente habló de al menos dos reformas legales que deben tener el visto bueno del Legislativo para entrar en vigencia:

Una reforma tributaria para que las personas que posean vehículos avaluados en más de USD 20.000 paguen una contribución única del 5% sobre el avalúo.

Y, la esperada reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que la reforma se enviará -ojalá- la próxima semana. El texto, explicó, ya está listo, pero falta convencer a los legisladores para asegurar su aprobación.

"El objetivo, dijo el ministro, es que no se dilate demasiado".

El Código plantea modificaciones de orden presupuestario. Entre otras cosas, el Gobierno espera poner límites a los cambios que el Ejecutivo puede hacer al presupuesto y la creación de un seguro petrolero.

Esa reforma se tramitará como proyecto económico-urgente.

Y aquí aparece la limitación legal: la Asamblea solo puede tramitar un proyecto económico-urgente a la vez. Entonces, el Gobierno debe decidir si incorpora el cambio tributario en el mismo paquete del Código de Finanzas o si espera que culmine su trámite para enviar un segundo proyecto urgente.

En manos del SRI

Las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta que se incrementarán en 0,75% a las empresas y su aplicación dependen de un trámite administrativo del Servicio de Rentas Internas (SRI).

La institución debe emitir una resolución con el cambio de la tarifa, según informó el SRI a PRIMICIAS.

Según el ministro Martínez, el 70% de las empresas a las que se les aplicará el aumento son grandes compañías.

La tarea del Ejecutivo

El único punto que está en control directo del Ejecutivo es la oferta de reducir el gasto corriente y de capital. La meta del Gobierno es recortar sus egresos en USD 1.380 millones.

Un ejercicio que, sin embargo, no es nuevo. La caída, sobre todo en el gasto de inversión y de capital, es una constante desde 2014. Para este año, en el Presupuesto General del Estado se esperaba una ligera recuperación, ahora el panorama vuelve a cambiar.

La nueva reducción dependerá de los proyectos o los rubros que el Gobierno decida no ejecutar.

Otra historia es con el gasto corriente. En el que se contabiliza, por ejemplo, el pago de salarios de los funcionarios públicos y que creció, desde 2016 hasta 2019, a pesar de las ofertas de austeridad.

Buena parte de reducción estimada en el gasto corriente estará relacionada con la eliminación de 16 entidades públicas anunciada por el Presidente. Hasta ahora, la supresión o la fusión de instituciones del Gobierno Central se ha hecho mediante decreto ejecutivo.

¿Cuándo ocurrirá eso? Más de 24 horas después del anuncio de las medidas económicas, el Ejecutivo no ha precisado todavía el listado de las entidades que se eliminarán: solo se ha hablado de la desaparición de la Secretaría de Juventudes y de la Empresa de Medios Públicos.

El proceso, en todo caso, ya empezó mal. Ayer, miércoles 11 de marzo, el gerente de la Empresa, Luis Eduardo Velarde, renunció tras diez meses en el cargo.

Por ahora, solo se ha hablado de las razones de la reducción más no de los detalles: