El Gobierno quiere incrementar de 214 hectáreas a 370 hectáreas la zona de exclusión minera en este distrito histórico debido al aumento de las actividades ilegales en Zaruma, provincia de El Oro.
El Gobierno está analizando la opción de incrementar la zona de exclusión minera en la histórica ciudad de Zaruma, en la provincia de El Oro.
La zona pasaría de las actuales 214 hectáreas a 370 hectáreas, debido al incremento de la actividad extractiva ilegal subterránea, lo que pone en peligro la propia existencia de Zaruma.
El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, dijo durante una comparecencia en la Asamblea que existen ciudadanos que buscan -desde fuera de la zona de exclusión- ingresar a las minas subterráneas (túneles) de Zaruma.
En septiembre de 2013, estos túneles fueron clausurados por las autoridades porque estaban poniendo en riesgo la integridad de la histórica ciudad.
La prohibición de las actividades mineras en la zona de exclusión obedece al riesgo que corre el casco urbano de Zaruma de colapsar porque, debajo de la ciudad, hay una serie de túneles que están conectados, producto de la actividad minera de hace años y de actividades ilegales recientes.
Desde finales de 2013, todas las actividades mineras que se ejecuten dentro del área de la zona de exclusión son consideradas como minería ilegal.
Pazmiño y el alcalde de Zaruma, Jhansy López, coinciden en que, si continúan las actividades mineras irregulares debajo de la ciudad, estas podrían ocasionar hundimientos y deslizamientos de tierra dañando casas patrimoniales, un hospital, una escuela, un mercado y un coliseo.
López explicó cómo los mineros ilegales evaden los controles de Policía y Fuerzas Armadas. Dijo que estos ciudadanos ingresan por varias bocas de túneles que están por fuera de la zona de exclusión y se mueven bajo la tierra hasta llegar a ella.
Pandemia de ilegalidades
Ni la pandemia de coronavirus ha disminuido las actividades extractivas ilegales en Zaruma y sus alrededores.
Según información del Ministerio de Gobierno, en Zaruma se realizaron 693 operativos entre enero y el 3 de diciembre de 2020. Como resultado, hubo 75 detenidos y fueron decomisadas cinco armas de fuego y 157 sacos de material aurífero.
Mientras que en operativos específicos, el Ministerio de Gobierno informó que fueron capturadas 10 personas, se desarticularon tres organizaciones delictivas y fueron decomisados 820 kilogramos de material mineralizado.
Pero el alcalde del cantón Zaruma afirma que los operativos de control no son suficientes para detener a los mineros ilegales.
Una actividad histórica
La actividad minera se desarrolla desde por lo menos los años cincuenta del siglo XX en Zaruma, pero recién en 1993 se cristalizó la primera zona de exclusión minera, en un área de 73 hectáreas.
En aquella ocasión, las autoridades detectaron las primeras actividades extractivas irregulares subterráneas, que podrían afectan al casco urbano de Zaruma.
Más de dos décadas después, entre 2015 y 2016, se produjo la primera ampliación de la zona de exclusión a 105 hectáreas, tras registrarse un hundimiento de tierra en la Unidad Educativa Inmaculada Fe y Alegría.
Pero las actividades mineras ilegales no se detuvieron. En enero de 2017, el Gobierno amplió la zona a 173 hectáreas y, posteriormente, a 215 hectáreas.
Según López, el análisis de una nueva ampliación debe sustentarse de manera técnica y socializarse con los mineros legalmente registrados, que extraen minerales en áreas que no son parte de la zona de exclusión.
“Estoy de acuerdo con la protección de la ciudad, aunque creo que la minería se puede realizar de manera legal y responsable, es decir, sin afectar la actividad económica de la ciudadanía”, dijo López.
PRIMICIAS dialogó con varios mineros de Zaruma, que prefirieron mantenerse en el anonimato. Ellos alegan que muchas familias resultarían afectadas si se amplía el área de prohibición para actividades extractivas.
Incluso hay quienes expresaron su preocupación en redes sociales.
Según el Municipio de Zaruma, la minería es la principal actividad económica de la zona. En promedio, representa un 70% del ingreso económico directo o indirecto de sus habitantes.
Alrededor de 6.000 personas están involucradas en esta actividad de manera lícita.
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