El desalojo de las personas que explotaban ilegalmente una cantera de oro en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, provocó un división de criterios entre los mineros. Algunos apoyan el estado de excepción decretado por el Gobierno y otros lo rechazan.
Para Luis Valencia, gerente de la firma Minera Buenos Aires S.A. (Minbuenarsa), el estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno, que dio lugar a la evacuación de la zona, era necesario y fue una medida acertada.
“Nosotros apoyamos la medida, por eso hemos pedido a los compañeros que salgan pacíficamente; nuestra intención es llegar a un acuerdo para trabajar legalmente”, manifestó el dirigente.
Valencia aseguró que los la Policía y las Fuerzas Armadas no incautaron ninguna maquinaria de su empresa, por cuanto no tenía en las minas “ni siquiera un martillo”.
Y explica que Minbuenarsa se constituyó con el fin de encabezar la legalización de las asociaciones y cooperativas que desarrollan la actividad de manera irregular.
Para eso tiene que existir la aprobación de la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration, concesionaria legal del bloque minero donde se encuentra el yacimiento, y la autorización de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
Según Valencia, las conversaciones van por buen camino y podría haber un resultado favorable antes de que termine la vigencia del estado de excepción, cuyo plazo es de 60 días.
Propuesta de Minbuenarsa
La propuesta de este grupo de mineros tiene, fundamentalmente, dos puntos:
Hanrine deberá ceder una parte del área de la concesión a Minbuenarsa, compañía que, supuestamente, abarca 61 asociaciones de pequeños mineros.
Y, además, que las tierras solo puedan ser explotadas por mineros de Esmeraldas, Imbabura y Carchi que hayan llegado a Buenos Aires.
“La gente de estas comunidades tiene el derecho primordial porque son de la región”, dice Valencia, quien no quiere saber nada de las personas que llegaron desde Zaruma, Piñas, Arenillas (El Oro) y Loja.
“Porque ellos solo han causado problemas”, asegura.
PRIMICIAS intentó contactar por vía telefónica al subgerente de Hanrine, Ricardo López, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.
Otras compañías quieren impugnar la concesión a Hanrine
Varios representantes de una docena de compañías, que pidieron a PRIMICIAS mantener en reserva sus identidades, cuestionaron el estado de excepción porque, desde su perspectiva, este no facultaba el desalojo.
A diferencia de Minbuenarsa, ellos son partidarios de trazar una estrategia para impugnar la concesión de Hanrine, porque según ellos se hizo “a dedo”, esto es sin llamar a concurso o licitación pública.
Estas asociaciones han convocado a una concentración que se efectuará este martes 9 de julio de 2019 en el parque El Arbolito, de Quito, y desde allí realizarán una marcha hacia la Asamblea Nacional.
Aclaración: En esta publicación se adjuntó por error una fotografía del desalojo de refugiados colombianos del 4 de julio en Quito, en lugar de una foto del desalojo de mineros ilegales en La Merced de Buenos Aires. La fotografía correcta fue colocada en esta página el 9 de julio a las 09:45. Por este error pedimos disculpas a los lectores.
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