Ellos formalizaron su propuesta: quieren que el Gobierno le permita a la empresa concesionaria Hanrine Ecuadorian Exploration ceder sus derechos a los informales en un área de 90 hectáreas. Ya dieron el primer paso: constituyeron una empresa para negociar las minas.
El 15 de mayo de 2019, la Superintendencia de Compañías registró la creación de la Minera Buenos Aires S.A. (Minbuenarsa). Está domicialiada en Imbabura, en la Vía San Lorenzo y la Y de Buenos Aires. Podrá, sin embargo, tener sucursales en otros puntos del país.
Detrás están los mineros ilegales que ocuparon la Merced de Buenos Aires y que están buscando la legalización de su actividad.
El jueves 26 de junio, en la Asamblea y acompañados por la legisladora Silvia Salgado del Partido Socialista, pidieron al Gobierno que permita a la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration cederles 90 hectáreas de la concesión que tiene en Buenos Aires.
Es decir, que les ceda las minas en las que ya están trabajando como mineros ilegales.
Para llegar a este pedido ya tienen el blindaje legal: Minbuenarsa.
¿Para qué se creó? De acuerdo con el acta de constitución, "la compañía se dedicará a la prospección, exploración, adquisición, explotación de toda clases de minas".
Aunque también están abiertos a una trabajos de fundición, refinación y comercialización, venta de productos, estudios de impacto ambiental e incluso tareas de socialización con la comunidad.
Minbuenarsa tiene un capital suscrito de USD 800 y cuatro accionistas:
- Arlin Otero Perea, que tiene un capital de USD 2.
- Franklin David Pérez Ruiz, con un capital de USD 2.
- Luis Enrique Valencia Alarcón, también con USD 2.
- Luz Marinela Valencia Castillo, con un capital registrado de USD 794.
Aunque, en la práctica, los Valencia tienen el control: Luis Enrique es el gerente y Luz Marinela la presidenta. Ella, además, es hija de Luis Enrique.
Luis Valencia dirigente de los mineros ilegales Asamblea Nacional
Pero, además, los dirigentes de los mineros de Buenos Aires tienen una coincidencia adicional: ninguno es la zona. Los Valencia y Otero Perea son de San Lorenzo, en Esmeraldas; y Pérez Ruiz es de Quevedo.
En la constitución de la empresa intervino también Ramón Olmedo Andrade, que es de Chone, en Manabí. Él no figura en la Superintendencia como accionista.
Y, no son los únicos que están vinculados a Minbuenarsa:
Vicente Cayambe es de Portovelo e incluso fue candidato a alcalde de la población, por la lista 4, en las elecciones seccionales de marzo pasado.
Cayambe fue uno de los primeros dirigentes de los mineros ilegales en Buenos Aires, pero se alejó -según comentó en una conversación anterior con PRIMICIAS- para dedicarse a la campaña electoral.
Su nombre aparecía, en 2018, en un informe oficial del ministerio del Interior vinculado a la agrupación Ecuamineros, junto con Wilson Quesada; con Rosa Narváez, entonces líder de los Trabajadores Autónomos de Buenos Aires; Darwin País (alias Perico), encargado de mantener el 'orden' y que, según el documento, circula armado.
Ya el 13 de mayo, PRIMICIAS publicó un amplió informe sobre la situación de Buenos Aires -golpeada por delitos derivados de la actividad minera ilegal- en el que un exfuncionario de la Agencia de Regulación Minero explicaba que una de las soluciones al conflicto es que la empresa retorne la concesión al Estado y que éste se la entregue a los mineros organizados bajo un esquema de minería de pequeña escala.
Esto sería posible, explicó entonces el exfuncionario, si Hanrine pierde interés en IMBA02 o si estima que esa concesión no tiene reservas de cobre económicamente viables.
Hasta ahora no ha habido pronunciamientos oficiales de la empresa o del Gobierno.
Otros intentos fallidos
No es la primera vez que los mineros ilegales hablan de regularización. Ya lo intentaron antes desde la misma organización Ecuamineros.
Después apareció en el mapa Arclacova S.A. Según los registros de la Superintendencia de Compañías, su objeto era la extracción de minerales metalíferos.
La empresa está domiciliada en Machala y tiene cinco accionistas: uno de ellos es Vicente Cayambe.
En enero de 2017, él publicaba en sus redes sociales imágenes de una supuesta reunión que habían mantenido en Quito con la empresa concesionaria. En la foto aparecen, entre otros, Darwin País y Luis Valencia.
Y, el tercer intento por regularizarse se hizo de la mano de I.C.E, que se presentaba como empresa aunque no está registrada en la Superintendencia.
Según el Gobierno, América Reyes era la gerente y también buscaba la firma de un convenio con la empresa Hanrine.
Cuidando las inversiones a bala
Luis Valencia, en su comparecencia ante los medios en Quito, reconoció que en Buenos Aires “todos estamos armados porque debemos cuidar nuestras inversiones”.
El Gobierno sabe, como lo reconoció el ministro de Defensa, que hay elementos armados en el sitio; el ministro de Recursos Naturales aseguró, además que detrás de los casos de violencia están la guerrilla y el narcotráfico:
“Son grupos de poder que están peleando por esos recursos porque es un buen negocio para esas personas. Lamentablemente, están involucrados el narcotráfico, guerrilla"
Carlos Pérez, ministro de Recursos Naturales
El Gobierno, sin embargo, ha aplazado una acción de control.
El 17 de mayo, el general Carlos Alulema Miranda, director nacional de la Policía Judicial dijo a PRIMICIAS que el operativo de intervención estaba listo: "está preparado, estamos esperando a ver si se decide primero hacer un diálogo o si la orden es de intervención conjunta con las Fuerzas Armadas y las autoridades de control".
Más de un mes después, la ministra del Interior, María Paula Romo, narraba en su cuenta de Twitter que se había empezado una "nueva fase de ocupación y control de la zona de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura".
Lo dijo después de que, la madrugada del 23 de junio, se registrara un enfrentamiento entre dos grupos armados, que dejó cuatro heridos.
Informe
La Merced de Buenos Aires, una tragedia minera que degeneró en corrupción, violencia y extorsión
Informes de inteligencia de la Policía señalan que actualmente hay más de 2.000 mineros ecuatorianos, 2.000 venezolanos, unos 1.200 colombianos y 500 peruanos que llegaron atraídos por una enorme veta de oro. Quedan un legado de destrucción ambiental alarmante y un problema difícil de solucionar para el gobierno.
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