Una de las propuesta del Ejecutivo es la reducción permanente del 10% del salario de los funcionarios públicos. Desde el mismo Gobierno se reconoce que es imposible.
La propuesta en la Ley de Apoyo Humanitario dice que, después de que termine el plazo de la contribución solidaria, “se reducirá de forma permanente un 10% en la remuneración mensual de todos los funcionarios públicos de la Función Ejecutiva y empresas públicas, que tengan una remuneración igual o mayor a USD 1.000″.
El texto fue enviado por el presidente de la República, Lenín Moreno, a la Asamblea la semana pasada.
Las observaciones nacen, sin embargo, desde el mismo Ejecutivo.
David Álvarez, viceministro de Trabajo, reconoció que esa disposición es imposible de aplicar. Él compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico que analiza el proyecto de ley.
El funcionario explicó que las escalas salariales vigentes para los trabajadores y funcionarios tienen nombramiento definitivo en el sector público no pueden ser modificadas. Cualquier cambio, dijo, aplicará solo para las nuevas contrataciones. “La ley no es retroactiva”, insistió.
“Eso sería solo para la venidero. Para los que se encuentran en las escalas actuales no se podría hacer una rebaja a quienes ya tienen una remuneración establecida”.
David Álvarez, viceministro de Trabajo.
¿A quién se puede reducir el salario? Según el ministerio de Trabajo, una posible reducción salarial sólo podría ser aplicada a los funcionarios de libres remoción o a quienes están en la escala correspondiente al nivel jerárquico superior. Allí están, por ejemplo, asesores o consejeros de Gobierno.
Y, para ese cambio, no es necesaria una reforma legal porque es una atribución del Ministerio.
Álvarez insistió en que, si se quisiera una modificación general en la remuneración de los funcionarios públicos tendría que terminarse todos los contratos, pagar la liquidación correspondiente y hacer nuevos contratos.
Las cifras laborales durante la emergencia
El ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, aseguró que el Gobierno está actuando de forma inmediata para verificar las denuncias que se reciben por supuestos despidos intempestivos. Hasta este martes 21 de abril, las novedades registradas eran:
- 4.526 denuncias de trabajadores por despidos intempestivo.
- 702 inspecciones a los empleadores.
- 200 inspecciones de seguridad ocupacional.
- 25.550 empresas han suspendido de las actividades laborales.
- 393.258 trabajadores en este régimen de suspensión.
- 4.807 empresas se acogieron a la reducción de la jornada.
- 113.706 trabajadores con reducción de jornada.
- 1.487 empresas modificaron la jornada laboral.
- 18.320 trabajadores viven esa modificación.
- 104.275 empleados del sector privado están teletrabajando.
- 261.557 empleados del sector público están teletrabajando.
Poveda dijo, además, que se está activando el centro de mediación del Ministerio para lograr acuerdos entre los trabajadores y empleadores. Informó también que ha mantenido diálogos con los sectores empresariales -aunque no los identificó- que se han comprometido a recontratar a los trabajadores despedidos, luego de que termine la emergencia.
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