La petrolera New Stratus reclama a Ecuador USD 260 millones por daños

Petrolia, filial de la petrolera canadiense New Stratus Energy (NSE), reclama a Ecuador USD 260 millones en daños, luego de la negativa del Gobierno para renegociar sus contratos en los bloques petroleros 16 y 67.

La controversia con New Stratus Energy comenzó cuando la empresa compró el 35% de las acciones que la petrolera Repsol tenía en esos bloques, de los cuales era operadora.

Los contratos en los bloques 16 y 67 finalizan el 31 de diciembre, pero NSE buscaba ampliarlos por 15 o 20 años más.

Origen de la disputa

El traspaso de acciones tuvo lugar en España, en octubre de 2021. Aunque no era una condición vinculante por ser una operación internacional, NSE alega que solicitó y obtuvo la autorización del Estado ecuatoriano mediante un oficio del entonces ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, el 21 de noviembre de 2021.

Sin embargo, este permiso debía darlo Ecuador mediante un acuerdo ministerial y no un simple oficio, según el viceministro de Hidrocarburos, Rubén Espín. Dicho acuerdo ministerial no ha sido emitido hasta ahora, ha dicho Espín.

Para conceder esa autorización, el Ministerio de Energía ha solicitado a la filial de NSE en Ecuador, Petrolia, respaldos de su capacidad técnica y financiera.

Pero, según Petrolia, existe un pronunciamiento vinculante de la Procuraduría del Estado que avala la autorización del Ministerio de Energía concedida por oficio.

"La operadora sigue siendo la misma, con los mismos empleados, solo cambió su nombre de Repsol a Petrolia", dice Héctor Paz y Miño, asesor de la Junta Directiva de NSE.

Como no existe ese acuerdo ministerial, el Ministerio de Energía no ha conformado el comité para iniciar las negociaciones.

Camino cerrado

El Ministerio de Energía oficializó la decisión del Estado ecuatoriano de revertir los bloques 16 y 67, a cargo de la filial de NSE, el 31 de diciembre de 2022.

Según la Cartera de Estado, New Stratus, pese a que no había concluido con el trámite para obtener el acuerdo ministerial que le habilite legalmente a ser titular de los bloques, solicitó que se nombre una comisión a fin de negociar una posible extensión del contrato.

"Ni en la Ley, ni en sus cláusulas, existe para el Estado obligación de nombrar tal comisión", precisó el Ministerio.

La extensión del plazo de un contrato petrolero, es un acto de soberanía del Estado, que se da siempre que convenga a sus intereses y es por lo tanto una facultad discrecional de la Autoridad, por lo que ese comité no se instalará.

Con ello, la infraestructura y las operaciones de los bloques 16 y 67 serán revertidas al Estado al finalizar 2022.

Paz y Miño dice que el plazo para una negociación directa no ha concluido. Ecuador aún puede dar una respuesta favorable hasta el 25 de diciembre y evitar un arbitraje, agrega.

Petrolia ofrece subir la producción de 15.000 barriles diarios de petróleo a 25.000 barriles diarios. Lo anterior dejaría beneficios para Ecuador por USD 715 millones en los primeros dos años.

Si el Estado amplía los contratos, la petrolera ofrece realizar inversiones por USD 200 millones.

Ecuador dejaría de percibir todos esos recursos por la negativa de renegociar los contratos, enfatiza Héctor Paz y Miño.

Este 8 de diciembre de 2022, el ministro Santos se pronunció sobre el tema. En entrevista con Ecuavisa, afirmó que "Petrolia no tiene ningún historial, nunca ha perforado un pozo, nunca ha producido un barril".

Y recordó que en el Gobierno de Lenín Moreno se le negó la autorización para que adquiera los bloques de Repsol.

Santos recalcó que la Ley de Hidrocarburos establece que la compañía debe acreditar experiencia, solvencia técnica y económica.

No obstante, no descartó que Petrolia pueda participar en una próxima licitación, donde el Gobierno evaluará otras ofertas.

"El Estado no tiene ninguna obligación de extender un contrato si no es a través de una licitación. Darle a dedo un activo que vale USD 2.000 millones es antiético e ilegal", enfatizó.

Cuando finalice el contrato, Petroecuador se hará cargo de la producción. Según el ministro, esto duraría entre tres o cuatro meses.

Lo que sigue a una reversión

En el peor escenario, de una reversión de los bloques, Paz y Miño aclara que no existen pasivos ambientales, lo que ha sido certificado por consultoras autorizadas por el Ministerio del Ambiente.

En caso de que la reversión implique la desvinculación de personal, que no pueda ser reubicado en otras filiales de NSE, se realizarán las compensaciones previstas en la normativa ecuatoriana, añadió Paz y Miño.

De llegar a un escenario de arbitraje, este proceso se resolvería bajo las normas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral).

Noticia publicada a las 05:29 del 8 de diciembre de 2022, y actualizada a las 09:00 con declaraciones del ministro Santos.