Las decisiones de la Corte Constitucional y la consulta popular en Cuenca amenazan con frenar el desarrollo de varios proyectos mineros en Ecuador.
Problemas legales y la oposición de comunidades y de grupos ambientalistas son una traba para 12 proyectos mineros en Ecuador.
De ese total, tres proyectos son considerados estratégicos por el Gobierno: Loma Larga, de plata y oro; Río Blanco, de plata y oro; y Panantza-San Carlos, de cobre.
También existen nueve proyectos mineros en fase de exploración con problemas. Dentro de esa lista están:
- Imbabura: los proyectos de cobre Imba 2 y Llurimagua.
- Pichincha: Las concesiones para la explotación de oro en el Chocó Andino.
- Bolívar: Los proyectos Telimbela, de cobre; y El Torneado, de oro, cobre y molibdeno.
- Azuay: Los proyectos Ruta del Cobre y Vetas Grandes, ambos de cobre, oro, y plata.
- Loja: Caña Brava, de oro y cobre.
- Morona Santiago: Warintza, de cobre.
Por el momento, el único proyecto minero de oro que dejó de operar es Río Magdalena, en Imbabura, por decisión de la Corte Constitucional (CC), así como lo muestra el siguiente mapa:
Chocó Andino
Hay proyectos que corren el riesgo de paralizarse en la Mancomunidad del Chocó Andino, que está conformada por las parroquias Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, en la provincia de Pichincha.
Dentro de esa mancomunidad existen 12 concesiones mineras de tipo metálico, que abarcan una extensión de 17.000 hectáreas.
Además, otras seis concesiones están en trámite de aprobación y tienen una extensión de 9.000 hectáreas.
Para frenar la extracción de metales en esa zona, activistas ecológicos e integrantes de la Mancomunidad del Chocó Andino presentaron ante la Corte Constitucional una solicitud de consulta popular.
La Mancomunidad del Chocó Andino sostiene que la actividad minera es perjudicial para la biodiversidad de la zona.
La solicitud fue presentada el 29 de marzo de 2021. La Corte ya analizó el caso y deberá notificar su decisión en los próximos días.
Consulta popular
Mediante una consulta popular, el 80,9% de los 435.963 votantes de Cuenca apoyó el 7 de febrero de 2021 el cese de las actividades mineras en la zona de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.
La Corte Constitucional dictaminó que los efectos de la consulta popular serán únicamente hacia el futuro; es decir, no tienen un carácter retroactivo.
A pesar del dictamen de la Corte, aún existen dudas sobre el futuro de la minería en el cantón de la provincia de Azuay.
Patricio Vargas, presidente de la Cámara de la Minería de Azuay, dice que la consulta popular no puede detener los proyectos mineros que ya estaban en marcha y que son:
- Loma Larga: en fase de evaluación económica.
- Río Blanco: la mina estaba en fase de explotación, pero una decisión judicial paralizó sus operaciones. Informes de la Cámara de la Minería de Azuay aseguran que el proyecto está controlado por mineros ilegales.
- Ruta del Cobre: en fase de exploración y evaluación económica.
Sin embargo, autoridades del Municipio de Azuay y activistas señalan que los mineros están “irrespetando” los resultados de la consulta y señalan que los proyectos deberían detenerse.
Mientras que Vargas pide al Gobierno seguridad jurídica para continuar con los proyectos mineros.
Bosques protectores
A inicios de diciembre de 2021, la Corte Constitucional prohibió las actividades extractivas en el proyecto minero Río Magdalena, ubicado en el bosque protector Los Cedros, en el cantón Cotacachi, en Imbabura.
La decisión fue tomada porque el proyecto vulneraba el derecho a la naturaleza, al estar dentro un bosque protector.
Mauricio Almeida, coordinador zonal norte del Ministerio de Energía, advirtió que la decisión de la Corte podría tener un efecto dominó.
Según el funcionario, en adelante se podrían presentar acciones de protección contra proyectos mineros que se desarrollan en bosques protectores.
De acuerdo con el catastro minero, alrededor de 540 concesiones están ubicadas en bosques protectores.
Una de esas concesiones es Llurimagua, un yacimiento de cobre que también ha provocado un arbitraje internacional y la oposición de comunidades y de grupos ambientalistas.
Otra concesión, el Distrito Minero Camilo Ponce Enríquez, de pequeña minería de oro en Azuay, también podría paralizarse porque está dentro del bosque protector Uzhchurrumi, La Cadena, Peña Dorada, Brasil.
Más exportaciones en 2022
Los problemas en la industria ocurren mientras la minería busca un espacio para reactivar la economía de Ecuador.
El Ministerio de Energía tiene previsto que las exportaciones del sector minero sumen USD 2.238 millones en 2022, un 40% más que los USD 1.600 millones de 2021.
El incremento de las exportaciones obedece a las operaciones de la mina de oro Fruta del Norte y de cobre, Mirador. Ambas ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe.
El Gobierno espera que las inversiones en el sector minero asciendan a USD 1.809 millones en 2022, debido al inicio de la construcción de dos minas más: Curipampa, en la provincia de Bolívar, y Loma Larga, en Azuay.
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