Activistas solicitaron una consulta popular a la Corte Constitucional para prohibir la actividad minera en la zona del Chocó Andino. Una de las empresas mineras se defiende.
La oposición a las actividades extractivas en Ecuador ya no solo se limita a cantones como Cuenca, en la provincia de Azuay (al sur) y en Urcuquí, en la provincia de Imbabura, al norte del país.
Un nuevo punto de oposición a la actividad minera es la parroquia rural de Pacto, al norte de Quito, en la provincia de Pichincha.
En Pacto hay críticas de grupos ambientalistas, incluso de la Junta Parroquial de esa localidad, por supuestos daños ambientales provocados por la actividad de extracción de oro, especialmente en río Chirapi, que es un afluente del río Guayllabamba.
En Pacto existen siete concesiones mineras de tipo metálico que abarcan una extensión de 7.053 hectáreas: cuatro son de régimen general y tres de pequeña minería, como lo muestra el siguiente gráfico:
Actualmente, las empresas privadas realizan actividades de exploración y explotación en las concesiones de pequeña minería. Mientras que en las concesiones de régimen general, las compañías están en la fase de exploración.
La oposición se sustenta en que la parroquia fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Reserva de Biosfera Chocó Andino.
Y según los grupos ecologistas, allí no se deberían realizar actividades extractivas.
Desde diciembre de 2020, grupos antimineros montaron un control improvisado en la entrada a Pacto, evitando el paso de mineros y de maquinaria de las empresas mineras.
El Chocó Andino
Inti Arcos, coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, uno de las agrupaciones que se opone a la actividad minera, asegura que las actividades extractivas han ocasionado la contaminación del agua, la división de las comunidades y daños a la reserva ambiental.
Aunque, el coordinador zonal norte del Ministerio de Energía, Mauricio Almeida, dice que, en realidad, la actividad minera formal en el área es mínima y que la mayoría de empresas mineras -por ahora- se dedican a la fase de exploración y a la adecuación de sus campamentos.
"Lo que sí existe es presencia de mineros ilegales que se meten a las concesiones en busca de oro", dice Almeida.
Entre 2020 y abril de 2021, la Agencia de Regulación y Control (ARC) realizó cinco operativos y ocho inspecciones para combatir actividades mineras ilegales en Pacto.
De esos controles se desprenden los siguientes resultados:
Y el agua qué
Escoger entre el agua o el oro es la bandera de los grupos que se oponen a la minería en Pacto. Según ellos, el agua del río Chirapi estaría siendo contaminada con metales producto de la actividad minera.
Sin embargo, una consultoría de la Comisión Técnica de Minería Responsable, que aglutina a gran parte de las compañías mineras en el país, concluye que las muestras de agua tomadas en el río Chirapi no tienen presencia de contaminantes relacionados con las actividades mineras.
"No hay vestigios de residuos industriales", dice la consultoría técnica y, más bien, el estudio afirma que el río tenía concentraciones de coliformes totales y fecales entre medianas y altas. Es decir, estaba contaminado por aguas servidas.
Este tipo de contaminación obedecería a que las aguas residuales de la parroquia van directamente al río Chirapi, sin tratamiento previo.
Una vista del río Chirapi, en la parroquia de Pacto, en mayo de 2017. Cortesía www.notyouraverageamerican.com
Por el plebiscito
Activistas ecológicos e integrantes de la Mancomunidad del Chocó Andino presentaron ante la Corte Constitucional (CC) una solicitud de consulta popular para prohibir la actividad minera en el Distrito Metropolitano de Quito.
La solicitud fue presentada el 29 de marzo de 2021. Allí se plantearon cuatro preguntas a la Corte Constitucional con las que se busca prohibir la actividad minera metálica en el subsistema de áreas naturales protegidas del Distrito Metropolitano de Quito; y en la mancomunidad del Chocó Andino.
La mancomunidad del Chocó Andino está conformada por las parroquias de Pacto, Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito y Gualea, que forman parte del cantón Quito.
En esas seis parroquias hay más de 17.000 habitantes.
Por ahora, la Corte todavía no emite un dictamen sobre la petición de plebiscito.
En un comunicado, la mancomunidad del Chocó Andino reconoció que en esa zona existen 12 concesiones mineras y otras seis se encuentran en trámite, lo que pondría en riesgo al medio ambiente.
Una de las concesiones ubicadas en el Chocó Andino es Rumiñahui, que pertenece a la empresa ecuatoriana Natural Resources.
La empresa dijo a PRIMICIAS que respeta la postura de los grupos antimineros, pero considera que no tiene fundamento porque la minera no está contaminando ríos y el impacto al ambiente es mínimo.
Natural Resources argumenta que actualmente está en la etapa de exploración en la concesión Rumiñahui, de 3.000 hectáreas. Este proceso tomaría alrededor de ocho años.
"Los grupos antimineros consideran que se va a desarrollar minería artesanal, pero en realidad, lo que se hará es minería técnica y en un espacio muy reducido", informó la empresa Natural Resources.
Aunque está en fase de exploración, la empresa dice que ya está comprometida para impulsar el desarrollo agrícola y ganadero de la zona del Chocó Andino.
Al respecto, existe otro grupo de pobladores del Chocó Andino que considera que la actividad minera formal impulsará el empleo y el desarrollo de las parroquias quiteñas.
Estalin Andrango, representante del Frente Ciudadano en Pacto, piensa que los pobladores de la parroquia ven en la minería una fuente de empleo.
"Grupos ajenos a la parroquia se oponen al desarrollo de la zona", reclama Andrango, en momentos en que el desempleo es una de las mayores preocupaciones de la comunidad.
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