El director de Negocios Mayorista y de Asuntos Públicos de Telefónica Hispanoamérica, José Juan Haro, habla con PRIMICIAS sobre la renegociación de los contratos del espectro radioeléctrico y la posible implementación de 5G en Ecuador.
Mientras Colombia comienza desplegar sus redes de quinta generaciones de tecnología inalámbrica (5G), Ecuador aún está en el proceso para renegociar los contratos de renovación de licencias del espectro radioeléctrico de 4G.
Inicialmente, el Gobierno del presidente Daniel Noboa dijo que renegociación de contratos no incluye la entrega de bandas de frecuencia adicionales para el desarrollo de la red 5G.
Aunque, recientemente, el ministro de Telecomunicaciones, César Martín, aseguró a PRIMICIAS que "una vez que las concesionarias logren la renovación del servicio, podrán solicitar el acceso a las bandas necesarias para 5G, a los precios establecidos".
El actual Gobierno, que estará en el poder durante un año y medio, renegocia los contratos con los operadores Movistar (de la empresa española Telefónica) y de Claro (de la mexicana América Móvil), cuyo plazo máximo es septiembre de 2024.
Eso después de que la administración de Guillermo Lasso no resolviera la renovación de los permisos, debido a que dejó el poder de forma anticipada por la declaratoria de la muerte cruzada.
"El anterior gobierno ni siquiera puso una propuesta económica sobre el mesa", dice José Juan Haro, director de Negocios Mayorista y de Asuntos Públicos de Telefónica Hispanoamérica.
En entrevista con PRIMICIAS, Haro habla sobre la renegociación de los contratos del espectro radioeléctrico y la posible implementación de 5G en Ecuador que, según el Ministro de Telecomunicaciones, podría darse en 2025.
José Juan Haro, director de Negocios Mayorista y de Asuntos Públicos de Telefónica Hispanoamérica. Cortesía Telefónica
Empresas de tecnología, como Huawei, tienen planes para el despliegue de 5G e, incluso, ya hablan del 6G en el mundo. Pero, en Latinoamérica hay países que apenas tienen 4G, como es el caso de Ecuador. ¿Desde Telefónica cómo ven el avance de la aplicación nuevas generaciones de tecnología inalámbrica, como el 5G?
Como Telefónica Hispanoamérica operamos en ocho países de la región. En cinco de ellos hemos adquirido el espectro 5G, estamos desplegando red de 5G o proveemos servicios de 5G.
El primero de los países fue Chile, que tiene un despliegue nacional de 5G; pero también proveemos servicios de 5G en México y hemos adquirido el espectro en Argentina, Uruguay y Colombia. En ese último país lo hemos hecho en conjunto con Tigo.
En Ecuador, todavía no ha habido a ninguna licitación de 5G, y eso de alguna manera está vinculado a la conclusión del proceso de renovación de las concesiones, que se refiere a todas las bandas de espectro con que se opera a día de hoy en Ecuador.
Este, desafortunadamente, es un proceso que no pudo concluir la administración anterior y que el Gobierno del presidente Daniel Noboa, bajo el liderazgo del ministro César Martín, está intentando culminar.
Vemos con mucha atención este proceso y, por supuesto, estamos absolutamente interesados en renovar nuestro compromiso con el Ecuador y así seguir desarrollando nuestras actividades en el país.
¿Qué lecciones deja la experiencia de la adquisición e implementación del 5G en otros países de la región, que deberían considerarse para el proceso en Ecuador?
En primer lugar, diría que lo que no está viendo la industria es un cambio estructural en los ingresos o en el comportamiento comercial con el 5G. Básicamente, se provee esta nueva tecnología, pero el impacto en ingresos ha sido bastante menor a nivel regional.
Yo diría que el principal reto hoy día en los países de Latinoamérica está más concentrado en la expansión de la cobertura, intentar que el acceso a datos al Internet móvil se pueda proveer en todo el territorio nacional. Para eso, por supuesto que no es necesario el 5G, con el 4G desplegado a nivel nacional es suficiente.
Evidentemente, hay un conjunto de retos para que este objetivo de máxima cobertura del Internet se pueda superar. En primer lugar, tenemos retos de carácter regulatorio, altas expectativas asociadas a costo del espectro; que hay que revisar. Creo que esto se testimonia muy claramente -por ejemplo- en las recientes decisiones sobre renovación de espectro y en las condiciones de licitación de 5G de Colombia.
Colombia es un mercado 2,5 veces más grande que Ecuador, por lo que se debe mirar con atención para tener conciencia sobre cómo las autoridades colombianas han llegado a la convicción de que el momento económico por el que atraviesa la industria es distinto. Y, por lo tanto, tienen que ajustarse las expectativas que se tiene en todo el espectro.
Además, en el caso de Ecuador existía un problema, que está en vías de solución, que es una norma sobre tasas de uso de espectro. Lo que hace es cobrar más a los operadores cuanto más expanden en su cobertura, lo cual es un contrasentido. Tendería pensar que más bien hay que premiar la expansión de la cobertura, porque esto beneficia a más ecuatorianos.
Lo que hace (Ecuador) es cobrar más a los operadores cuanto más expanden en su cobertura, lo cual es un contrasentido
Otro tema que destacaría en el caso de Ecuador, es que, desafortunadamente, los operadores en el país gestionamos anchos de banda, es decir, cantidad de espectro que tenemos a nuestra disposición, bastante pequeños.
En la región, donde se maneja 4G, conjuntamente con 3G y 2G, diría que lo normal es que estemos hablando de asignaciones de entre 100 y 120 megahercios (MHz, es la unidad de medida de velocidad en que los datos se mueven dentro y entre componentes, ndr.) y, en algún caso en 140 MHz.
En Ecuador se opera con mucho menos, lo que es un reto que claramente tiene impacto en las posibilidades de expansión del servicio.
Estoy convencido de que con la actual administración, por supuesto, estaremos en capacidad de definir los términos y condiciones bajo los cuales la industria podrá continuar operando por los próximos 15 años.
Las operadoras también han asegurado que las licitaciones resultan caras, como ha sido el caso de México, en donde Telefónica devolvió el espectro.
Desafortunadamente, no vemos un crecimiento de los ARPU, que son los ingresos por usuarios. Por lo cual, tenemos un reto, porque lo que sí ocurre es que el consumo de los usuarios crece, lo que obliga a realizar inversiones incrementales en redes.
En el Mobile World Congress comentábamos que es difícil cuadrar una ecuación en la que los ingresos caen y los costos suben, lo que comprime los márgenes.
Eso obliga a pensar en mejorar la estructura de costos para poder atender mejor a los clientes. Uno de los mecanismos para mejorar la estructura de costos es compartir el espectro, otro de esos mecanismos es compartir la inversión en infraestructuras.
Por ejemplo, en México devolvimos todo el espectro y apagamos más de 10.000 nodos de nuestra red y migramos todo el tráfico de nuestros clientes a la red AT&T. Con eso indirectamente hicimos que el espectro de AT&T tenga dos operadores en lugar de uno. En el fondo, eso permitió distribuir el costo del espectro entre dos y reducir el costo total. Lo mismo con el uso en la red.
En un escenario en el que los ingresos están estancados o no crecen, los mecanismos de compartición son herramientas que permiten a la industria gestionar mejor sus márgenes y continuar siendo sustentable financieramente.
¿Esa dinámica se podría aplicar en Ecuador?
El foco que tenemos hoy es que la renegociación de nuestras concesiones, poder definir precios adecuados para las bandas de espectro con las que operamos y también para el caso de 5G. Ese es nuestro plan principal. Pero, al igual que en el resto de países, mantenemos la disposición para hablar con otros operadores, con América Móvil (Claro, ndr.) y CNT.
Con CNT tenemos un acuerdo de intercambio de sitios, por decirlo de alguna manera, que vino operando a una escala bastante pequeña. Creo que es una señal de esta disposición que tenemos a desarrollar alianzas.
¿Cómo se explica al aumento de la demanda y la caída de los ingresos por usuario de las empresas de telecomunicaciones en Ecuador y Latinoamérica?
El aumento de la demanda es de datos.
Nosotros medimos los datos que usa el cliente (DOU, por sus siglas en inglés) con lo que se evidencia que cada vez los usuarios usan más datos, debido a la introducción de servicios más demandantes en video y de nuevas tecnologías.
La GSMA (organización mundial de operadores móviles y compañías relacionadas, ndr.) calcula que a nivel regional la media de uso de datos está en alrededor de los 12 gigabytes al mes. En algunos países, como puede ser el caso de Chile, un usuario puede con consumir hasta 20 gigabytes al mes. Esta es una industria intensamente competitiva, pero lo que pasa típicamente es que los operadores cobramos a los usuarios por su consumo mensual y se va ajustando en el tiempo la cantidad de datos que pueden usar.
Eso significa que por el mismo precio cada vez se usan más datos. Eso supone que los ingresos no crecen, pero que los costos sí, porque ahora tenemos que entregar más datos, ampliar la capacidad.
Es decir, ¿la mayor demanda de datos implica aumento de inversión para las operadoras?
Por supuesto, esto requiere de una intensidad inversora superior.
¿Cómo invierten las operadoras en países donde priorizan la recaudación en las negociaciones del espectro?
Nos parece que la visión recaudatoria es equivocada. Nos parece que el impacto fundamental de la economía digital que las telecomunicaciones sustentan viene expresado por otras actividades económicas, por ejemplo:
- Por el incremento de uso de tecnologías como la inteligencia artificial.
- A través de la incorporación creciente de nuevas formas de trabajo, educación y salud remotas.
Nos parece que la visión recaudatoria es equivocada.
Al final del día, se pone en riesgo la existencia de los operadores cuando pretendemos cobrar por el espectro una suma que no pueden pagar, lo que termina siendo más perjudicial para el país.
La idea en este caso es definir costos de espectro que permitan que los operadores sigan activos, pero que también sean sostenibles financieramente, que puedan generar rentabilidad; que puedan, por tanto, retribuir debidamente las inversiones que realizan sus accionistas.
El ministro de Telecomunicaciones de Ecuador ha dicho que el Gobierno propone que una vez que se apruebe la valoración del espectro, todas las bandas del espectro ecuatoriano queden valorizadas, con lo que las empresas podrán solicitar acceso a bandas necesarias para 5G. ¿Lo planteado es viable o se necesitan ciertos ajustes o cambios?
Nosotros hemos escuchado las declaraciones públicas de del Ministro y nos parecen positivas.
Estamos atentos para retomar el proceso de renegociación.
Si, además de renovar, hay posibilidad de acceder a espectro 5G estamos interesados, como ha ocurrido en cinco de los ocho países en los que ya operamos.
La clave es que las condiciones sean razonables y que permitan garantizar la sostenibilidad financiera de nuestro operador en Ecuador en el largo plazo.
¿Cuáles son las implicaciones de la implementación del 5G para los ciudadanos y las empresas?
El 5G es una evolución tecnológica sobre la red, con la que el desempeño de los datos que reciban las personas sea mejor, que permita descargar y ver de forma más rápida.
Para el sector económico, la promesa es permitir la mejora de los procesos industriales.
La incorporación de tecnologías puede mejorar sensiblemente la productividad de actividades económicas, como la camaronera y la bananera. Pero, actualmente, con 4G estamos desarrollando redes privadas virtuales para esos sectores.
La característica más rleevante de 5G para la insustria es que en teoría permite ser mucho más eficiente en la generación de datos.
El Ministro de Telecomunicaciones ha dicho que ve factible que el 5G esté operando en 2025. ¿Ustedes coinciden?
Somos operadores privados extremadamente respetuosos de las decisiones de las autoridades. Es a las autoridades a las que les toca retomar estos procesos, concluirnos y llevarlos a la realidad.
¿Se va a cumplir el plazo para la renegociación de los contratos del espectro radioeléctrico, que culmina en septiembre de 2024?
Los tiempos pactados en nuestros contratos fueron largamente superados. La anterior administración debió haber concluido la renovación en tiempo y forma, no fue capaz de hacerlo.
La anterior administración debió haber concluido la renovación en tiempo y forma, no fue capaz de hacerlo.
Entendemos que el nuevo plazo de septiembre es el objetivo que se ha planteado el actual Gobierno. Pensamos que es alcanzable. Y si acaso si se pudiera concluir antes, pues sería espectacular.
¿Por qué dice que la anterior administración de Guillermo Lasso no fue capaz de concretar la negociación?
El anterior gobierno ni siquiera puso una propuesta económica sobre el mesa.
Las razones por las cuales aquello no ocurrió podrían preguntarles a los representantes de la anterior administración.
Y, ¿ha habido una propuesta económica del actual Gobierno del presidente Daniel Noboa?
La actual administración va a retomar el proceso. Entiendo que ha concluido con sus análisis. Lo está haciendo de modo muy responsable. Tan pronto se reabra el proceso, nosotros participaremos formalmente.
El Gobierno ha dicho que una prioridad de la renegociación es garantizar cobertura a las comunidades rurales. ¿Ustedes ven factible llegar a esas zonas? Y, ¿qué retos supone llegar a esas zonas?
A nosotros nos interesa muchísimo cubrir todo el territorio. Compartimos la visión de que lo más relevante es la provisión del servicio en la cobertura antes que la intención recaudatoria.
Pero, ¿qué tan factible es que lleguen a zonas con problemas de conectividad, como las Islas Galápagos?
En Galápagos se instaló Internet satelital de Starlink. Con eso, yo creo que las comunicaciones mejoraron sensiblemente.
El problema normalmente de las islas, de los territorios no conectados geográficamente por vida terrestre con los países es que conectarlos con el área continental tiene un costo relevante. Creo que la incorporación de este tipo de soluciones satelitales mejoró bastante la cobertura en las Islas.
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