Si gana la consulta impulsada por Yasunidos habría que terminar contratos por USD 1.171 millones, con 51 proveedores en el bloque petrolero ITT, lo que puede traer demandas de arbitraje.
Un eventual cierre de las operaciones petroleras en el bloque 43-ITT obligaría a la petrolera estatal Petroecuador a terminar, de manera anticipada, 74 contratos con proveedores, lo que podría derivar en arbitrajes.
El 20 de agosto los ecuatorianos volverán a las urnas, en unos comicios extraordinarios que incluyen una consulta sobre si se debe terminar la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía.
Si gana el Sí, Petroecuador tendrá un año para desmontar la infraestructura del bloque ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini).
El cierre de operaciones implicará también terminar los contratos que Petroecuador tiene con 51 proveedores, entre empresas locales, estatales y extranjeras.
Contratos millonarios
Petroecuador ha firmado 74 contratos por un total de USD 1.171 millones para la prestación de distintos servicios en el ITT, que van desde la perforación de pozos hasta la provisión de equipos y repuestos.
La mayor contratista de Petroecuador en el ITT es CNPC, el mayor holding estatal de China dedicado a la producción de petróleo y gas y a la prestación de servicios petroleros.
CNPC tiene dos contratos en el ITT. El primero por USD 350 millones para la perforación de 40 pozos en el campo Ishpingo, que finaliza en enero de 2024.
Y, un segundo contrato por USD 173 millones para la perforación de 24 pozos en Tambococha, que vence en diciembre de 2023.
Le siguen los contratos de la empresa ecuatoriana Sertecpet para la evaluación de pozos e instalación de infraestructura; la francesa Schlumberger, para la provisión de equipos, y el holding estatal Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec), para el suministro de electricidad.
Además, Petroecuador tiene contratos para el reacondicionamiento de pozos, transporte de fluidos, transporte fluvial, compra de repuestos y estudios de impacto ambiental con varias empresas (ver cuadro).
Y la petrolera ha firmado compromisos con siete comunidades, que viven en el área de influencia del bloque 43-ITT.
La terminación de los compromisos con las comunidades implicaría para Petroecuador el pago de USD 40 millones por indemnizaciones.
Además, se perderían 915 puestos de trabajo en el ITT para personas de las mencionadas comunidades.
Indeminizaciones inciertas
La Corte Constitucional dio a Petroecuador un plazo de un año para que cierre las operaciones en el ITT, si gana el Sí en la consulta impulsada por el colectivo ambientalista Yasunidos.
Dado que la mayoría de los contratos vigentes termina entre 2023 y 2024, esto no representaría "un riesgo de pago de altas indemnizaciones por parte del Estado", dijo la Corte en el fallo que dio paso a la consulta popular.
Pero la Corte Constitucional admite que no pudo determinar con precisión el valor de esas indemnizaciones.
El gerente de Petroecuador, Ramón Correa, dice que un año no es suficiente. "Habría posibles problemas jurídicos futuros con las empresas", dijo Correa durante la rendición de cuentas de Petroecuador.
"Las empresas van a reclamar y Petroecuador entraría en líos legales", insistió Correa.
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