La Corte Constitucional, una figura incómoda ante los estados de excepción

El control de los estados de excepción se volvió más estricto desde el reemplazo de la denominada ‘Corte Cervecera’. La pugna entre ambas instituciones se inauguró en el anterior Gobierno, durante la pandemia.

El control de los estados de excepción realizado por la Corte Constitucional (CC) ha colocado a esta institución en el centro de las críticas desde el Ejecutivo. Las crisis sanitaria y ahora la carcelaria, junto a la capacidad de acción estatal para afrontarlas, han puesto a la Corte en un papel “enemigo” ante los gobiernos.

El último capítulo en estos enfrentamientos se dio a propósito de la última matanza en la Penitenciaría del Litoral.

El presidente Guillermo Lasso “llamó la atención” de la Corte y dijo que “la fuerza pública no puede actuar para proteger”, con referencia a la prohibición de que las Fuerzas Armadas ingresen a las cárceles.

Pero estos cuestionamientos contra la CC se inauguraron ya en el gobierno de Lenín Moreno. Las críticas del expresidente y su equipo de trabajo fueron por la limitación de los estados de excepción por la crisis sanitaria.

Ambos casos son muy similares: la Corte pide a los gobiernos que busquen la manera de superar las crisis por fuera de los estados de excepción, y los gobiernos responden con cuestionamientos por no poder hacer su trabajo.

Una pugna nueva

Estos cruces entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional son nuevos, justamente por lo nuevo de la Corte Constitucional, que va a cumplir tres años en funciones en febrero de 2022. Los nueve magistrados acordaron que el control de los estados de excepción debía hacerse de inmediato.

Esta acción de la CC contrasta con la de sus predecesores, de la llamada ‘Corte Cervecera’, destituida por el Consejo de Participación Transitorio.

Esos magistrados, que trabajaron la mayor parte del gobierno del expresidente Rafael Correa, tardaban en promedio un año en verificar los estados de excepción. Según el informe de evaluación a esos magistrados, hubo cuatro casos en los que se demoraron más de cuatro años en verificar la constitucionalidad de los estados de excepción.

Según la evaluación, la Corte no encontró incumplimientos o hizo precisiones en ninguno de los 91 decretos del entonces presidente Correa. Este fue uno de los argumentos para la destitución de los magistrados de la ‘Corte Cervecera’.

Una Corte que no deja pasar

Además de la agilidad de trámite de los controles de constitucionalidad de los estados de excepción, la actual CC ha llevado un trabajo más estricto. De entre los decretos emitidos por los Presidentes, casi ninguno se ha librado de cuestionamientos y delimitaciones.

Con el expresidente Moreno, la Corte fue especialmente dura, sobre todo durante la pandemia. Los jueces frenaron las intenciones del entonces Mandatario de restringir derechos ciudadanos pasados los primeros meses de la crisis sanitaria, pidiendo al Gobierno que busque maneras de manejar la pandemia de Covid-19 sin estas medidas.

Con el presidente Lasso, la tónica parece mantenerse. El Mandatario ha decretado cuatro estados de excepción y todos han recibido ajustes en el control de la Corte:

Sobre la declaratoria en El Oro y Guayas por el avance de la variante Delta, la CC insistió en que el Gobierno pase en la Asamblea una iniciativa legal para controlar los efectos de la pandemia sin un estado de excepción. La iniciativa no ha recibido prioridad en el Legislativo.
En la renovación de ese estado de excepción, la Corte declaró inconstitucional la pretensión del Gobierno de que puedan circular libremente solo las personas con carné de vacunación.
En el estado de excepción sobre las cárceles, insistió en la implementación de medidas que ayuden al sistema penitenciario. Los magistrados también advirtieron a la Defensoría del Pueblo estar alerta ante posibles violaciones a los derechos humanos de los presos.
Sobre la inseguridad en el país, la Corte “condicionó” el estado de excepción a ciertas provincias y lo limitó a 30 días.

Estados de excepción en las cárceles: 240 días en excepción

La crisis carcelaria comenzó a mediados de 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno. El primer estado de excepción en los centros de rehabilitación social se decretó en mayo de ese año, pero el número de muertes en su interior siguió aumentando.

Con el último decreto del presidente Lasso, suman ya 240 días en estado de excepción en las cárceles, es decir ocho meses. Durante este tiempo, las Fuerzas Armadas se movilizaron para apoyar en las labores de control en los perímetros exteriores.