La Fiscalía en la mira

En general, Ecuador no ha tenido fiscales que infundan respeto entre la ciudadanía y menos aún entre la delincuencia, sobre todo la de cuello blanco, la que llega a gobernar por voto popular. De hecho, muchos de los representantes del Ministerio Público han sido parte, por acción u omisión, de los grandes desfalcos al país. Afortunadamente, la historia se encargará de ponerlos en el sitial que merecen, el de la compasión y la indiferencia.

Pero no todo ha sido así en la parroquia. Gente respetable también ha llegado a ese espacio. Edmundo Durán Díaz, Fidel Jaramillo Terán, Fernando Casares Carrera, Mariana Yépez Andrade. Todos los mencionados ocuparon el cargo cuando la fiscalía carecía de las atribuciones institucionales que ahora tiene y, como consecuencia de ello, su gestión no era un objetivo principal entre los políticos mediocres, aquellos que usan la justicia para resolver sus entuertos. En esa época, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia era la gallina de los huevos de oro.

Ahora ser fiscal general importa mucho más no solo para la justicia penal sino también para el entorno político.

Por ello, para la delincuencia que se presenta a elecciones siempre será mejor tener en ese espacio a alguien pusilánime, temeroso del grito de quien le entregó el cargo. Dado que la fiscal Diana Salazar ya no está en el radar y que su salida del cargo se acerca, las hambrientas miradas girarán en la búsqueda de quien pueda actuar como subalterno de los intereses políticos de la coyuntura. Aunque hay cientos de abogados gustosos de jugar el papel de esbirro del poder, lo que resta por ver es a qué patrón deberán dirigir sus atenciones.

En ese escenario, las preferencias preelectorales de los meses siguientes serán definitivas. La segunda mitad de este año, por tanto, no solo definirá quiénes se encuentran mejor posicionados de cara a los comicios de 2025, sino también cuáles son los perfiles de los candidatos a suceder a Salazar.     

Por lo dicho, la ciudadanía debe estar atenta a lo que se viene con el proceso de selección de fiscal general que tendrá que realizar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Efectivamente, ese maloliente reducto de intereses mezquinos es el que deberá liderar la búsqueda del reemplazo de Salazar y, como de ese antrillo nada bueno puede salir, lo que le resta a la dignidad del país es estar alerta y abrir bien los ojos y los oídos a las directrices del concurso para el que, desde ya, los pomposamente llamados consejeros deberán estarse frotando las manos. No sería de extrañar que ya hayan empezado las visitas protocolarias para ponerse a disposición de los que más ofrezcan. En ocasiones, la entrega de espacios de poder político es una moneda de intercambio aún más valiosa que el propio dinero. Nada es coincidencia en política. Algunas señales ya se ven en el ambiente.

Así, frente al desolador panorama descrito, la esperanza está en que algunos de los abogados penalistas que tiene el país, de aquellos conocedores de la materia y a la vez íntegros en su proceder, asuman el compromiso cívico de postular al cargo de fiscal general. No existirán los recursos económicos, teñidos de corrupción y narcotráfico, que abanderarán al resto de candidatos, pero sí el apoyo de una ciudadanía harta de contar con funcionarios públicos de la peor ralea.

Ahí hay un compromiso que deberíamos asumir los distintos sectores sociales interesados en que la fiscalía no se convierta en nido de corruptos y mediocres, como desafortunadamente ha sido la tónica durante buena parte de la vida democrática del país.

En el plano personal y salarial, el cargo de fiscal general seguramente deja más pasivos que activos, desde luego; sin embargo, el hecho de ser observado como un referente ciudadano todo lo compensa. Esperemos que esa selección de fiscal general no sea como la gran mayoría de concursos que se realizan el país: un desfile de recaderos del poder político de turno.