Charles de Gaulle, presidente y héroe francés, no habría imaginado jamás que las instalaciones de líneas arquitectónicas modernas y desafiantes, mimetizadas con el paisaje andino, que lo deslumbraron cuando en su visita a Ecuador, en 1964, fue huésped ilustre del Hotel Quito, décadas después estarían expuestas a un grave riesgo, debido a la confabulación de unos extraños personajes que pretenden usufructuar económicamente de ese balcón de los Andes.
La pretensión de levantar rascacielos con cientos de apartamentos de vivienda y negocios anularía la esplendidez de ese singular vértice de la capital, porque ocultaría el paisaje, además de trastocar la vida de quienes pueblan las zonas colindantes, ya que los servicios básicos se afectarían.
La venta del Hotel Quito, propiedad del Instituto de Seguridad Social (IESS), a la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC), se realizó en 2016, cuando el país era gobernado por Rafael Correa; Richard Espinosa presidía el Consejo Directivo, y Carlos Pólit, como contralor General del Estado, firmó una auditoría.
Solo esos nombres juntos despertaron dudas razonables sobre el destino de una edificación y sus instalaciones, que son parte de la vida y la historia de la capital, desde que el arquitecto Charles Foster McKirahan lo diseñara, y el presidente Camilo Ponce lo inaugurara, en 1960.
Para concretar la venta por USD 30,8 millones hubo una operación opaca y tramposa, que comenzó en 2014, cuando, sin soporte técnico, se cambió la ficha que determinaba que se trataba de un bien patrimonial, y se excluyó parqueaderos y jardines; lo que significa que en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) se manipuló información esencial.
Por eso, la ficha que propició la venta y que consta en el contrato de la empresa china no tiene respaldo jurídico del Municipio, lo que implica ausencia de legalidad; pero, prevalida de poder y apoyos influyentes, la empresa china alude a inseguridad jurídica como respuesta al pedido de nulitar la transacción.
La negociación del Hotel Quito parece haber sido parte de los acuerdos que el Gobierno de Correa hizo con empresas chinas, por lo que alterar información sobre un bien patrimonial bien pudiera haber sido “una disposición” desde los más altos niveles a funcionarios que, en lugar de denunciar, actuaron con una conducta deleznable.
En la venta se habrían configurado otras acciones reñidas con la ley porque un peritaje había establecido que el valor de las tres áreas del complejo hotelero era de USD 46,7 millones, pero solo se pagó 30,8 millones; y porque nadie sabe, hasta hoy, si se pagó el valor a la CFN, de una operación efectuada en la Bolsa de Valores.
Todos estos hechos han llevado a librar una batalla por el Hotel Quito, que ha configurado un escenario de acción ciudadana extraordinario, al juntar a los Comités Pro-Mejoras del Barrio la Floresta y la González Suárez; a moradores de Guápulo y La Paz; al Colectivo ‘Hotel Quito es Quito’; a la Mancomunidad de Barrios, al Colegio de Arquitectos, los Jubilados del IESS, el Cabildo Cívico y a miles de quiteños que se han declarado en resistencia en defensa de un bien tangible e intangible a la vez.
Una edificación icónica de la modernidad de Quito, con un maravilloso y armónico entorno, que fue Premio al Ornato 1961, por lo que no están dispuestos a perderlo.
Tampoco van a permitir que se levanten rascacielos con un modelo de negocio rapaz que privilegia el dinero, a costa de acabar con el patrimonio y afectar la calidad de vida de la gente.
En reuniones, asambleas y conferencias con expertos, la ciudadanía que se ha mostrado dispuesta a salvaguardar un bien público, ha contribuido a desmontar un complot que se habría orquestado para apropiarse de un complejo de un gran valor estético por su paisaje y por la relación ciudad naturaleza.
El 9 de diciembre de 2020, la Comisión Nacional Anticorrupción denunció en la Fiscalía General del Estado la venta del Hotel, sospechando que se habrían cometido al menos cuatro presuntos delitos: peculado, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado e, incluso, asociación ilícita.
Por lo que pidió la reversión de la venta al Instituto.
Con esa figura parece coincidir Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IESS, quien ha hablado de la posibilidad de recuperar el hotel Quito.
Por todo esto, resulta inexplicable que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, que ha guardado silencio por largo tiempo, cuando se ha pronunciado haya compartido con la empresa china el criterio de que “el predio de los parqueaderos no es una edificación patrimonial”, contradiciendo el Acuerdo Ministerial 075 del Ministerio de Cultura, del 30 de abril de 2024, que ratifica la condición patrimonial integral y absoluta del inmueble, incluidos todos sus predios.
Pero cuatro exalcaldes de Quito: Roque Sevilla, Paco Moncayo, Andrés Vallejo y Augusto Barrera le han recordado que una resolución del Concejo Metropolitano del 17 de abril de 1959 declaró “de utilidad pública los ocho predios que ahora conforman los jardines y estacionamiento del Hotel Quito en la Partida de Guápulo”.
Es momento de que el alcalde Muñoz tome partido por la ciudad que lo eligió; solo así su gestión se desmarcará de la venta del Hotel Quito, hecha años atrás y considerada un complot contra la ciudad.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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