Si hubiesen leído a Maquiavelo, el asesor político más reconocido de la historia, quien escribió “que es menester saber encubrir las acciones y ser hábil en el disimulo”, habrían hecho algún esfuerzo para no ser tan descaradamente patéticos y dejar en evidencia que el odio y el miedo les ha afectado el raciocinio.
El malévolo y temerario ataque que ha recibido en las últimas horas la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por parte del ex asambleísta correísta Ronny Aleaga, prófugo de la justicia, para intentar minar su credibilidad, solo confirmaría que lo desvelado en Metástasis y Purga es dolorosamente cierto.
La gravedad de los dos casos que envuelve a las mayores organizaciones partidistas con la narcopolítica, debe mantenerles en ascuas ante el temor de que salgan más chats de los teléfonos incautados, por lo que, agazapados en sus miserias políticas, saben que, si cayeron dos ex asambleístas, podrían caer tres. O más.
Y eso les tiene urdiendo historias funestas.
Metástasis y Purga han retumbado con la misma fuerza con que las trompetas hicieron que los muros de Jericó se viniesen abajo, solo que aquí no hay sacerdotes tocando los cuernos de carnero, sino una mujer de origen humilde, mimetizada con el Ecuador profundo y marginado, gritando con valentía y arrojo las verdades que laceran al país.
A punto de cumplir cinco años al frente del Ministerio Público -de los seis para los que fue elegida, en 2019- Diana Salazar es la funcionaria más mencionada de Ecuador ante cuyas acciones nadie queda impasible. Y contra quien hay, cada cierto tiempo, oleadas de ataques. Verdaderos tsunamis, de los que suele salir ilesa.
La batalla de Salazar comenzó mucho antes de ser fiscal general, cuando en 2015 dirigió la investigación del caso FIFA Gate, por blanqueo de dinero, y mandó a la cárcel a dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).
Después, ya en el Ministerio Público, fue por Odebrecht, INA Paper, Coca Codo Sinclair y otros, hasta llegar a Metástasis y Purga; la narcopolítica penetrada en Ecuador, que envuelve a jueces, fiscales, abogados, generales de la República y a exasambleístas.
A Diana Salazar la han zaherido y perseguido tantas veces cuantas ella ha levantado las alfombras que cubrían la mugre de la corrupción y ha dejado expuestos a personajes de todos los niveles.
Una mañana de febrero de 2023 allanó el mismísimo palacio de Carondelet por el caso Petroecuador y la respuesta del poder fue “rotar” a 37 agentes policiales que trabajaban a órdenes de la Fiscalía, investigando casos muy serios.
Solo la presión de la opinión pública logró revertir semejante torpe retaliación.
Son memorables las batallas que libró con el Consejo de la Judicatura dirigido por Wilman Terán, quien pretendió suspenderla, cuando el país aún desconocía que la institución que él presidía había sido penetrada por el crimen organizado; nunca lo logró.
Igual de memorables fueron las libradas con el CPCCS de Alembert Vera -exabogado de Correa-, quien buscó destituirla, a cuenta de una denuncia sobre el supuesto plagio de su tesis de grado, hecha por la esposa de un ex defensor del Pueblo sentenciado y destituido, aunque todo fue desmentido por la propia universidad que graduó a Salazar.
En un país excluyente y racista, Diana Salazar, blindada con su propia dignidad, ha mandado a callar a legiones de trogloditas, y por eso la tienen jurada contra ella.
Era el 7 de septiembre de 2020 y el país sintió un sacudón sísmico cuando el Tribunal de Casación, integrado por tres conjueces, acogiendo el pedido de Salazar, condenó a Rafael Correa a ocho años de prisión e inhabilidad política por el caso Sobornos 2012-2016.
Fue el comienzo del fin del déspota, mientras la historia política del país daba un giro copernicano.
El caso Arroz Verde destapado por Fernando Villavicencio, Christian Zurita y Cristina Solórzano, de los portales Mil Hojas y La Fuente, que sacó a la luz el chantaje a las empresas desde el Gobierno de Correa recibía su castigo, y dejaba a su líder en condición de héroe de bisutería.
Con él cayeron Jorge Glas, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Viviana Bonilla, Christian Viteri y diez empresarios.
A partir de allí, el lobby internacional liderado por el socialismo del Siglo XXI y el Grupo de Puebla no ha cejado en millonarias campañas contra Diana Salazar. Pero ella no se ha detenido.
Una madrugada, la Fiscalía allanó la casa del “contralor de lujo” Carlos Pólit (hoy juzgado en Estados Unidos) y, tiempo después, ordenaba el arresto de Pablo Celi, mientras ejercía el cargo de contralor subrogante.
En todos estos casos el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha trabajado mano a mano con ella, al igual que en los temas de Seguros, Petroecuador, Sinohydro y otros; aun así, el Ministerio Público, desbordado por el trabajo, debió formar una Fuerza de Tarea Multidisciplinaria para combatir la corrupción.
Tal como hoy, fueron tiempos recios, difíciles, pero igual ordenó la detención del asambleísta Daniel Mendoza y puso grillete al prefecto del Guayas Carlos Luis Morales y pidió el arresto domiciliario para Bucaram.
Pero ni en la Asamblea ni en las oficinas ni en las cárceles se van a detener.
El cuajo de los legisladores para decir que la apoyan y al unísono gestionar votos para exigirle comparta información de sus investigaciones reservadas, mientras hay un juicio político planteado, solo los delata en sus miedos y miserias.
Dice George Orwell, el inglés que denunció al estalinismo totalitario, que el lenguaje político está diseñado para que las mentiras suenen como verdades.
En la Asamblea dicen que apoyan el trabajo de Diana Salazar. ¿Qué cree usted?
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