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Minería: ¿hay alternativa?
Andrés Mideros

Andrés Mideros

Doctor en economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública. Decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Actualizada:

5 Jun - 10:53

De acuerdo con información del Banco Central del Ecuador, entre 2014 y 2018 el sector de minas y petróleos representó el 6% del Producto Interno Bruto (PIB). En el mismo periodo, el 52% de la Inversión Extranjera Directa (IED) estuvo destinada al sector de explotación de minas y canteras.

Estos últimos años han estado marcados por la ampliación de concesiones mineras, en particular por el potencial del país de cobre y oro, estableciendo a este sector como el de mayor perspectivas para el desarrollo de Ecuador.

Es tal la apuesta que el presidente de la República, en su Informe a la Nación el pasado 24 de mayo -frente a los procesos de consulta popular para detener la explotación minera- pidió a la Corte Constitucional “invitar al pueblo a decidir de dónde saldrán estos recursos y qué fuentes de financiamiento reemplazarán estos ingresos”.

El argumento del gobierno es la existencia de compromisos del Estado y la necesidad de atraer inversión a este sector para reactivar la economía.

Como país no hemos logrado superar el modelo económico extractivista, exportador de recursos naturales e importador de bienes de capital y de consumo final.

Esto ha marcado el proceso de desarrollo económico nacional con base en los llamados “boom” del cacao, el banano, y el petróleo. Ahora parece que la apuesta es la explotación minera.

Esta visión extractivista del crecimiento económico entra en contradicción directa con el desarrollo sostenible, ya que la explotación de recursos naturales genera pérdida de calidad energética que limita el potencial productivo (Ley de la Entropía, introducida en el análisis económico por Nicholas Georgescu-Roegen), y degradación ambiental que afecta la calidad de vida.

Los efectos perversos de la minería (ilegal) se han manifestado en el Ecuador en casos como el socavón ocurrido en Zaruma en 2017, y la crisis ambiental y social que ocurre desde hace año y medios en el sector La Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura.

Pero además la explotación de recursos naturales es generadora de desigualdad al basarse en inversiones de grandes empresas internacionales que no sólo concentran la riqueza explotada, sino que además llevan los beneficios fuera del país sin dejar transferencia de tecnología ni inversiones que transformen la estructura productiva nacional.

No es de sorprender entonces que para asegurar sus inversiones reclamen la eliminación del impuesto a la salida de divisas (ISD) y reformas laborales que abaraten la mano de obra.

Además la actividad minería genera una tensión permanente con la Constitución, que en su artículo 14 garantiza “el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, mientras en el artículo 398 establece que “toda autorización o decisión estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente”, y en el artículo 407 “prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles”.

Adicionalmente la pregunta 5 del Referéndum del 2 de abril de 2018, aprobada con el 68,62% de votos válidos, enmendó la Constitución para prohibir la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles, y centros urbanos; mientras que en la Consulta Popular del 24 de marzo de 2019 en el cantón Girón, el 86,79% de electores dijo “NO” a la actividad mineras en fuentes de agua y páramos del sistema hidrológico de Quimsacocha.

Ahora, la Corte Constitucional debe resolver un nuevo pedido de consulta popular para el caso del yacimiento Cascabel, en las provincias de Imbabura y Carchi.

Tanto la norma constitucional como los procesos de consulta democráticos manifiestan una creciente preocupación de la ciudadanía frente a los efectos ambientales de la minería, y su preferencia por la conservación del ambiente.

El desarrollo social, ambiental y económico del país no puede seguir atado a la explotación de recursos naturales, y a la entrega de estos a intereses empresariales transnacionales.

La alternativa está en ampliar nuestras capacidades para ser parte de la cuarta revolución industrial basada en la tecnología y la automatización preparándonos desde la educación básica hasta la superior para el uso, adaptación y mejora de estas tecnologías (condiciones necesarias para el cambio tecnológico planteadas por Alexander Gerschenkron).

Y enfocarnos en aprovechar nuestro potencial biológico para ser potencia desde la biotecnología y la bioeconomía, como alternativa real de desarrollo y de superación definitiva del extractivismo.

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