Incrementar el gasto o disminuir impuestos es políticamente fácil, pero hacer lo opuesto es políticamente difícil. El Gobierno de Lenin Moreno ha optado por el camino más difícil disminuir el gasto público vía eliminación del subsidio a los combustibles: gasolina extra, Ecopaís y el diésel.
También ha decidido postergar el aumento del IVA (con mucha lógica puesto que dos medidas políticamente difíciles podrían agravar la situación del país); sin embargo, es importante mencionar las posibles causas de esta histórica decisión y las posibles consecuencias de un nuevo precio en los combustibles.
En Ecuador los subsidios a los combustibles representan alrededor del 5,4% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo la tercera subvención más alta en América Latina, solo por debajo de Bolivia y Venezuela. Mientras que el déficit fiscal promedio del gobierno de 2013 a 2018 anduvo en un 5% del PIB.
Uno de los serios problemas del gobierno es la importación de derivados del petróleo, ya que estos generan un impacto casi que total en los subsidios de los combustibles (cuando sube el precio del petróleo, financiar el precio de los combustibles vía subsidios es perjudicial para el gobierno, aunque en el panorama global el país tiende a crecer, el gobierno tiende a gastar más en estas transferencias).
Entonces, es claro que el subsidio de combustible ha sido históricamente un gasto que en el largo plazo no se ha podido recuperar, ya que beneficia en una gran parte a agentes económicos que no lo necesitarían, incluyendo externalidades negativas como el contrabando.
Castillo y Gómez (2019) argumentan que los sectores con mayor participación del gasto en combustible y transporte sobre sus gastos totales son los de transporte y almacenamiento, agricultura, ganadería y pesca y en tercer lugar el sector manufacturero, por lo tanto estos sectores serían los que más se han beneficiado del subsidio a los combustibles y el que más lo utilizan en sus procesos productivos.
Sin embargo, solo en el sector de transporte y almacenamiento el gasto en combustibles representa el 5%, mientras que en el resto de sectores de la economía es menor al 2% en cada uno de ellos; sin duda, la eliminación del subsidio debería tener un efecto pequeño en cada uno de ellos, contrario a lo que mencionan otros actores.
Una de las consecuencias de eliminar el subsidio a los combustibles es sin duda el ahorro que el Gobierno pueda generar y con esto cubrir el déficit fiscal (en el mejor de los casos) otra es el proceso inflacionario que generaría debido al aumento de precios (en una situación de deflación como la vivida hace poco en el país esto es un tanto positivo), sin embargo, el proceso inflacionario que se genere en la economía no solo depende del nuevo precio de los combustibles sino del control de la especulación.
Recordemos también que con esta política de disminución de gasto, el gobierno tendrá más ingresos vía IVA ya que al no subsidiar los combustibles, estos tendrán un mayor precio y, por lo tanto, habría una mayor recaudación por su compra.
El gobierno tiene otros desafíos, en el corto plazo, como continuar con el ajuste fiscal gradual, al tiempo que se preservan las ganancias sociales y no se ahondan los recortes a la inversión pública, especialmente en infraestructura.
Ello implica que en el largo plazo se construyan instituciones fiscales sólidas y ganando espacio fiscal en los buenos tiempos para usarlo en los malos tiempos (Vegh, 2018). Finalmente, disminuir una política fiscal procíclica podría ayudar a mantener un crecimiento a largo plazo y mantener la atención social que la población pobre necesita (Erbil, 2011).
Se ha hecho lo políticamente difícil, es el momento de que los ciudadanos y las empresas se adapten no pensando en el ahora, sino por el futuro de una economía saneada y con menores distorsiones.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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