El país vive una crisis de institucionalidad. Existe desconfianza en las entidades del Estado, dada su notoria incapacidad, e incluso aparente desinterés, para atender las preocupaciones de la gente.
Según varias encuestas de opinión, la delincuencia es el problema que más preocupa a la ciudadanía, incluso por encima de la falta de empleo y de la crisis económica. El Gobierno Nacional no ha logrado controlar el avance de una delincuencia cada vez más violenta.
A julio de 2022 se contabilizan 2.500 homicidios intencionales, valor superior al que se registró a lo largo de todo 2021, que fue de 2.496 casos, según datos del Ministerio de Gobierno.
La violencia desatada en el país se relaciona con la presencia, cada vez más activa, de grupos vinculados al narcotráfico.
La debilidad institucional para enfrentar el problema llega al punto de que la Embajada de Estados Unidos retiró la visa tanto a generales de la Policía Nacional, como a jueces, por presunta vinculación con el crimen organizado.
La Contraloría General del Estado ha encontrado indicios de responsabilidad penal en los casos de dos generales en servicio pasivo y uno en servicio activo, por incrementos patrimoniales que no han podido justificar.
¿Cómo enfrentar al narcotráfico cuando este parece estar dentro de las instituciones de seguridad y justicia?
¿Qué nivel de injerencia ha logrado el narcotráfico en la política? ¿Existen políticas públicas y estrategias para evitarlo?
El Gobierno Nacional, sin pruebas, ha insinuado relaciones entre el narcotráfico y organizaciones políticas y sociales; pero guarda silencio sobre los indicios dentro de las entidades a su cargo.
Frente a las elecciones seccionales de 2023, ¿de qué manera se prevendrá y controlará que no exista financiamiento del narcotráfico para las campañas electorales?
En lo concreto, parece ser que al Gobierno Nacional no le interesa.
Otro ámbito de la debilidad institucional se ve en la presencia de funcionarios ad honorem en el Gobierno Nacional.
Son personas designadas por el Presidente, que ejercen poder y autoridad, disponen sobre recursos públicos, pero no tienen responsabilidad sobre sus actos, porque no reciben remuneración ni tienen relación formal con las entidades en las que ejercen influencia.
Se crea un nivel de decisión y coordinación gubernamental en las sombras.
Una posición de poca transparencia que se presta para actos de corrupción, como los que se le endilgan a Juan José Pons, ex consejo ad honorem del Presidente, por venta de cargos públicos; o la posible injerencia en la designación del Superintendente de Bancos por parte de Aparicio Caicedo, también consejo ad honorem.
La presencia de narcos y funcionarios ad honorem en la gestión pública, da cuenta de la debilidad de las instituciones del Estado.
Si el gobierno nacional quiere marcar un rumbo de combate a la corrupción y al narcotráfico, debe asumir la responsabilidad de los actos de corrupción que se pueden estar dando, y transparentar el ejercicio del poder público.
Lamentablemente, parece que el Gobierno apuesta por negarlo todo, y acudir a una consulta popular para permitir mayor agresividad de la fuerza pública. ¿En qué manos quedarán las armas y el uso de la fuerza?
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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