Siete de los 12 consejeros que han pasado por Carondelet no cobraban sueldo, pero eran funcionarios públicos con nombramiento. Después de una serie de polémicas, ya no queda ninguno.
Desde su llegada al poder, el presidente Guillermo Lasso fue sumando consejeros en materias específicas, según las diferentes coyunturas. Una docena de ellos ha pasado por Carondelet y siete lo hicieron 'ad honorem', es decir, sin recibir un salario.
Todos fueron nombrados en el cargo vía decreto ejecutivo y debían ceñirse al Código de Ética del Ejecutivo. Sin embargo, no trabajaban a tiempo completo para el Gobierno, ya que mantenían sus actividades profesionales privadas.
De ellos solo queda Aparicio Caicedo, director del tanque de pensamiento del movimiento Creo desde 2018, y encargado del plan de gobierno y de su ejecución.
Aparicio, sin embargo, en medio de una nueva polémica, pasó a ser nombrado consejero a secas el 5 de agosto. Ya no 'ad honorem'.
Desde entonces, han dejado los cargos 'ad honorem' otros tres consejeros presidenciales: Rafael Cuesta, Roque Sevilla y Luis Enrique Coloma.
Coloma apoyaba al Gobierno en dos áreas clave: la lucha contra la desnutrición crónica infantil y, desde el 7 de julio, el fortalecimiento del Ministerio de Salud, para superar la crisis en el área.
En este contexto, el presidente Lasso creó una Fuerza de Tarea que se encarga de la reestructuración y modernización del sistema de salud. El objetivo de esta fuerza es mejorar la atención a los usuarios y la gestión de recursos e inventarios de medicamentos.
Coloma dijo a PRIMICIAS que las consejerías 'ad honorem' se eliminaron por disposición gubernamental, una decisión tomada "hace algunas semanas". Y no como respuesta a los procesos de fiscalización en la Asamblea.
Ya que, según el exconsejero, "no ostentan la categoría de funcionarios o servidores públicos y no están sujetos a fiscalización política". Pero sí están sometidos, "como cualquier otro ciudadano, al cumplimiento de las leyes y a la observancia de las entidades y organismos de control, como la Contraloría y la Fiscalía".
Lamentablemente, las disputas políticas, más aún en un año electoral, todo lo distorsionan por atacar al Gobierno.
Luis Enrique Coloma, exconsejero presidencial ad honorem
Polémicas 'ad honorem'
El primer escándalo alrededor de un consejero 'ad honorem' ocurrió en el marco del caso Danubio, que investiga una presunta red de asociación ilícita, que involucraría a Juan José Pons. El empresario guayaquileño aconsejaba al Presidente en temas bananeros.
Aunque no fue detenido ni procesado, el domicilio de Pons, quien había renunciado unas semanas antes, fue allanado el 21 de julio.
Mientras que, menos de un mes después, el 9 de agosto, el canal Teleamazonas reveló una conversación telefónica entre Aparicio Caicedo y Raúl González, quien era parte de la terna presidencial para la Superintendencia de Bancos.
En la llamada, Caicedo reclama a González por haber participado en la última fase del proceso de selección y haber sido designado como Superintendente. Le dice que el presidente Lasso no lo quiere en el cargo, pese a haberlo puesto en su terna.
Caicedo le advierte a González que, de persistir en retener ese cargo, "vas a ver lo que pasa".
El mismo consejero presidencial confirmó la existencia de la llamada, en la que acusó a González de haber perdido la confianza presidencial al "negociar políticamente" durante el proceso.
En este contexto, la Comisión de Participación Ciudadana, controlada por el correísmo, inició un proceso de fiscalización a la vinculación jurídica de los consejeros 'ad honorem' y sus tareas, así como a las posibles erogaciones públicas en cumplimiento de funciones.
Ninguno de los consejeros en esta categoría, presentó, por ejemplo, su declaración patrimonial juramentada.
La Contraloría también pidió a la Presidencia de la República la nómina de las personas designadas a través de decretos ejecutivos como consejeros 'ad honorem' y que informe si hubo erogaciones económicas en sus funciones.
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