La política fiscal redistribuye la riqueza: cobra impuestos, establece subsidios, define transferencias y beneficios, y financia servicios públicos.
Toda reforma tributaria genera nuevas cargas a ciertos sectores y nuevos beneficios a otros. Por eso hay que evaluar con detenimiento el nivel de progresividad de la reforma.
La progresividad es el principio de justicia social básico: el que más tiene, más paga; el que más necesita, más recibe. Eso es lo que permite construir cohesión social, sentir que la sociedad es justa.
La proforma presupuestaria, por su parte, indica el uso que se dará a los recursos, los servicios e inversiones públicas, pero también incluye los subsidios y los beneficios destinados a determinados sectores.
El presupuesto expresa, más allá de los discursos, las prioridades del gobierno. Las prioridades deben ser evaluadas y juzgadas socialmente en términos de equidad, así como en su relación con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.
No es un ejercicio de cuadrar ingresos y gastos, sino de asignar recursos para promover el desarrollo nacional.
Dicho lo anterior, el proyecto de ley y la proforma presupuestaria 2022, enviadas por el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional, dan cuenta de una serie de desigualdades que deberían ser corregidas antes de su aprobación.
El proyecto de ley tiene dos elementos centrales de recaudación: eliminar el gasto tributario de Impuesto a la Renta para las personas naturales; y cobrar una contribución especial sobre patrimonios millonarios por un año a las personas naturales y por dos años a las sociedades.
La eliminación del gasto deducible pretende generar USD 781 millones anuales de recaudación adicional, que pagarían mayoritariamente personas de 'clase media' con ingresos mensuales de entre USD 2.000 y USD 8.000.
La contribución especial al patrimonio, que pagarían personas millonarias, generaría USD 728,49 millones por una sola vez.
La desigualdad es evidente: la propuesta de gobierno carga menos a quienes más tienen.
Y no solo eso, sino que además plantea generar nuevas exoneraciones del Impuesto a la Herencia, beneficiando nuevamente, en mayor medida, a las personas con patrimonios millonarios.
Adicionalmente, la propuesta de Ley busca incrementar el gasto tributario en favor de las sociedades, estableciendo nuevas reducciones en la tasa que deben pagar las empresas por Impuesto a la Renta.
El gasto tributario en sociedades contabilizó en 2020 la suma de USD 1.577. Un subsidio (exoneraciones y deducciones de Impuesto a la Renta) que beneficia a grandes empresas y a sus propietarios.
La desigualdad se incrementa: la propuesta de gobierno genera nuevos beneficios para quienes más tienen, mientras pone la carga en la 'clase media'.
¿Pretenden que la 'clase media' financie los beneficios de las empresas y de los millonarios?
Por su parte, la proforma presupuestaria presenta una reducción en el Plan Anual de Inversiones (PAI) del Ministerio de Salud Pública de USD 573,5 millones; en el PAI de universidades y escuelas politécnicas públicas el recorte es de USD 137,2 millones.
Sin embargo, el gobierno no duda en señalar en la Proforma que "de no llegar a ejecutarse [el pago] por el caso Perenco que es de alrededor de USD 470.000.000 en el presente ejercicio fiscal, se deberá considerar en el ejercicio 2022 para su efectivización".
Sin duda hay que pagar las obligaciones. Pero la misma diligencia se esperaría para movilizar recursos que garanticen el acceso a salud y educación, el pago a los jubilados, a los proveedores, a los GAD y al IESS; a quienes se les dice simplemente "no hay".
Es deber de la Asamblea Nacional corregir la Ley y la proforma para generar mayor igualdad y oportunidades para todas las personas, no solo para quienes más tienen.
Es derecho de la ciudadanía exigirlo.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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