Ecuador en la lista negra de la tortura: el costo humano de la guerra interna

Mientras muchos celebraban los goles de Ecuador ante Alemania — con razón, la gente tiene derecho a alegrarse por los pequeños triunfos que nos da este país— se difundía la noticia de que, por primera vez, Ecuador entra en el Índice Global de Tortura.

Esto significa que el país ha sido clasificado formalmente en la categoría de alto riesgo respecto a la vulneración de derechos humanos, la impunidad y el uso de la fuerza estatal.

Un país que no deja de soñar —en la cancha y fuera de ella— es hoy un territorio peligroso para quienes lo habitan.

Y así lo han demostrado varios casos recogidos en el informe: entre 2024 y abril de 2026, durante el estado de emergencia, la fiscalía registró 1.110 denuncias de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas 621 por uso excesivo de la fuerza, 369 por tortura, 57 por privación ilegal de libertad, 38 por desaparición forzada y 25 por ejecución extrajudicial, que afectaron al menos a 1.295 víctimas.

En un país que se desangra por la violencia, se entiende la necesidad de que el estado tome las medidas necesarias para combatirla pero se sigue insistiendo en una narrativa engañosa que pretende hacernos creer que una guerra permanente es la solución.

Los datos dicen lo contrario.

En una guerra permanente, la población civil empieza a tener afectaciones graves a sus derechos.

Basta regresar a ver el caso de los niños de Las Malvinas, ocurrido en diciembre de 2024 que no solamente fue devastador por la violencia del hecho si no también por el silencio estatal, roto únicamente por la obligación de cumplir un fallo judicial. Quien dio la cara en el acto obligado por la justicia fue el Comandante de la Fuerza Aérea. Ni el Presidente de la República ni los ministros del Interior o Defensa se pronunciaron nunca en solidaridad con las familias.

• ¿La República del Miedo?

Es la primera vez que Ecuador es incluido en este reporte global. Y eso debería preocuparnos. No solamente porque refleja una seria advertencia internacional sobre cómo las estrategias de seguridad interna están impactando las garantías ciudadanas si no por lo que eso significa en la vida cotidiana de todos.

¿Qué garantías tiene una persona frente a un estado en constante guerra? Por lo que dice el informe, podríamos inferir que muy pocas. Aún menos, en zonas con poco control y escrutinio público, empobrecidas o con población racializada.

No podemos acostumbrarnos a la violencia. Ni la criminal ni la estatal.

La fuerza del Estado sí tiene que ser utilizada para combatir el crimen. Precisamente porque tiene esa potestad, los estándares de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas deben exigirse constantemente.

El Estado tiene como desafío combatir al crimen sin mermar la democracia, sin abonar a la impunidad, sin destruir el tejido social, sin profundizar en un discurso simplista que habla de los buenos versus los malos.

A los gobernantes hay que exigirles soluciones integrales y efectivas. Una guerra perpetua que amenaza a la sociedad civil no es una solución a largo plazo.

Hay responsabilidades estatales que deben cumplirse a la par del enfrentamiento al crimen: ocuparse de proveer salud y educación en las zonas más abandonadas; de dotar de agua potable o vialidad mínima aquellas poblaciones. De llevar el Estado allí donde las escuelas están siendo reemplazadas por células de cooptación a niños, niñas y adolescentes.

Pero para poder hacerlo, hay que tener una política integral. Lastimosamente parece no existir. Y su inexistencia golpeará a toda una generación.

¿Cuán irónico es que muchas de nuestras glorias futboleras vengan precisamente de esos barrios empobrecidos, olvidados y llenos de carencias?

Debemos aplaudirlos en la cancha sin olvidar que llegaron no por una política estatal que los impulse a salir de la pobreza, sino a pesar de un Estado que los aplasta. Cuán diferente podría ser el futuro de muchos niños de esas zonas si el Estado asumiera la responsabilidad de convertirlos en los futuros seleccionados y de ofrecerles condiciones de vida que no los obliguen a vender sus cuerpos y sus vidas al crimen.

Se puede hacer y se debería estar haciendo.

Para que eso ocurra, el país tiene que importarle a quien gobierna. Eso implicaría tomarse en serio el hecho de que el país sea considerado un territorio de alto riesgo para la tortura y vulneración de derechos; un país en donde además, la impunidad campea.

Eso debería preocuparnos a todos.

Los datos que presenta el informe no solo advierten del peligro de que cualquier ciudadanos sea criminalizado y sus derechos violentados, si no que además, no halle justicia, pues, según el informe, solo se ha registrado una condena por tortura y no hay condenas por desaparición forzada, ejecución extrajudicial, uso excesivo de la fuerza o privación ilegal de libertad .

Lastimosamente en un contexto en el que ya se han alertado de presuntos abusos por parte de agentes estatales, un decreto presidencial que garantiza inmunidad e indultos para personal militar, policial y civil que participe en “acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado”, evidencia que el gobierno no se está tomando en serio los riesgos advertidos. O no le importan.

El problema de fondo es lo que el informe advierte no son meras estadísticas; son el reflejo de un quiebre institucional irreversible si no se corrige el rumbo de inmediato. No se puede enfrentar al crimen con impunidad decretada: eso significaría renunciar al Estado de derecho.

Y ya hay antecedentes: la historia demuestra que las guerras perpetuas empiezan devorando a los más vulnerables pero tarde o temprano nos devoran a todos.