Cuando una secretaría anticorrupción, bajo esta denominación o cualquier otra, está organizada desde el gobierno, su destino casi invariable es el fracaso. Si es el Poder Ejecutivo el que patrocina y financia una estructura de este tipo, lo más probable es que su objetivo formal, loable y justo, termine secuestrado entre los hilos del poder y la influencia política de quienes pagan los sueldos de sus funcionarios.
Nada nuevo hay en eso. Puro sentido común.
Al final del día, como buena parte del país ya lo sabe, este tipo de instituciones sirve únicamente para que los gobernantes de turno intenten darse un baño de transparencia y así presentarse ante los organismos internacionales como políticos que están interesados en combatir la corrupción en sus diferentes dimensiones.
Más allá de que los funcionarios de dichas secretarías pasen a engrosar la lista de servidores públicos que día a día le sacan recursos al país, y que bien podrían destinarse a educación o cultura, los resultados suelen ser cercanos a cero.
Pero el problema no es la construcción de espacios destinados al combate y prevención de la corrupción. El problema es quién los integra y cuál es el marco institucional que los cobija. Senegal y Madagascar son dos ejemplos interesantes que podrían servir para aprender de los éxitos relativos del primero y de los errores del segundo.
Ambos, observando su posición mundial en cuanto a corrupción en general y esencialmente en lo relativo a corrupción judicial, se ubicaban en similares espacios hasta hace un poco más de una década. Por tanto, si vemos la trayectoria de los dos países africanos desde ese punto de partida, eran similares.
Lo más interesante es que Senegal y Madagascar no sólo se parecían en su complicada ubicación en términos de corrupción sino también en variables de orden económico, cultural, de antecedentes históricos y de estructura del sistema social. Adicionalmente, ambos países arrastraban episodios de inestabilidad política.
Sin embargo, luego de algunos años Senegal redujo sus niveles de corrupción, mientras Madagascar los incrementó. ¿Qué sucedió en el medio si en ambos países se establecieron comisiones anticorrupción?
Básicamente la respuesta está en quiénes formaron parte de dichas estructuras en cada país y cuál fue la institución que supervisó la agenda de trabajo.
En Senegal se integraron a la comisión personas interesadas y sobre todo conocedoras del tema. Profesores universitarios, investigadores y actores de grupos clave de la sociedad. Los funcionarios públicos, sobre todo del Ejecutivo, tenían un rol de observadores, en ningún caso con capacidad de dirimir.
En cuanto a la cobertura institucional que posibilitó el trabajo, fueron organismos internacionales, apoyados por las Naciones Unidas, los que mantuvieron el control de la agenda.
En lo político, Senegal llegó a acuerdos básicos para mantener la estabilidad del país. En lo judicial, algunas sentencias emblemáticas fueron el “disparador” para que los jueces perciban que cambios reales se venían.
Madagascar se fue por la acera opuesta. Crearon una comisión de control de la corrupción desde el gobierno y con funcionarios dependientes del Ejecutivo. El resto de la sociedad era mero espectador de lo que ocurría mientras las luchas políticas intestinas llevaban al país a elecciones extraordinarias cada vez más frecuentes.
Aunque organismos internacionales tuvieron interés en apoyar el proceso, los actores políticos se mostraron reacios pues, al final, a muy pocos les interesaba un cambio. La justicia, bajo un escenario de incertidumbre como el anotado, se hundió aún más en el marasmo por el que ya había transitado desde hace varias décadas.
En resumen, Madagascar hizo todo lo contrario que Senegal y los resultados están a la vista. La corrupción en ese país ha crecido a lo largo de los últimos años.
Ecuador parece acercarse cada vez más a Madagascar que a Senegal. Los hechos y resultados están a la vista. Basta ver cualquier indicador internacional sobre corrupción o corrupción judicial para que esta apreciación tome mayor forma.
Nuestras secretarías anticorrupción, como ayer y como siempre, no pasan de ser un saludo a la bandera.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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