Carlos Muñiz participó, según la Fiscalía, en el proceso de compra de 7.000 kits alimenticios en el que se presume que hubo un sobreprecio del 40%.
Y la Fiscalía investiga un presunto delito de tráfico de influencias. Hasta hoy, en el proceso estaban involucrados Alexandra Ocles, exsecretaria de Gestión de Riesgos, y cuatro funcionarios de la entidad. Ahora suma uno más.
La audiencia de vinculación de Muñiz se desarrolló, la tarde del 15 de agosto de 2020, en la Corte Nacional de Justicia. La jueza Daniella Camacho estuvo a cargo de la diligencia.
La Corte Nacional de Justicia informó que durante la audiencia, Wilson Toainga, fiscal subrogante, recordó que durante el proceso de contratación de 7.000 kits de alimentos no se consideró el mejor precio y se vulneraron los reglamentos impuestos por Sistema Nacional de Contratación Pública.
Antes de la suscripción del contrato, Carlos Muñiz -funcionario de la Secretaría de Riesgos- fue el encargado de la elaboración de los términos de referencia de la contratación, informe de necesidad y de idoneidad.
Y era, según los testimonios de los otros investigados, el administrador del cuestionado contrato firmado con Fulton Camacho.
Por eso, Toainga pidió la vinculación de Muñiz en condición de coautor del delito de tráfico de influencias. Y, por tratarse de un delito que no puede juzgarse en ausencia, pidió a Camacho la prisión preventiva del investigado para, según informó la Corte, "garantizar el fin del proceso penal y la presencia del procesado al juicio".
La jueza Camacho, sin embargo, no aceptó la prisión preventiva, sino que Muñiz deberá presentarse todos los lunes a partir del 17 agosto de 2020 en la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
También ordenó:
- Prohibición de salida del país.
- Retener fondos existentes en todas las entidades bancarias por USD 5.000
- Prohibición de enajenar bienes por USD 475.000.
En este caso, la instrucción fiscal concluirá el 15 de septiembre de 2020.
El caso
La investigación por el presunto delito de tráfico de influencias empezó el 12 de mayo de 2020, tras una publicación de PRIMICIAS en la que se denunció el presunto sobreprecio de los kits alimenticios, adquiridos en USD 150 cada uno.
El 1 de abril de 2020, la Secretaría de Gestión de Riesgos -dirigida entonces por Alexandra Ocles- firmó un contrato para la compra y distribución de 7.000 kits de alimentos por un monto de USD 1.055.740 más IVA.
Cada canasta contenía 18 productos que, en el mercado minorista, tienen un costo aproximado de USD 86. Sin embargo, Riesgos pagó USD 150,82 por cada kit.
Ocles explicó entonces, mediante un oficio, que el kit contenía en realidad 19 productos, pues los bienes se entregan en un contenedor plástico impermeable y reusable. Y aseguró que la diferencia entre el costo unitario y el contratado por Riesgos obedecía al costo del empaque y la distribución de los kits. Pese a ello suspendió la ejecución del contrato hasta aclarar la adquisición.
Ella renunció el 11 de mayo a su cargo.
Pero, sus explicaciones no convencieron tampoco a la Contraloría que un día después, el 12 de mayo, confirmó la existencia de un 40% de sobreprecio en el contrato. La entidad de control envió un informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía.
Esa entidad, ese mismo día, solicitó fecha para la audiencia de formulación de cargos en contra de la extitular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), Alexandra Ocles, y otros cuatro funcionarios de la entidad, por el presunto delito de tráfico de influencias.
La audiencia se realizó el 18 de mayo. Desde ese día, Ocles tiene prohibición de salida del país y debe presentarse periódicamente ante la autoridad competente.
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