Cristopher Velasco, especialista en gestión de riesgos, explica que el desorden normativo, institucional, político y administrativo impiden que el Estado y la ciudadanía puedan plantear soluciones y acciones frente a posibles riesgos.
El deslizamiento en Alausí es la muestra más reciente de los problemas que enfrenta Ecuador por una inadecuada mitigación y gestión de riesgos. Uno de los principales problemas es la ubicación de asentamientos humanos en zonas inadecuadas o no aptas para viviendas.
Pese a que los desastres antrópicos (producidos por actividades humanas) y naturales son una constante en el país, las autoridades de ningún gobierno han brindado estabilidad al sistema nacional de gestión de riesgos y la Secretaría del área ha sufrido constantes transformaciones.
En 14 años, desde la creación de la Constitución de Montecristi, tampoco se ha tramitado una ley específica que regule la materia. Y las reformas coyunturales en la Asamblea no han fortalecido la prevención y mitigación.
Cristopher Velasco, de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, habló con PRIMICIAS sobre las responsabilidades compartidas entre las diferentes autoridades y, en parte, también por la población.
Cristopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, en la Comisión de Seguridad Integral el 13 de octubre de 2023. Asamblea
Una vez sucedido el desastre de Alausí, ¿qué se puede analizar al respecto?
Lo primero es entender, desde los diferentes sectores y, principalmente, desde el Estado, que los desastres no son naturales, son una construcción social y pasan por la omisión o la acción de los diferentes actores.
Si seguimos construyendo más vulnerabilidad cerca a zonas que tienen, una falla geológica o son susceptibles de deslizamiento, o cerca de volcanes o muy próximos al perfil costero, estamos creando escenarios propicios para que estos desastres se materialicen.
En esta tragedia hay que reconocer que el trabajo bastante técnico y bien articulados de los organismos básicos de socorro, los cuerpos de bomberos, de la Cruz Roja, la Policía Nacional, los especialistas, nos inspiran a seguir pensando que es posible pasar de una acción reactiva a una preventiva.
Mientras tanto, solo queda enfrentar las tragedias.
¿Qué haces por la gente? ¿Cómo se restituye sus viviendas? ¿Cómo el Estado es eficiente y no genera demagogia al momento de ofrecer algo que no pueda entregar?
Si dices que vas a entregar 60 casas a las personas afectadas, yo pienso: ¿en cuánto tiempo?, ¿en qué terrenos?, ¿cerca de esa zona?
Si la zona sigue siendo inestable, entonces es volver a repetir los mismos errores, las mismas lecciones que no hemos aprendido desde el terremoto de 2016. Todavía tenemos familias que no han sido reubicadas, no están entregadas todas las casas.
En el país han pasado algunas cosas que son complejas y que no acabamos de entender, pero sí de lamentar permanentemente.
El problema está en el crecimiento de las zonas pobladas y los asentamientos y reasentamientos de la población. ¿Quién debe asumir esa responsabilidad?
Esa es una responsabilidad del Estado en su conjunto. Por competencia, los gobiernos autónomos descentralizados tienen que planificar en el ordenamiento de su territorio. Tienen la responsabilidad y la competencia exclusiva del uso suelo.
Entonces, en un primer momento, tendrías a los municipios. Pero ¿si a ese municipio no le asignan recursos?, ¿no actualizas el catastro?, ¿no tienes fotografías satelitales que te ayuden a tener el detalle en la cartografía?
Es difícil hacer planificación en este país.
Necesitamos mejorar tecnológicamente, necesitamos mejorar el sistema de información y utilizar los registros administrativos para hacer esa planificación en territorio.
Una responsabilidad compartida entre los gobiernos locales y el gobierno central.
El Ecuador también tiene una Superintendencia de Uso y Gestión del Suelo. Ellos tienen que mediar sobre algunos temas como el tráfico de tierras, la especulación, asentamientos en zonas del Estado y otras.
Hay una Ley de Tierras. También tenemos comunas.
Está, a la vez, la Secretaría Nacional de Planificación, que hace la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (con 17 guías).
Y hay todo un nivel de organización y político-administrativa que no logra dar respuesta a problemas que son más de ecosistémicos. Si no trabajas sobre los accidentes geográficos, como cuencas o fallas geológicas, haces un parche en una zona y generas afectaciones.
Por ejemplo, el caso del río Guayas. Si seguimos dejando que la provincia de Bolívar deforeste su vegetación y acaben con los páramos: Balsapamba (Bolívar) se va a inundar, luego Babahoyo (Los Ríos) y finalmente la desembocadura del río también (Guayaquil).
¿Quién podría poner orden medio de este caos?
Cuando no tienes claridad sobre lo que significa tener un sistema nacional descentralizado y subsidiario, como establece la Constitución, haces parches.
Los esquemas de reducción de riesgos de la Secretaría, deberían estar anclados al trabajo que hace la Superintendencia, porque la reducción del riesgo tiene que ver, en gran medida, con los temas de planificación y ordenamiento territorial.
Tienes una Secretaría de Riesgos que es la rectora de esto y sobre quien recae la responsabilidad que le da la Constitución.
Pero tienes una Secretaría que no tiene clara su institucionalidad, que ha pasado por varias transformaciones, que no tiene una norma que le permita articular orgánicamente el sistema nacional.
Si piensas que todo queda en el Comité de Operaciones de Emergencia, pasa lo que pasa. Lo seguimos activando en cada desastre, con articulaciones diversas y sin una información clara.
Al poner orden en el Ejecutivo, con la Secretaría de Riesgos, ¿también se requeriría más responsabilidad de los municipios?
¿Por qué no se les da facultades, competencias y recursos a los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Por qué no les damos una competencia exclusiva?
Porque, desde la política pública, la gestión de riesgos sigue atada a la seguridad nacional, no al desarrollo, sostenibilidad y hasta el modelo económico del país.
Si el Estado central no les da la competencia y los recursos, los municipios también hacen el mínimo esfuerzo. La mayor cantidad del presupuesto se va a gasto corriente y la poca inversión es repetitiva (parques, aceras, canchas).
Y los municipios no están cumpliendo tampoco con sus competencias exclusivas. Por eso es que muchos de los asentamientos en zonas de riesgo tienen permisos, pagan catastros, impuestos prediales, servicios públicos.
Al pensar en la expansión de las ciudades no consideramos la variable de riesgos y la climática.
Las Unidades de Gestión de Riesgos de los municipios, muchas veces de un solo funcionario, no tienen vinculados profesionales en la materia. Esto complica la capacidad técnica para poder transversalizar el tema de riesgos o, peor, el cambio climático en términos de planificación.
¿Existiría también un nivel de corresponsabilidad de la población que se asienta en las zonas de riesgo?
Hay un problema cuando tienes más pobreza, más desempleo, menos oportunidades de desarrollarte humanamente. Entonces, la gente migra del campo a la ciudad, de las ciudades y del campo hacia otros países.
Esto, que no se sensibiliza y parecería solo una estadística macroeconómica, configura dinámicas de asentamientos que siguen respondiendo a los mismos traficantes de tierra, a las mismas lógicas de poder, a ocupar espacios que son más peligrosos.
Esto responde a una problemática social que es real, el riesgo y la pobreza tienen una relación directa.
El riesgo y la pobreza, en esa relación directa, necesitan tener una respuesta mucho más integral, que no pasa solamente por culpar a la ciudadanía.
Sin embargo, también tenemos una corresponsabilidad como ciudadanos, porque la jugamos a la del 'más vivo'. Si me autorizas una vivienda con un tipo de materiales y la haces de otra forma. O haces el tercer piso donde no se puede o construyes y luego legalizas.
La solución está en cómo llegamos a la gente con un mejor nivel de comunicación e información, que no acabe siendo "la mochila de emergencia" y "el plan familiar de emergencia".
¿Cómo se puede organizar las respuestas para todos estos problemas?
La ausencia de una ley orgánica de gestión de riesgos es, más allá de una deuda pendiente, lo que no ha permitido que el Estado se organice. La Asamblea Nacional tiene una responsabilidad, porque no lo prioriza en la agenda legislativa.
Si no le das atribuciones a la instancia rectora para disponer, controlar, manejar a los municipios, es más difícil. Por ahora solo puede exhortar, no puede establecer una disposición de cumplimiento obligatorio, porque no hay una ley orgánica.
Pero la ley no lo soluciona todo. Por ejemplo, el proyecto de ley no incluye el cambio climático.
Y hay otros temas. Si la Contraloría no actualiza sus reglamentos para el uso de bienes públicos en casos de emergencia o prevención de desastres, los funcionarios tienen miedo de firmar.
A esto se suma el tema de que cuando se declaran emergencias la corrupción pandea.
Todos estos problemas que no se resuelven en una sola norma deberían analizarse de manera integral por el Estado.
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