"Alianza PAIS es un cadáver político": Pabel Muñoz

Dos años después de la posesión de Lenín Moreno como presidente, los seguidores de Rafael Correa se sienten desplazados de la política. A pesar de ello, trabajan con la mira puesta en las elecciones presidenciales del 2021, en donde competirán con Fuerza Compromiso Social, la única opción que les quedó para seguir en la contienda política.

Pabel Muñoz, asambleísta por Revolución Ciudadana y quien fue titular de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) en el Gobierno de Correa, asegura que en los dos primeros años la Asamblea no se dedicó a legislar.

“Perdimos ya dos años porque tuvimos una Asamblea del exhorto, del cambio del orden del día, y no una que se dedique a trabajar en las cosas que le interesan a la gente”, señala Muñoz.

Para iniciar la segunda mitad del período legislativo, Alianza País debió recurrir a Creo y a las minorías para quedarse con la presidencia de la Asamblea. Con ese acuerdo, los legisladores de Revolución Ciudadana quedaron relegados a comisiones poco relevantes. Pero son 32 legisladores, y ellos prevén oponerse a las medidas económicas y reformas laborales que el Gobierno anunciará en las próximas semanas.

El camino hacia las presidenciales de 2021

El expresidente Rafael Correa anunció que podría lanzarse como candidato a la vicepresidencia o a la Asamblea Nacional. Lo haría con el partido Fuerza Compromiso Social, con el que los correístas ya participaron en las elecciones seccionales de 2019.

Muñoz asegura que aún deben analizar el panorama político, plantear entonces un programa de Gobierno y luego definir los candidatos.

El nombre de Correa sigue siendo una opción para el movimiento, porque la gente quiere seguir viendo a esa figura en la política, según Muñoz. “Por más que nosotros e incluso el mismo Rafael Correa estemos en contra de un enfoque personalista, la gente ha reconocido (en él) un liderazgo”.

Muñoz asegura que tienen “muchos” cuadros para presentar como candidatos a la Asamblea en 2021. Es un “dilema” que plantea la ciudadanía para combinar nuevos liderazgos, con liderazgos ya consolidados y propuestas programáticas.

Por ahora, los seguidores de Correa continuarán en Fuerza Compromiso Social, en vista de que no lograron, en dos intentos, inscribir su partido. Esta organización política fue creada por Iván Espinel, actualmente investigado por lavado de activos.

Para Muñoz, fue una “persecución política” la que no les permitió inscribir a Revolución Ciudadana ni a Revolución Alfarista.

Lo que Fuerza Compromiso Social espera es que puedan ampliar su alcance en la izquierda, para que de esa manera acercarse al electorado. Es una opción válida, según Muñoz, dados los malos resultados que gobiernos de derecha han obtenido en países como Argentina y Brasil.

Pero en la izquierda tendrán que enfrentarse a Alianza PAIS, el movimiento que abandonaron y que también espera reestructurarse para las próximas elecciones. La votación que obtuvo Fuerza Compromiso Social en las seccionales pasadas les aseguraría, a criterio de Muñoz, que la gente los reconoce como una opción válida.

Sin embargo, “Alianza PAIS es un cadáver político” para el asambleísta, porque no tiene la fuerza ni la capacidad organizativa que en Fuerza Compromiso Social logró en las elecciones seccionales. En esos comicios, el correísmo consiguió las prefecturas de Pichincha y Manabí, y se consolidó como la segunda fuerza política en Ecuador.

El ‘lawfare’ y el Instituto de Pensamiento Político

Rafael Correa y sus allegados denuncian una persecución por la vía judicial para sacarlos de la contienda política. "Esta es una estrategia regional", agrega Muñoz, que se ha replicado desde Argentina y Brasil, conocida como ‘lawfare’.

En Ecuador, dice, se lleva a través de los organismos de control y a esto aduce que los 32 asambleístas de Revolución Ciudadana sumen alrededor de 200 exámenes especiales de Contraloría.

Una de las instituciones que ha impulsado la idea del ‘lawfare’ es el Instituto de Pensamiento Político, una fundación cuyo presidente es Correa. Iván Granda, secretario Anticorrupción, acusó a esta entidad de recibir financiamiento del gobierno de Venezuela.

Muñoz fungió como director ejecutivo de esa fundación. Señala que su financiamiento es lícito y que trabajan en consultorías sobre diferentes temas, y en la coordinación de las conferencias y charlas que brinda Correa.