La amenaza de un juicio político persigue a los presidentes de la región

En el caso de Ecuador y Chile el argumento es una presunta evasión fiscal, mientras que en Brasil y Argentina es el manejo de la pandemia.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, encabeza la lista de mandatarios latinoamericanos que están en la mira de la oposición para ir a juicio político. Tras casi 22 horas de debates en la Cámara de Diputados, la acusación fue aprobada con el mínimo de 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones.

El argumento son las eventuales irregularidades en la compraventa de una minera en las Islas Vírgenes Británicas, revelado por los denominados ‘Pandora Papers’. Ahora el proceso pasará al Senado, donde se requiere el voto de dos tercios de sus 43 miembros.

Algo similar sucede con el presidente Guillermo Lasso en Ecuador. La misma investigación periodística le abrió un camino a la oposición para plantear una solicitud de juicio político en contra del Mandatario.

Los cuestionamientos esgrimidos por el correísmo tuvieron el apoyo suficiente en la Comisión de Garantías Constitucionales para aprobar un cuestionado informe de mayoría. Ahí acusan al presidente Lasso de tener “vinculación directa” con paraísos fiscales.

El informe intenta abrir la puerta a un proceso de destitución por “conmoción interna” y recomienda al Pleno llamar al Jefe de Estado para que comparezca. Sin embargo, la iniciativa no es popular, el Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática (ID) adelantaron su rechazo a la propuesta.

Entre ambos partidos y el oficialismo suman 54 votos, sin contar los independientes y legisladores de Pachakutik que rechazarían también el juicio político, lo que hace que el correísmo no tenga los 90 votos necesarios para una posible destitución.

En el caso de Brasil también hay un informe de la Comisión de Investigación Parlamentaria del Senado que busca identificar y castigar a los culpables de facilitar la expansión del Covid-19, aprobado el 26 de octubre, que puede habilitar su enjuiciamiento político.

Entre las infracciones cometidas por el presidente Jair Bolsonaro, según los senadores, están la incitación o apología del crimen y propagar una epidemia. La más grave es la acusación de crimen contra la humanidad, un delito que no prescribe, por retrasar la compra de vacunas y medicamentos, mientras minimizaba la gravedad del coronavirus.

En un principio, los senadores se plantearon acusarlo de genocidio y homicidio masivo, pero el temor a que las distintas interpretaciones jurídicas obstruyeran una posible condena hizo que retiraran esas imputaciones.

El manejo de la pandemia también puede causar dolores de cabeza al presidente argentino, Alberto Fernández. Además, pesan sobre él las acusaciones de haber desacatado las restricciones sanitarias.

En agosto, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, el principal frente opositor, presentó en la Cámara Baja un proyecto de resolución para promover un juicio político contra el Mandatario por presunto mal desempeño y por la eventual comisión del delito de incumplimiento de sus deberes en el cargo.

Y, a finales de octubre, el partido Avanza Libertad volvió a criticar el manejo de la pandemia por parte del gobierno argentino y acusó a Fernández de descuidar la vida de los argentinos. Pero esa propuesta espera un cambio de fuerzas políticas en las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Más allá de la pandemia y los ‘Pandora Papers’, al presidente de Paraguay, Mario Abdo, lo investigan por la presunta reducción del precio de la energía que el país vende a Brasil. Y los diputados de oposición esperan una confirmación para iniciar un proceso de juicio político en su contra.

Según los opositores del gobierno, el Mandatario permitió que exista un perjuicio para el país valorado en unos USD 168 millones solo para 2022.

Los que ‘esquivaron’ un juicio político

A inicios de 2021, la oposición salvadoreña intentó iniciar un juicio político en contra del presidente Nayib Bukele. Y tenían dos argumentos a la vista: la ocupación militar de la Asamblea legislativa o su presunta inhabilitación para gobernar por incapacidad mental.

Aunque tenían mayoría en el Congreso, las elecciones legislativas de medio término llegaron antes y el oficialismo obtuvo una mayoría absoluta de 56 diputados. Por eso Bukele ya no corre el riesgo de que se retome una iniciativa de enjuiciamiento.

Mientras tanto, en México, la Cámara de Diputados aprobó a inicios de septiembre la nueva Ley Federal de Juicio Político, que endureció las exigencias para un eventual enjuiciamiento político al Presidente de la República.

Sin embargo, a finales de ese mismo mes, el Frente Nacional Anti AMLO, ratificó en la Cámara la denuncia de juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por el presunto mal manejo de la pandemia, de la estrategia de seguridad contra la violencia y la delincuencia, así como el desabastecimiento de medicamentos para niños con cáncer.

Pero, a la vez, el presidente mexicano enfrenta un proceso de revocatoria de mandato, que podría llevarse a las urnas en marzo. Y el mismo López Obrador prometió que renunciaría si pierde esa votación.