La Izquierda Democrática y el PSC adelantan su rechazo al informe sobre los ‘Pandora Papers’, que habla de una posible destitución del presidente Guillermo Lasso por presuntos incumplimientos. Pachakutik nuevamente muestra divisiones.
Las conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los ‘Pandora Papers’ movieron las fichas en la Asamblea. La redacción del texto, que encaminaría a la destitución del presidente Guillermo Lasso, ha generado más críticas que felicitaciones dentro del mismo Legislativo.
En el centro del asunto está los señalamientos del informe al artículo 130 de la Constitución, que es el establece el proceso de destitución del Presidente. Este artículo le da la potestad a la Asamblea de remover al Primer Mandatario, en un proceso de muerte cruzada que terminaría en nuevas elecciones presidenciales y legislativas.
La causal que el informe menciona, sin mayor detalle, es el numeral 2 del artículo 130: “grave crisis política y conmoción interna”. El documento aprobado no señala específicamente si hay o no esta crisis y conmoción; aunque sí menciona que “la posibilidad” de que Lasso haya irrespetado la prohibición de tener bienes en paraísos fiscales “configura un escenario de conmoción social”.
En medio de una compleja redacción, el informe textualmente dice que hay un “incumplimiento constitucional” al numeral 2 del artículo 130; a pesar de que ese artículo no establece requisitos o prohibiciones.
Lo que dice el 130 de la Constitución es que la destitución del presidente puede concretarse cuando haya una “grave crisis política y conmoción interna”. El procedimiento está marcado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y no contempla la posibilidad de iniciarlo por recomendación de una comisión permanente, como lo es Garantías Constitucionales.
La Ley establece que, para iniciar el proceso de destitución, debe haber una petición respaldada con las firmas de al menos 46 legisladores.
La “grave crisis política y conmoción interna”
Aunque el informe de la Comisión de Garantías no establece en dónde está la “grave crisis política y conmoción interna”, la Corte Constitucional sí ha establecido claramente cuándo se cumpliría esta causal.
La definición de la “conmoción interna” se dio en el marco del control de los estados de excepción que hace esa Corte. Justamente la conmoción interna es también una causal para que el Presidente pueda decretar un estado de excepción.
La Corte dice, en un dictamen, que la conmoción interna implica “la real concurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atenten gravemente la estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía“. Además establece que estos hechos deberían generar una “considerable alarma social” y ser reportados por los medios de comunicación.
Fernando Cabascango (Pachakutik), presidente de Garantías Constitucionales, aseguró en una entrevista que justamente la declaratoria de estado de excepción por parte de Lasso por la inseguridad habla de conmoción interna. “Esto no es un tema que sale de la Comisión”, aseguró.
La posible destitución genera rechazo
El informe de Garantías Constitucionales sobre los ‘Pandora Papers’ generó de inmediato la reacción de la bancada oficialista BAN. En rueda de prensa este 8 de noviembre de 2021, los legisladores reforzaron la tesis del Gobierno de un proceso de desestabilización.
Juan Fernando Flores, coordinador de la BAN, aseguró que cuentan con el respaldo del PSC y la Izquierda Democrática para rechazar el informe; ambas bancadas no tienen miembros en Garantías Constitucionales.
Con Pachakutik, la relación es más compleja. Flores aseguró que tendrían el apoyo de “la mayoría” de Pachakutik, a pesar de que tres de sus cuatro legisladores en Garantías Constitucionales votaron a favor de la aprobación del informe, junto con el correísmo.
Uno de los asambleístas que votó a favor fue Edgar Quezada, quien sin embargo, reconsideró su voto. En declaraciones a la prensa, aseguró que Pachakutik había acordado que el tema de la “conmoción interna” pase a análisis del Pleno y no vaya en el informe.
En este escenario, una destitución de Lasso tiene poco futuro. La Constitución establece que para concretarse la destitución, el Pleno necesitaría al menos 90 votos, correspondientes a las dos terceras partes de la Asamblea.
Los votos de la BAN, el PSC y la ID suman 54; y a ellos se les sumaría al menos parte de los independientes, como Fernando Villavicencio, y parte de Pachakutik. El correísmo solo tiene 47 votos, que les alcanzarían para llamar a Lasso al Pleno, pero no para removerlo.
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