El correísmo negocia en la Asamblea el trámite de amnistías para sus miembros procesados penalmente. Mientras que la Conaie espera una respuesta del Gobierno sobre las peticiones de indulto para líderes indígenas.
La liberación de los “presos políticos” está en el centro de las negociaciones políticas tanto en la Presidencia como en la Asamblea. En ambas funciones del Estado se analiza la posibilidad de pedir la libertad de figuras clave, en medio de los diálogos y consensos que se impulsan.
De un lado están las amnistías, que se tramitan en la Asamblea, y del otro, los indultos, en el Ejecutivo. Ambos mecanismos, sin embargo, tendrían un mismo efecto: librar de causas penales a una lista de personas señaladas como “presos políticos”.
Y aunque la Asamblea es el principal escenario de negociación, la Presidencia en los últimos días aceptó el pedido de la Conaie y comenzó el análisis de posibles indultos. Pero tienen trámites distintos, que pueden también terminar con resultados distintos.
La Asamblea, el espacio para el correísmo
La Asamblea puede otorgar “amnistías por delitos políticos”, según la Constitución. Para ello, se debe presentar una petición, que como primero punto debe ser calificada por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL). Después, el trámite pasa a la Comisión de Garantías Constitucionales, que tiene 30 días para analizar el tema y realizar un informe que recomiende al Pleno la procedencia o no de la amnistía.
Con esta base, organizaciones sociales cercanas al correísmo presentaron dos peticiones de amnistía a personas procesadas por rebelión y por otros delitos supuestamente políticos. Entre ellos están la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el parlamentario andino Virgilio Hernández, y el exasambleísta Yofre Poma.
Ambas peticiones ya pasaron la calificación del CAL el pasado 23 de septiembre.
A esto se le suma la petición de la Conaie, la Ecuarunari y Pachakutik de amnistía para 260 personas relacionadas al paro nacional de octubre de 2019. En este grupo están Leonidas Iza y Jaime Vargas.
“El tema de las amnistías es parte de la agenda legislativa, y vamos a darle el trámite respectivo”, aseguró la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, el pasado 27 de septiembre.
En la Comisión de Garantías Constitucionales, tanto Pachakutik como UNES tienen las de ganar. Esta comisión, que también será la que investigará los ‘Pandora Papers’, está integrada por cuatro miembros de Pachakutik, tres de UNES, uno del PSC y uno de la oficialista BAN.
Y de concretarse las amnistías, se podría también confirmar una alianza entre el correísmo y Pachakutik, que ya actuaron en conjunto para la investigación al presidente Guillermo Lasso por sus supuestas empresas en paraísos fiscales.
La Conaie juega a dos bandos
Además del trámite en la Asamblea, en su diálogo con Lasso la Conaie también avocó por la liberación de los “presos políticos”. De hecho, este fue uno de los puntos destacados por el Presidente en los que hubo consensos: “hemos sido flexibles al comprender el pedido”, dijo.
Pero el tema que ha generado polémica días después de la reunión es que, para que haya el indulto, debe haber también una sentencia ejecutoriada.
La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, aseguró el pasado 6 de octubre que no ha revisado aún cada uno de los pedidos y que “dentro de esos casos debe haber estadios diferentes” en los procesos penales. Vela añadió que, a su criterio, la calificación de “presos políticos” no es adecuada.
“No hay en Ecuador presos políticos. Lo que hay es personas sometidas a procesos penales por eventos de carácter delictivo que se desarrollaron en octubre de 2019”
Alexandra Vela, ministra de Gobierno
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