La Asamblea decidió que la Comisión de Garantías Constitucionales, donde el correísmo y Pachakutik son mayoría, investigue esta filtración. La ID, en cambio, proponía una comisión ocasional multipartidista.
*Nota actualizada a las 12:15 de este sábado 9 de octubre de 2021 con comunicado de la Izquierda Democrática.
La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se vuelve cada vez más tensa. A los problemas por la proforma presupuestaria y la polémica alrededor de la Ley de Creación de Oportunidades, se le suman los ‘Pandora Papers’.
La investigación periodística internacional reveló que el presidente Guillermo Lasso estaría relacionado con 14 firmas en Panamá, Estados Unidos y Canadá, de las cuales 10 ya están inactivas.
La respuesta de Lasso fue que sí cumplió con la prohibición para las autoridades de elección popular de no tener recursos en paraísos fiscales. Pero más allá de la respuesta de Lasso, la oposición en la Asamblea no deja pasar la oportunidad para fustigar al Ejecutivo.
Lasso intentó adelantarse
En un intento de adelantarse a la oposición, el Presidente pidió a la Comisión de Fiscalización que investigue los ‘Pandora Papers’. Esta mesa legislativa, entonces, decidió comenzar la investigación de este caso.
Pero esto generó críticas desde la misma Asamblea, pues el titular de Fiscalización, Fernando Villavicencio, acumula críticas en Pachakutik por sus cuestionamientos a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.
A esto se le suma la cercanía de Villavicencio y Lasso: aunque Villavicencio llegó a la Asamblea en mayo con el movimiento Concertación, antes militó en Compromiso Ecuador, la plataforma de Lasso para las elecciones de 2017. Incluso fue inscrito como candidato a asambleísta por Creo en 2017, pero no logró postularse porque estaba afiliado a Pachakutik.
Frente a esto, tanto Pachakutik como la bancada correísta UNES impulsaron el abrir una nueva investigación. En la actual Asamblea ya se ha visto que distintas comisiones trabajan sobre un mismo tema, de acuerdo a la coyuntura que se presente.
Pachakutik anunció en días anteriores que pediría la conformación de una comisión ocasional multipartidista, para la investigación de los ‘Pandora Papers’ en la sesión del Pleno del 7 de octubre de 2021.
La propuesta no logró los votos suficientes ni siquiera para ser incluida en el orden del día, pues toda la bancada correísta votó a favor de la abstención.
La que sí tuvo apoyo fue la propuesta de Ronny Aleaga (UNES) para que sea la Comisión de Garantías Constitucionales la que analice las filtraciones. La moción fue aprobada con 105 votos de UNES, Pachakutik, PSC y parte de la ID.
La mesa de Garantías Constitucionales está integrada por cuatro legisladores de Pachakutik, tres de UNES, uno del PSC y apenas uno de la oficialista BAN (Virgilio Saquicela, que no milita en Creo).
ID quería comisión ocasional
Pero la Izquierda Democrática (ID) quería que sea una comisión ocasional la que investigue el patrimonio del presidente Guillermo Lasso.
“La moción presentada por el asambleísta Xavier Santos, proponía la conformación de una Comisión Especializada Ocasional integrada por representantes de todas las bancadas legislativas, con el objetivo de que se investigue con objetividad”, señala un comunicado de la ID.
Una comisión ocasional, a diferencia de las permanentes, tiene carácter transitorio. La conforma el Pleno con una misión específica que luego de cumplida se disuelve de manera automática.
La moción no contó con el respaldo de la mayoría de los legisladores, que se decantaron por la propuesta de que sea la Comisión de Garantías Constitucionales la que investigue los ‘Pandora papers’.
Un problema en el momento menos oportuno
El presidente Lasso tenía ya entre manos varios conflictos políticos y sociales cuando llegó la publicación de los ‘Pandora Papers’, que involucra sus negocios previos y los recursos que gestionó fuera del país, a través de ‘offshores’.
El Ejecutivo lleva meses enfrentando una heredada crisis carcelaria, que ha resultado en la masacre más grande de la historia nacional y de las más violentas de la región. La última, en la Penitenciaría del Litoral, obligó al gobierno a apurar su plan de acción y definir líneas de trabajo.
Y a la par, ese mismo 30 de septiembre, la Asamblea Nacional rechazó su proyecto de ley económica urgente. Esto después de al menos otros tres desencuentros, incluida la devolución de la preforma presupuestaria, que tampoco convenció a los legisladores.
En el complejo escenario que rodea al Ejecutivo da algo de alivio las reuniones con el sector del transporte, que se acercan a su fin, para la definición de la focalización del subsidio a los combustibles.
Sin embargo, el movimiento indígena y las organizaciones sociales del Frente Popular reclaman por un congelamiento de los precios de la gasolina hasta llegar a una solución, que incluya sus demandas.
Tras una reunión sin resultados con la Conaie, el país conocerá las resoluciones de la organización indígena la próxima semana. Pero, según su dirigencia, se acogerán al derecho a la resistencia. Solo deben definir el camino para hacerlo.
En este contexto, el presidente Lasso y su equipo de gobierno ha intentado contrarrestar las reacciones políticas y efectos en la opinión pública que provocó la investigación periodística que lo menciona.
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