Andrade: Nos opondremos a la privatización de la seguridad social

La lista de asambleístas nacionales de la Izquierda Democrática está encabezada por Wilma Andrade. La primera presidenta nacional del partido político se encargó además de la refundación de la lista 12 y el proceso de su reinscripción.

La lista planteada por la Izquierda Democrática para asambleístas nacionales está encabezada por Wilma Andrade, quien además es legisladora en el actual periodo y fue dos veces presidenta de la organización política.

En entrevista con PRIMICIAS, la líder de la refundación del partido naranja cuenta cuáles son los principales aspectos que propone la lista 12 para su trabajo en el Legislativo, en caso de que obtengan curules el próximo 7 de febrero.

¿Cuáles son las tres principales propuestas legislativas de la ID?

Primero, todas las propuestas legislativas que plantee en el periodo anterior las he cumplido. Ahora estamos enfocados en propuestas de reactivación económica, un impulso al sector agropecuario con una reforma integral a la Ley de Desarrollo Agropecuario, trabajada con los actores.

Una reforma a la Ley de Telecomunicaciones porque el problema más grave que tiene el país es de conectividad. Es un proyecto de internet educativo gratuito, que se puede hacer a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), pero también a través de ley para que las operadoras de celulares privadas tengan la obligación de abrir estas plataformas, como parte de los proyectos de responsabilidad social.

Otro proyecto importante para las pequeñas y medianas empresas que no tienen liquidez, generalmente, contratan servicios y productos a empresas públicas y no les pagan sus facturas. Vamos a una reforma de la Ley de Emprendimientos y la Ley de Economía Popular y Solidaria, para que estas facturas tengan la obligación de cancelarse máximo a los 30 días, después correrán intereses y sanciones administrativas y penales, si fuera el caso.

También hay varios temas sociales, como seguir luchando por la despenalización del aborto en casos de violación, que ha sido una lucha que se quedó inconclusa y amerita volver a impulsarla.

¿Cómo ven las reformas pendientes como la tributaria, laboral y de seguridad social?

Algo fundamental es la indispensable reforma a la Ley de Seguridad Social, para que tenga un manejo técnico, despolitizado, para que el representante del Ejecutivo no pueda ser el que maneje y administre el IESS y el BIESS. Para que sea una administración absolutamente técnica.

Pero, nos opondremos a la privatización de la seguridad social. Ya hay un ejemplo de lo que ocurrió en Chile, donde se privatizó y las jubilaciones en promedio van de USD 180 a 200. Aunque tampoco queremos lo que ahora está ocurriendo con la corrupción y el despilfarro.

Pero, hay temas que de ninguna manera los podremos aceptar, como que se suba el IVA, porque es recesivo y genera muchos problemas de movilidad de los recursos y desestimula el consumo. Estamos proponiendo un plan de IVA cero para el sector turístico y una rebaja del IVA en el sector agropecuario.

¿Cómo recuperarán la imagen debilitada del Legislativo?

Es muy difícil y complejo. Y, por obvias razones, se tiende a la generalización, y ahí pagamos justos por pecadores. Y a quienes nos tocó en mala suerte ser parte de esta Asamblea aunque hayamos trabajado en cosas beneficiosas, como 56 leyes y procesos de fiscalización importantes, que van desde destituciones a cuatro asambleístas, al excontralor, al exfiscal, a todo ese sistema que estaba en el correísmo.

Pero, lo que va a mejorar la imagen será cuando el acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo se haga de manera transparente, que a estos compromisos que se pretenden plantear y asumir se revisen a través de la prensa, veedurías y la Comisión Anticorrupción. Solo así se evitará el chantaje y la compra de conciencias.

Y, aunque el derecho a la presunción de inocencia es un derecho constitucional importante, hay que mirar como podemos hacer cambios para garantizar que aquellas personas que están investigados por indicios de delitos contra la administración pública no puedan ejercer el cargo de asambleístas porque eso va socavando una institución fundamental.

La fiscalización no ha sido eficiente ni oportuna ¿qué propuestas tienen?

Aunque lo impulsamos en este periodo y no lo logramos, seguimos creyendo que la Ley de la Función Legislativa tiene que modificarse.

Además de que ya estén establecidos los plazos para que no se pueda detener los juicios en un escritorio o en la Secretaría, para que el funcionario tenga que someterse a la fiscalización sin tener la fácil opción de renunciar y que ya no quede un escarmiento.

Algunos procesos se han dado con agilidad en este periodo, pero en otros hemos visto el interés del oficialismo y el gobierno para demorar los juicios políticos.

¿Cómo librarse de las sombras de corrupción que dejan muchos legisladores salientes?

Debe mantenerse la investigación, no puede paralizarse. Ahora mismo, de la Asamblea anterior hay 35 investigados, todos de Alianza PAIS, y esta vez los 25 restantes también investigados son prioritariamente de Alianza PAIS.

Entonces pasa también porque hay una corresponsabilidad con los partidos políticos de proponer a personas que garanticen una trayectoria, una idoneidad, que hayan pasado por procesos de formación política, para que sepan corresponder a esa confianza. Pero también de los electores que muchas veces se dejan de llevar o conducir del gran elector, que voten 'todo todito' por personas que no debían llegar a la Asamblea Nacional.

En un momento el presidente de la Asamblea Nacional los unió y dijo que son 60, pero da igual que sean 10, 5 o 1. A esos asambleístas que son investigados la Fiscalía tiene que darles prioridad, porque son autoridades y eso mancha a toda la institucionalidad. Para que, como cualquier ciudadano, tengan que defenderse sin la investidura que les da una votación popular.

Si la ID consigue una bancada ¿brindarán 100 días de 'cortesía' al Gobierno que gane?

Nosotros somos un partido muy serio y nos caracterizamos por tomar decisiones colectivas. Cuando empezó el gobierno de Lenín Moreno nos declaramos una independencia crítica y le presentamos una propuesta, entregada en sus manos, que no la supo aquilatar.

Y en la Asamblea hemos dicho nuestra posición mucho antes de que se designen autoridades o se aprueben las leyes. Tuvimos el caso de elegir dos vicepresidentes y comenzó el juego en la Asamblea y la Ministra de Gobierno estaba merodeando, buscando los votos. Pero nosotros dijimos que íbamos a votar por la primera de la lista, antes de saber los nombres, porque esa es su facultad como Presidente, escoger a quien le da la confianza. ¿Qué evitamos? Que nos vengan a pedir el voto.

Esos planteamientos se deben emular, que las posiciones de las organizaciones políticas sean abiertas y que se tomen su tiempo y analicen, pero que no esperen a ver que les ofrecen o que ventajas sacan. Y en eso tiene que ver mucho el Ejecutivo.

¿El partido capacita a sus candidatos sobre procedimiento legislativo y las funciones del parlamento?

Efectivamente. Incluso, antes de ser candidatos tienen la obligación de pasar por un curso de formación política, eso enfocado a los principios y los lineamientos que seguimos y los objetivos que tenemos como organización política, y para que conozcan de forma general el plan de gobierno.

Y con los candidatos electos tendremos procesos de formación, no solo para que vayan conociendo la práctica parlamentaria que es compleja, sino para que puedan llevar adelante sus propuestas, porque cada provincia ha presentado sus propuestas, que tienen que ser trabajadas en conjunto con los actores ciudadanos.

Y por mi experiencia en este periodo, el partido planteó de manera unánime que continúe para que pueda enlazar la experiencia y la juventud en un proceso de renovación muy grande que estamos llevando en el partido. Y llevar unos lineamientos claros, que el país todavía requiere mucho esfuerzo para lograr la justicia social.