La Corte Internacional de Justicia anunció las fechas en que escuchará a México en su querella contra el Estado ecuatoriano.
Entre el 30 de abril y el 1 de mayo de 2024, la Corte Internacional de Justicia escuchará los argumentos de México contra Ecuador, en su denuncia por el asalto a la Embajada mexicana en Quito.
El pasado 5 de abril, la policía ecuatoriana irrumpió en la sede diplomática de México, con la finalidad de capturar a Jorge Glas, acusado de varios cargos de corrupción.
En su comunicado, la Corte de Justicia, máximo tribunal de las Naciones Unidas, especifica que dedicará dos días de audiencias a escuchar los argumentos sobre las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador.
Según el cronograma previsto, el 30 de abril escuchará los argumentos orales de México, y al día siguiente, el 1 de mayo, será el turno de Ecuador.
Después, el tribunal se retirará a deliberar sobre la necesidad de esas medidas cautelares, que anunciará en cuestión de semanas, pero sin entrar aún en el contenido mismo del procedimiento, algo para lo que todavía no hay fecha de inicio.
México inició este caso argumentando la existencia de una disputa centrada en “cuestiones legales sobre la resolución de disputas internacionales por medios pacíficos y relaciones diplomáticas, y la inviolabilidad de una misión diplomática” mexicana en Quito.
Antes de entrar a deliberar en el caso, México consideró necesario emitir medidas cautelares contra Ecuador y solicitó a la CIJ exigir a Quito “tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas”.
Además, cree que la Corte debería instar al Gobierno ecuatoriano a permitir que México “despeje las instalaciones diplomáticas y la residencia privada de los agentes diplomáticos”.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró el lunes que no se arrepiente de haber ordenado ese asalto de la embajada mexicana.
Ante la condena casi unánime de la comunidad internacional por romper la inviolabilidad de una sede diplomática, Noboa admitió que “fue una decisión muy difícil de tomar”.
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