En el actual periodo legislativo, los asambleístas han planteado esos pedidos y obtenido respuestas de 302 instituciones públicas. Cuatro de ellos han hecho más de 100 peticiones y 11 no han hecho ninguna. La entidad más fiscalizada es el Ministerio de Salud.
La Asamblea Nacional tiene dos facultades primordiales: legislar y fiscalizar. En lo que va del periodo 2017-2021 los legisladores han hecho 2.651 pedidos de información a 302 instituciones públicas.
La agrupación política con mayor cantidad de pedidos, según la página web del Legislativo, es la alianza CREO-SUMA (registrada así en la Asamblea, aunque dicha alianza ya no existe), con 794 (29.95%), seguidos de Alianza PAIS, con 762 (28.74%) .
El 90% de las solicitudes han tenido respuesta. Por ejemplo, la Presidencia ha contestado cuatro de los seis pedidos registrados, la Agencia Nacional de Tránsito 27 de 36, la Contraloría 134 de 136, la Fiscalía 75 de 79 y el IESS 75 de 97.
Sin embargo, aunque la Asamblea Nacional tiene registradas las fechas de las solicitudes y de las respuestas, es difícil saber lo que sucede con todo ese flujo de información una vez que llega a los despachos de los legisladores.
La asambleísta María Mercedes Cuesta (independiente) explica que sus pedidos de información no son solo con fines de fiscalización.
Lo que requiere, dice, lo utiliza además en la preparación de leyes, argumentos y observaciones, así como para sus discursos. El objetivo de sus 113 pedidos es contar con información certera y vigilar el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones públicas.
Henry Cucalón (PSC) es uno de los que menos pedidos ha hecho. El sistema marca un pedido, pero él calcula que son dos o tres y acepta que en el periodo anterior lo hacía con más regularidad.
Ahora prefiere interpelar directamente a las autoridades a través de las comparecencias.
"Hay gente que pide mucho y no pasa nada. Esa información que se recibió debe ser para algo"
Henry Cucalón, asambleísta PSC
También recuerda que ha venido trabajando en el proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa, para que el tiempo de respuesta de las instituciones públicas baje de 15 a 10 días.
Ambos legisladores concuerdan en la importancia de las solicitudes de información, como herramientas para realizar su trabajo.
Pero cada caso depende de la calidad de la solicitud y de la respuesta. Cuesta cuenta que en algunas ocasiones ha tenido que pedir a la Presidencia del Legislativo que insista en requerir la información.
Como lo muestra la siguiente lista, cuatro asambleístas han superado los 100 pedidos de información. Sin embargo, hay 11 legisladores que no se encuentran en el sistema y otros 13 han hecho un solo pedido durante los dos primeros años de su periodo.
Según el sistema de la Asamblea, en lo que va del periodo la Presidencia ha insistido en 744 casos. Y se obtuvieron 627 respuestas.
También pasa en la Comisión de Fiscalización
El 11 de septiembre de 2017 el contralor Pablo Celi entregó documentación requerida por la Comisión de Fiscalización. Asamblea
Además, hay casos como el de la Contraloría, que entregó 43 cajas con unas 130.000 hojas certificadas por pedido de la Comisión de Fiscalización. Estas contenían información sobre las auditorías a la deuda pública, Odebretch y los sectores estratégicos.
Esto ocurrió en septiembre de 2017 y la entonces presidenta de la mesa, María José Carrión, dijo que se encargarían de la revisión. Pero hasta ahora no ha habido resultados. Aunque los nuevos integrantes de la Comisión acordaron, en junio pasado, empezar con la tarea.
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