Hoy debía instalarse la audiencia preparatoria de juicio de dos vocales del Consejo de la Judicatura que son procesados por presunto tráfico de influencias.
En una de las salas de audiencias de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el norte de Quito, la mañana del 22 de septiembre de 2023, estaba prevista la audiencia preparatoria de juicio del caso Vocales.
Sin embargo, la diligencia nuevamente se difirió por pedidos de última hora, realizados por la vocal Maribel Barreno.
En primer lugar, Barreno solicitó -a través de un escrito- que Macías se excuse de seguir participando en el caso. Sobre este pedido, el magistrado señaló que la única forma de apartarlo del proceso sería a través de una recusación, demanda que Barreno ya presentó previamente y que fue negada. Por esta razón, rechazó esta pretensión.
Además, la funcionaria presentó otra solicitud de diferimiento señalando que sus abogados no podrían asistir, ya que la una tenía una cita médica dental y el otro una audiencia señalada para el mismo día a las 14:30
Pese a ya haber presentado esta justificación, Barreno volvió a ingresar un nuevo escrito en el que anunció un cambio de abogado. Por lo que pidió un diferimiento para que su abogado conozca el expediente y pueda ejercer su defensa.
Ni ella ni su nuevo defensor asistieron ni se conectaron a la audiencia.
La fiscal Diana Salazar calificó esta acción como un nuevo intento dilatorio, ya que este fue el cuarto intento de instalación de la diligencia.
Por lo que pidió que la audiencia se instale y que, ante la ausencia de sus abogados, Barreno sea defendida por Paúl Guerrero, abogado de la Defensoría Pública. Esta postura fue apoyada por la Procuraduría General del Estado.
Ante esta situación, Macías se retiró de la sala para deliberar y dijo que en pocos minutos dará a conocer su decisión.
La decisión de Macías
Tras unos 30 minutos de deliberación, el juez Macías volvió a la sala y comunicó su decisión.
Sobre las excusas de los dos abogados anteriores por cita médica y otra audiencia, el magistrado recordó que los defensores podían haber asistido de manera telemática, ya que la diligencia fue convocada por dos vías: virtual y presencial.
Además, Macías señaló que el certificado médico presentado fue emitido por una clínica odontológica y fue firmado por un rehabilitador oral, que no tiene matrícula como profesional de salud. Tampoco el documento tiene un diagnóstico.
El juez agregó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no contempla la posibilidad de diferir este tipo de audiencias, por lo que ese pedido fue denegado.
Respecto al segundo pedido de diferimiento de Barreno, por el cambio de abogado, Macías señaló que tampoco en este caso aplica la figura de diferimiento, ya que esta no existe en el ordenamiento penal ecuatoriano.
Sobre la posibilidad de que se afecte el derecho a la defensa de Barreno, el magistrado dijo que las leyes ecuatorianas señalan que para evitar esta afectación se faculta a la Defensoría Pública para que represente a una persona procesada, cuando sus abogados no asisten a la audiencia.
También, Macías criticó que Juan Carlos Salazar, nuevo abogado de Barreno, ni siquiera se haya presentado a la audiencia para conocer cuál es la resolución sobre su pedido de diferimiento.
Ante estas consideraciones, Walter Macías dijo que, más allá de que estos pedidos busquen dilatar la audiencia, él debe garantizar que, al menos, el nuevo abogado de Barreno se presente a la audiencia. Por lo que resolvió no instalar la audiencia.
También impuso una multa de dos salarios básicos unificados a los tres abogados de Barreno en este caso, ya que no justificaron su inasistencia.
Finalmente, Macías indicó que la audiencia se realizará el miércoles 27 de septiembre de 2023 a las 08:30. En esta ocasión se instalará sin dilaciones, dijo el juez. Y adelanto que si algún abogado no asiste, la Defensoría Pública asumirá la defensa.
El caso y los diferimientos
En este caso son procesados por presunto tráfico de influencias Juan José Morillo y Maribel Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura (CJ). Así como Vladimir Jhayya, juez de la Corte Provincial de Pichincha.
Se los señala por presuntamente presionar jueces para favorecer a Guadalupe Llori, en una acción de protección con la que pretendía volver a la Presidencia de la Asamblea Nacional.
El caso está en manos del juez Walter Macías, quien ha sido separado dos veces de su cargo por la Judicatura, a través de una suspensión y una destitución. Sin embargo, ambas decisiones fueron revisadas por jueces que fallaron a su favor en acciones de protección.
Este fue el cuarto intento de instalación de esta audiencia. La primera fue el 25 de agosto y se difirió por la suspensión de Macías.
El caso recayó en Mercedes Caicedo, como jueza encargada. La magistrada la convocó para el 7 de septiembre, pero se difirió porque los abogados de Jhayya no estaban en la ciudad.
La audiencia quedó para el 11 de septiembre, pero tampoco se instaló, ya que los abogados de barreno argumentaron que hubo documentos que se incluyeron a última hora en el expediente, por lo que se estaba vulnerando el derecho a la defensa.
En esta audiencia, Macías debe decidir, con base en la acusación de la Fiscalía, si Morillo, Barreno y Jhayya van a juicio. Además, si la decisión es positiva, los investigados quedarán inhabilitados para ejercer cargo público.
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